Movimientos sociales en Venezuela: en el arduo camino de la autonomía

 
* En noviembre de 2010, en la ciudad andaluza de Córdoba, se realizó una Mesa Redonda sobre movimientos sociales latinoamericanos como uno de los actos por el centenario de la Confederación Nacional del Trabajo, la histórica central obrera del anarcosindicalismo ibérico. El Libertario estuvo presente en ese evento, con la ponencia que aquí se resume.
 

- Las luchas sociales en el S. XX
 
El inicio de la historia moderna de las luchas sociales en Venezuela sin duda se asocia con la transformación que en todos los órdenes trajo la explotación petrolera en gran escala a partir de la década de 1920. Ello fue evidente tras la muerte del dictador J.V. Gómez, quien dominó la escena política con puño de hierro desde 1908 hasta diciembre de 1935. Su deceso dio la campanada para que se hiciesen presentes en el ámbito político-social diversos actores colectivos organizados, de reciente aparición y hasta entonces reprimidos por la tiranía. Destacan sindicatos obreros y asociaciones estudiantiles, pero también hubo agrupaciones femeninas, culturales, campesinas, de educadores y de profesionales universitarios.
 
El rumbo de esos movimientos sociales modernos se verá desde aquellos tiempos (fines de la década de los 30 y a lo largo de los 40 y los 50) sujeto a enormes trabas en cuanto a su eventual autonomía. Por un lado, en ese lapso se consolida y hace más complejo el rol del Estado como gran administrador local del capitalismo rentista petrolero, donde serán las posibilidades de acceso a esa renta por vía estatal las que determinen en modo principal la conformación de clases sociales que se define en aquel período: burguesía, capas medias, proletariado. El Estado será gran promotor, financista y realizador de las innovaciones que exige el capitalismo, por lo que obviamente no le interesa que desde los movimientos sociales surjan autónomamente opciones de modernización distintas, así que usará los medios de que dispone para evitarlo, mayormente con el reparto populista de migajas, a veces la represión sin bozal. Por otra parte, esos años son de pugna por el control del Estado entre Fuerzas Armadas – clásico mayoral del gobierno en la historia patria -  y partidos políticos (en especial el socialdemócrata AD – Acción Democrática -, pero también el democristiano COPEI, el liberal URD y el Partido Comunista de Venezuela). Estos partidos, que nacieron después que las organizaciones sociales, pronto las controlan convirtiendo al activismo social en militancia partidista e imponiéndole rol subalterno, con sus luchas sometidas a “la línea del partido”. Ejemplo de ello fue la evolución dominante y casi única en el sindicalismo desde los años 40 y por lo menos hasta la década de 1980.
 
En enero de 1958 cayó la dictadura militar que regía desde noviembre de 1948. Se monta entonces un nuevo acuerdo entre los factores de poder del capitalismo rentista venezolano: el Pacto de Punto Fijo (Punto Fijo es el nombre del lugar donde se firmó dicho acuerdo). Allí se certifica el establecimiento de la democracia representativa y el triunfo de los partidos, en particular AD y COPEI, como gestores del Estado rentista, por lo que se esfuerzan en suprimir cualquier expresión significativa de malestar social. Los partidos contaban con una enorme presencia entre el colectivo (se estima que en 1958 entre 25 y 30 % de los electores eran militantes registrados de las cuatro formaciones políticas principales) y ya habían impuesto sujeción a los movimientos sociales; ahora podían fortalecer esa hegemonía con el clientelismo: reparto desde el Estado de cargos, favores, recursos y, en especial, promesas, entre quienes de otro modo serían ganados para conflictos y protestas. Tal mecanismo de control político funcionará con bastante éxito hasta la década de 1980.
 
A partir de 1983 llega la crisis del modelo de economía petrolera que había sustentado al Pacto de Punto Fijo, acompañada del desgaste de los artificios de domesticación bipartidista a los movimientos sociales. Además, los poderes transnacionales imponen al Estado adoptar el recetario neoliberal y restringir las prácticas del populismo clientelista. En ese contexto, se abren brechas para que en los conflictos sociales aparezcan presencias reconocibles y relativamente amplias de acción autónoma, no sometidas a los partidos políticos tradicionales. Esto ocurre tanto en organizaciones previamente existentes como en las expresiones de los nuevos movimientos sociales: grupos ecologistas, vecinales, indígenas, del neofeminismo, GLBT,  para mencionar algunos. La indicación más dramática de cuanto cambiaban las cosas fue la revuelta popular espontánea del “Caracazo” (27/2/1989), la manifestación de descontento social más importante de nuestra historia, ante la cual el poder autoritario no tuvo otra respuesta que una sangrienta represión.
 
