El Gobierno español reprime duramente al activista kurdo que protestó contra Erdogan - Llamada a coordinar el apoyo
El pasado lunes 22 el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Sevilla y un ciudadano kurdo le tiró un zapato como muestra de rechazo a su política represora en el Kurdistán. Ahora Hocman Joma, que está siendo asistido por el grupo de juristas 17 de Marzo, está en la cárcel, se enfrenta a una posible expulsión del estado y le piden 12 años. El gobierno español está presionando a los jueces para que actuen contra él con una dureza absolutamente desproporcionada: quiere utilizar el sistema judicial contra el activismo kurdo para contentar a Turquía. Es necesario que los movimientos sociales reaccionen para apoyar a Joma y al pueblo kurdo desde Andalucía.
>> Declaración del Grupo de Juristas 17 de Marzo
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La jueza del caso le imputa tres delitos que técnicamente no se sostienen de ninguna manera: injurias por llamar criminal a Erdogan (que al no ser contra autoridad española exige querella del acusado!), resistencia (pese a que hay fotos que muestran que el chaval no pudo nada contra los gorilas que lo inmovilizaron) y un delito contra personalidad internacional (que es imposible). Además todos los delitos se imputan en grado de tentativa (el zapato ni siquiera le dió al tipo), de modo que está claro que jurídicamente no podrían castigarlo de manera grave.
Sin embargo, la jueza que ha decretado prisión provisional amenaza con su expulsión sin juicio. La prisión provisional en este caso es inconstitucional porque no se dan los requisitos previstos por la ley para dictarla. Dice que hay alarma social, como si la la alarma social dependiera de la buena imagen de España frente a Turquía. La expulsión, en una aplicación errónea de la Ley de Extranjería, podría proceder incluso sin juicio, por el mero hecho de estar imputado. Se vulneran los derechos humanos de un chico que lo único que hizo fue protestar por la represión de su pueblo y que ni siquiera le dió con el zapato a nadie.
La única manera de evitar que los jueces cedan a los intereses políticos del Gobierno español sería organizar algún tipo de protesta que demostrase que hay movimientos sociales vigilantes de los derechos humanos que no tolerarían sin más una respuesta arbitraria. Que se sepa que el Estado español está haciéndole el trabajo sucio a los turcos, reprimiendo al pueblo kurdo. También en Sevilla.
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