10 militantes asociativos y sindicales condenados a penas de 3 años de cárcel. La otra cara del proceso de revisión constitucional en Marruecos

Después de un juicio de más de 10 horas de duración, 10 militantes asociativos y sindicales han sido condenados esta madrugada (17 de junio) a penas de cárcel de entre 2 años y medio y 3 en la ciudad marroquí de Buarfa (región Oriental, à 70 kilómetros de la frontera argelina). Las acusaciones que pesan sobre ellos son manifestación ilegal e uso o incitación al uso de la violencia contra las fuerzas del orden. El 18 de mayo de 2011, 9 jóvenes fueron arrestados durante la intervención policial contra un sit-in de diplomados en paro que llevaba realizándose desde mediados de mes. Los detenidos fueron liberados el mismo día, pero el 24 de mayo empezó una nueva oleada de detenciones: 9 personas son arrestadas y conducidas a la prisión de Buarfa.  

Durante la celebración del juicio de los 9 detenidos el 26 de mayo, la sección local de la Asociación marroquí de derechos humanos organizó una concentración de solidaridad delante del tribunal de primera instancia de Buarfa. Durante el acto, dos miembros de la AMDH, miembros al mismo tiempo de la Confederación democrática del trabajo (CDT), fueron detenidos acusados de incitar al uso de la violencia contra las fuerzas del orden que custodiaban el tribunal.

Unos de los detenidos del 26 de mayo es Saddik Kabburi, secretario general de la unión local de la CDT, miembro destacado de la AMDH y coordinador, desde 2006, de la red asociativa (Coordinadora) que encabeza una campaña reivindicativa contra el aumento de los precios y la degradación de los servicios públicos. Esta red había conseguido, mediante manifestaciones masivas que llegaron a congregar a 10 000 personas (la mitad de la población de la ciudad), la gratuidad del agua desde mayo de 2006. Una campaña de boicot eficazmente dirigida contra la ONEP (Oficio nacional del agua pública) permite desde entonces a los vecinos ignorar las facturas de agua y ha elevado la Coordinadora asociativa local liderada por Kabburi al rango de interlocutor social privilegiado de los poderes públicos. Problemáticas tales como la calidad de la sanidad pública, el desempleo masivo o la corrupción del consejo municipal han sido sistemáticamente denunciadas por la Coordinadora contra el aumento de los precios.

El movimiento social emergió en una coyuntura marcada por la sequía, que penaliza seriamente la economía de Buarfa. Situada en una zona extremadamente árida, la vitalidad minera de la que disfrutó la ciudad durante la época colonial es un vago recuerdo. Con las minas agotadas y cerradas, la población empleada de Buarfa se distribuye entre la función pública, el pastoreo y la recolección de trufas. Quizás esta última sea la actividad más lucrativa, puesto que el producto es exportado al mercado internacional en su casi totalidad. Pero se trata también de una actividad inestable, sometida a la arbitrariedad meteorológica. En 2005, varios años de sequía habían reducido al mínimo esta posibilidad lucrativa. En medio de un clima de tensión social, jóvenes y desempleados de la ciudad organizaron cuatro intentos de emigración colectiva a Argelia. El simbolismo del acto es poderoso: la frontera entre Marruecos y Argelia a la altura de Buarfa sigue bajo disputa, parcialmente minada y militarizada. Los vecinos dispuestos a realizar, mediante el cruce de la frontera, un acto de transgresión nacional, se decían “obligados” por un Marruecos “desdeñoso” a “buscarse la vida” en el país vecino.    

Buarfa no se ha mantenido al margen de las protestas animadas en todo el país por el Movimiento del 20 de Febrero. Esta plataforma política de base asamblearia, cuyos orígenes se encuentran en una serie de manifiestos difundidos a través de Internet por jóvenes a finales de enero, tiene en su cuenta cuatro días de manifestaciones nacionales en las que se exige la democratización de las instituciones políticas. Un tal objetivo supone la limitación del rol ejecutivo del rey, constitucionalmente asegurado, la autonomización de la justicia y el fin de la lógica oligárquica que rige toda actividad económica en el país.  En la ciudad de la región Oriental, la Coordinadora local contra el aumento de los precios ha integrado las reivindicaciones del 20 de febrero, enriqueciéndolas con problemáticas locales: el desempleo masivo, la precarización de los servicios públicos y la marginalización política y económica de la región.

Según una delegación de la AMDH desplazada a Buarfa para atestiguar de la vista, el juicio de anoche se desarrolló bajo condiciones criticables: no se permitió a los acusados que se sentaran y el fiscal rechazó tajantemente cualquier comentario emitido por los abogados de los acusados sobre errores de procedimiento. Los defensores de derechos humanos presentes interpretan la situación como un juicio político lanzado contra los miembros más activos de un movimiento social que ha puesto en jaque a las autoridades durante cinco años.

La acusación sobre la carga política del proceso y la sentencia contra los militantes de Buarfa llega dos días después de que la Comisión consultativa par la revisión de la constitución (creada por el rey en marzo) haya librado su propuesta a los diferentes partidos. Según fuentes informativas marroquíes, Mohamed VI pronunciará esta noche (17 de junio) un discurso en el que presentará los grandes rasgos del nuevo texto constitucional, que deberá ser sometido a referéndum. Se anuncia la amplificación de las competencias reconocidas al primer ministro, al gobierno y al Parlamento. No obstante, la acumulación de acontecimientos represivos, como los de Buarfa o, a otro nivel, la condena a un año de cárcel emitida el 8 de junio contra Rachid Nini, el redactor jefe de Al Masae, el periódico más vendido en Marruecos, sugieren que el aparato de “seguridad” seguirá siendo impune al control de las urnas.