Declaración del Grupo 17 de Marzo ante la entrada en prisión de Hocman Joma por arrojar un zapato al primer ministro turco

Ante la decisión judicial de decretar la prisión provisional para Hocman Joma, el activista kurdo que hace unos días arrojó un zapato contra la comitiva del primer ministro turco al que llamó criminal, el Grupo de Juristas 17 de Marzo quiere hacer pública su preocupación por este uso de la prisión provisional como una medida represiva, lesionando el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución, en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Conforme a este Alto Tribunal la prisión provisional es una medida excepcional, en cuanto supone el ingreso en prisión de una persona cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Por ello reserva la medida a los casos en que haya indicios claros de haberse cometido un delito muy grave y exista riesgo de fuga expreso, sin que pueda utilizarse por motivos políticos o como sanción.

Frente a ello, el Auto de la jueza cita entre las motivaciones que justifican la adopción de la medida de prisión provisional la "repercusión internacional" del asunto, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que expresamente ha declarado la inconstitucionalidad de utilizar la alarma social de un asunto como justificación de una medida de prisión provisional.

Destaca también la desproporción y la poca consistencia de los numerosos delitos que se le imputan a Hocman Joma. Da la impresión de que se le acusa de tantos delitos, algunos de ellos contradictorios entre sí y que podrían implicar su entrada en prisión por un elevado número de años, para aumentar la apariencia de gravedad y justificar un ingreso en prisión jurídicamente infundado. Así, a pesar de las imágenes de la detención del activista, en las que se aprecia perfectamente como fue bloqueado por policías y guardaespaldas turcos, que le taparon la boca y lo inmovilizaron contra el suelo, se le imputa un delito de resistencia a la autoridad. El Auto judicial obvia que se trataba de una persona desarmada, rodeada de policías y guardaespaldas, reducida de manera fulminante y sin posibilidad de resistencia alguna, del mismo modo que obvia también la ausencia de lesiones o denuncias por parte de los policías implicados.

El resto de imputaciones no resultan menos estrafalarias y dan la impresión de que obedecen antes a la intención política de proyectar una imagen de dureza frente a los hechos que al respeto escrupulosos de las normas penales vigentes. Así, se le imputa un delito de injurias, agravado  por tratarse de una personalidad internacional, que no sólo resulta técnicamente muy discutible (se castigaría mucho más el insulto a un jefe de Gobierno extranjero que al español) sino que habría de ser igualmente aplicable a todos los que, como ha hecho este activista, llamaron 'criminal' a anteriores presidentes del Gobierno español. Si esas exclamaciones, tan frecuentes, nunca fueron perseguidas de oficio como un delito d injuria grave, resulta chocante que ahora sí se haga.

En definitiva, se tratado de imputarle una serie de delitos prácticamente imposible a efectos de agravar la pena y justificar de ese modo la medida de prisión provisional, sorteando de este modo la prohibición constitucional de utilizarla como sanción, quizás obedeciendo a presiones políticas.

Como Grupo de Juristas dedicado a la defensa de los derechos humanos observamos con preocupación la absoluta desproporción de la respuesta judicial en este asunto que, aparentemente, está relacionada con el deseo político de contentar al gobierno turco en un asunto relacionado no tanto con la dignidad de su primer ministro, como con el estatus del pueblo kurdo en Turquía.

Exigimos, por ello, el estricto respeto al Estado de Derecho y, en especial, a los derechos constitucionales de los que Hocman Joma goza en nuestro país.