El Tribunal Supremo confirma la incompetencia de la Junta de Andalucía para cobrar a Boliden los gastos del vertido tóxico.
La Junta de Andalucía insiste en sus errores pasados, ignorando las recientes denuncias ecologistas sobre la mina de Cobre Las Cruces.
La Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 10 de noviembre ha dejado el estado judicial sobre los gastos y costes derivados del vertido tóxico producido por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en la madrugada del 25 de abril de 1998, en el mismo punto que estaban en el año 2004. Ya se declaró entonces incompetente la jurisdicción civil y en 2007 la jurisdicción administrativa, que ahora confirma el Supremo.