Enero 2012

Editorial: PRISIONES: EL ÚLTIMO ESLABÓN DE UNA CADENA DE FRACASOS SOCIALES
 
A las personas nos asusta lo que no conocemos, y afortunada o desgraciadamente, la gran mayoría de personas no ha visitado nunca una prisión, sólo la ha visto a través de la televisión o del cine, que nos muestran imágenes que muy poco o nada tienen que ver con la realidad.
 
Lás cárceles españolas no están llenas de asesinos en serie o violadores, al contrario de lo que se cree, el perfil del preso medio español es el de un hombre, joven, sin cualificación profesional, drogodependiente, y que roba o vende droga para sostener su enfermedad (la Organización Mundial de la Salud así califica la toxicomanía). Aproximadamente el 70% de los internos en el Estado Español (últimos datos obtenidos por el Ministerio del Interior en diciembre de 2009) se encuentra en prisión por haber cometido un delito contra la salud pública o un delito contra el patrimonio, frente a un 5% que representa los delitos de homicidio y sus formas, y un 6% que corresponde a los delitos contra la libertad sexual.
 
Por tanto, frente a la solución de la cárcel para estos enfermos y desarraigados sociales, si queremos evitar que sigan vendiendo droga, o hurtando o robando para sostener su adicción, tendremos que tratarlos, es decir, tendrán que estar sometidos a un tratamiento médico con ayuda de trabajadores sociales, psicólogos y educadores. Todos estos profesionales son necesarios puesto que, aunque en estas páginas hablemos de toxicómanos por representar la mayoría de la población penitenciaria española, el resto de internos traen la misma causa o contexto: marginación social, pobreza, desestructuración familiar, falta de educación y cualificación profesional, etc. La Constitución Española en su artículo 25. 2 recoge este mismo fin resocilizador: “ Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.
 
Sin embargo, en el Estado Español no se cumple el mandato constitucional, la prueba es clara: gastamos mucho más en seguridad que en tratamiento, es decir, en funcionarios que velan porque los presos no se fuguen u organicen motines, que en profesionales médicos o sociales. Pero, ¿es realmente necesario el gasto que se hace en seguridad en las prisiones? La realidad penitenciaria española nos contesta que no, que no se corresponde con lo que vemos en la Fuga de Alcatraz o en Celda 211, pues los presos, recordemos que la gran mayoría son personas enfermas, no sólo por toxicomanía, sino por las enfermedades que conllevan la adicción a las drogas, fundamentalmente VIH y hepatitis B y C, no tienen la organización suficiente, ni en general intención o fuerza alguna de fugarse o formar un motín. Por tanto, ya que no estarán en prisión eternamente (mucho menos por los delitos que cometen habitualmente), habrá que prepararles para la vida en libertad, pues si no tratan su grave adicción o no se resocializan, cuando salgan tendrán que volver a vender droga o a robar, incrementando la inseguridad ciudadadana
 
Ésta última es la justificación de aquellos que abogan por el endurecimiento de las penas o la cadena perpetua ¿Por qué entonces no se les ingresa en centros de inserción social o se establece un nuevo modelo terapéutico? La respuesta se encuentra en los defensores de la teoría retribucionista de la pena, es decir, en la venganza, lo que se encuentra fuera de la Constitución y de las leyes penitenciarias actuales. La psicología, y la práctica, nos avisan de que la víctima nunca encuentra reparado el perjuicio sufrido, ya que nunca considerará suficiente la indemnización que reciba, ni bastantes los años de cárcel para el que le causó el sufrimiento... Por tanto, su solicitud última es que el que ha cometido el delito se pudra en la cárcel. ¿Para qué? Aparte de para apagar la sed de venganza, que como ya hemos comentado, es muy dificil de saciar, en la mayoría de los casos “para que no lo haga más”, “para que otro no pase por lo que yo he pasado”.
 
En definitiva, si queremos evitar la reincidencia, tendremos que tratar, reeducar, resocializar al que comete el delito, pues encerrándolo entre cuatro muros rodeado de funcionarios de seguridad no conseguiremos nada. Sin embargo, en el Estado español se trata a los internos como basura, y como la basura huele, la apartamos. No intentamos solucionar el problema de la delincuencia, sino que lo escondemos, que es lo único que parece acallar la alarma social y/o a la masa ignorante en estos asuntos y que sólo conoce y reclama lo que sale por televisión. Para acabar un dato para reflexionar: el Estado Español es el segundo país de la Unión Europea con mayor población penitenciaria (sólo superado por Luxemburgo), en concreto, por cada cien mil habitantes, 153,6 están en prisión. Deberíamos plantearnos cuál queremos que sea su futuro, si conseguir que formen parte de la sociedad o seguir escondiendo el problema de la exclusión social en las cárceles
 

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