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El Tribunal Supremo confirma la incompetencia de la Junta de Andalucía para cobrar a Boliden los gastos del vertido tóxico.

La Junta de Andalucía insiste en sus errores pasados, ignorando las recientes denuncias ecologistas sobre la mina de Cobre Las Cruces.

La Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 10 de noviembre ha dejado el estado judicial sobre los gastos y costes derivados del vertido tóxico producido por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en la madrugada del 25 de abril de 1998, en el mismo punto que estaban en el año 2004. Ya se declaró entonces incompetente la jurisdicción civil y en 2007 la jurisdicción administrativa, que ahora confirma el Supremo.
 

El Supremo reitera que desde 2007 el TSJA le marcó el camino a la Junta que debía seguir, que era plantear un recurso ante la Sala de Conflictos, regulado por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que de una vez por todas se decida que órgano judicial debe resolver sobre este asunto enquistado desde 2002, cuando la Junta inició acciones contra el complejo de empresas de Boliden. Y por tanto, desde 2007 la Junta ha estado perdiendo el tiempo y por ello el Supremos le obliga además a pagar los 5.000 euros de la defensa jurídica de Boliden Apirsa, empresa que además está en liquidación, con lo que difícilmente hubiera podido pagar a la Junta los casi 90 millones de euros que intenta reclamarle.

La consecuencia final de la incompetencia de la Junta y de las reiteradas incompetencias de los órganos judiciales las pagamos, como siempre, los y las andaluzas con nuestros impuestos y permite que los contaminadores queden impunes. Por eso, Ecologistas en Acción, en la próxima sesión del Consejo de Participación de Doñana, prevista para el próximo 15 de diciembre, solicitará condenar las consecuencias de una sentencia que no compartimos y que, más allá de dejar en ridículo a la Junta, deja al medio ambiente andaluz absolutamente indefenso y desamparado ante nuestras instituciones.

La nueva sentencia del Supremo recuerda también a la Junta que ella misma se declaró incompetente administrativamente en el año 2003 ante los tribunales civiles declarando expresamente que “la Administración concedente NO ha constatado existencia de incumplimientos del régimen de la concesión por parte del concesionario” y por tanto, “NINGÚN PRECEPTO LEGAL le habilita en este ámbito para declarar administrativamente la existencia de esa obligación y su alcance cuantitativo” (en relación a la reclamación de gastos y costes ocasionados).

Y Ecologistas en Acción necesariamente tiene que recordar a los y las andaluzas que la Junta MIENTE en esos argumentos, y sigue escondiendo las graves responsabilidades que sus dirigentes, empezando por el ex - presidente Manuel Chaves, tuvieron en el vertido tóxico de Boliden, cuando ignoraron de manera reiterada todas las denuncias que las grupos ecologistas presentaron en relación a los gravísimos incumplimientos que se estaban produciendo en la balsa de las minas de Aznalcóllar desde el año 1994, CUATRO AÑOS ANTES de que se produjera la catástrofe anunciada, con un tráfico ilegal de residuos tóxicos y peligrosos, conocido y consentido por las administraciones públicas, desde las empresas contaminantes del polo químico Huelva hasta las balsas de varias minas de la faja pirítica de Huelva y Sevilla.

Y hay que recordar que las instancias judiciales también archivaron todas esas denuncias que los grupos ecologistas les trasladaron, y que este tipo de comportamientos de dejación de funciones y declaraciones de incompetencia dañan muy gravemente al sistema democrático y hacen que cientos de miles de gentes griten indignados en las calles QUE LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES.

Desde Ecologistas en Acción queremos denunciar que actualmente, el comportamiento de la Junta de Andalucía sigue siendo muy parecido en relación con nuestras denuncias de ilegalidades cometidas en la Mina de Cobre Las Cruces (CLC) en Gerena.

CLC está extrayendo ilegalmente agua del acuífero Gerena-Posadas, entre 1,5 y 2 millones de m3 anuales, con absoluto y perfecto conocimiento de la Agencia Andaluza del Agua hasta hace poco, y con conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desde que ha recuperado las competencias sobre ese acuífero, que es reserva estratégica de agua para consumo humano en épocas de sequía para Sevilla capital y su área metropolitana.

Desde julio de 2009 CLC está funcionando en base a un llamado Plan Global de Gestión de Aguas que fue aprobado por la Junta de Andalucía SIN SOMETERLO A LA NECESARIA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA) DE 2007, en contra de las declaraciones que ayer realizó el Consejero de Medio Ambiente, Sr. Diaz Trillo, y en contra de las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción que están actualmente en la jurisdicción contenciosa-administrativa. Y ahora, CLC pretende compensar los millones de m3 de agua que extrae ilegalmente del acuífero inyectándole aguas contaminadas procedentes del vertido de la depuradora de San Jerónimo, y pretende que la CHG autorice dicha recarga artificial, nuevamente sin someterla a los mecanismos de prevención ambiental previstos en Ley GICA.

¿A quién va a pedir responsabilidades la Junta y la CHG cuando en la próxima sequía los ciudadanos de Sevilla capital y su área metropolitana no puedan disponer de agua con calidad para el consumo humano del acuífero Gerena-Posadas? ¿A qué jurisdicción van a reclamar los gastos y consecuencias que se provoquen en la ciudadanía?