- Los movimientos sociales en su laberinto
 
Al declinar el control bipartidista sobre las luchas sociales, a los factores reales del poder les resulta indispensable un reemplazo, que encuentran en Hugo Chávez, líder del fallido golpe militar del 4/2/1992. El disgusto colectivo por la situación vigente generó simpatías hacia ese intento de cambiar las cosas, pese a lo poco clara de la propuesta de los golpistas. Los espejismos mesiánicos florecieron y jugaron a favor de Chávez, quien tras una estancia en prisión sale indultado en 1994 y se convierte en candidato presidencial, contando con apoyos tanto en la burguesía y las transnacionales como en la mayoría de los movimientos sociales y sus activistas, cuyas reivindicaciones promete atender en cuanto gane las elecciones.
 
Chávez toma posesión en febrero de 1999, y desde allí hasta mediados de 2007 va el período de su relación con los movimientos sociales que vale calificar de “espera esperanzada”, pues estos porfían en sus ilusiones, por lo que una y otra vez posponen su agenda de luchas y reivindicaciones propias a favor de aquella que se les impone, donde lo principal es mantener y consolidar el control del poder estatal por el chavismo y su líder, siendo los repetidos comicios la herramienta en la que se expresa “la fidelidad de las masas al proceso”. Por su lado, la oposición socialdemócrata y de derecha plantea algo parecido: “primero salgamos a Chávez, luego se verá lo demás”. Los encandilados activistas sociales aceptan que desde el Estado se decidan sus modos y objetivos de funcionamiento, hipotecando la relativa autonomía de acción que habían ganado en la década anterior. A esto se suma que, gracias al incremento de precios petroleros, el Estado vuelve a contar con gruesos recursos para financiar el clientelismo, ahora condimentado con verborrea seudo-izquierdista.
 
A partir de los últimos meses de 2007 y hasta hoy, múltiples signos indican que esa luna de miel entre el gobierno chavista y la conflictividad social va quedando en el pasado. En contraste con los años anteriores, de aguda confrontación política pero con desmovilización de las luchas sociales, ahora se manifiestan con creciente fuerza reivindicaciones colectivas silenciadas por largo tiempo, aparte que el uso de parte de la renta petrolera con fines clientelistas no solo se ve afectado al caer los precios del “oro negro”, sino también por la corrupción, la incompetencia y la incoherencia, aspectos en los que este gobierno es versión incorregible y abultada de los anteriores. Por ello, le cuesta más al chavismo ejercer control sobre esas luchas, que así mismo dan claros signos de no atarse a la oferta descolorida de la oposición electoral.
 
Como confirmación de lo dicho, invitamos a revisar las estadísticas sobre conflictividad social en Venezuela consignadas en los informes anuales de la ONG PROVEA (ver www.derechos.org.ve), que estimamos como fuente completa y confiable sobre este tema. No es posible por razones de espacio repetir aquí esas cifras y datos, pero ciertamente ratifican que, en este aspecto, bajo el supuesto socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez hay una situación similar a la imperante en los regímenes de la derecha neoliberal en América Latina.
 
- Esperanzas agrietadas y criminalización de la protesta
 
Actualmente, y como se corrobora en los informes de PROVEA, la lucha por la autonomía de los movimientos sociales en Venezuela debe resistir una creciente criminalización de sus expresiones, abonada en la esfera jurídico-institucional con un reforzado arsenal de instrumentos para legalizar la represión, en el plano político con las vociferantes acusaciones desde el poder que presentan a toda protesta como “maniobra a favor del golpismo y el imperialismo”, y en el ámbito social cotidiano con la intención de hacer que sean las bases chavistas quienes en primera instancia denuncien y aún sofoquen las acciones disidentes, lo que ha conducido al para-militarismo y la “para-represión”.
 
No obstante, las expresiones de la lucha social autónoma asoman en los mas diversos espacios: De los conflictos obreros resaltan los casos de Ferrominera, SIDOR, los jubilados de CANTV y las diversas contiendas en la región industrial de Aragua; en relación con los indígenas está la lucha de los Yukpa de la sierra de Perijá; reclamando el derecho a la vivienda tenemos las ocupaciones y desalojos que ocurren en todo el país, como también sucede con las múltiples protestas ante fallas y carencias de servicios públicos; dentro y fuera de las cárceles hay una sostenida bronca contra la barbarie del sistema penitenciario; en cuanto al clamor de los agraviados por la violencia sin freno del aparato represivo hay que mencionar al Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara; en los temas de género la labor de la Casa de la Mujer Juana Ramírez en Maracay; sobre la protesta estudiantil destaca la odiosa persecución judicial que padece, sin nada que envidiar a lo vivido en tiempos del Pacto de Punto Fijo; mientras que para el campesinado, si se conforman llegan promesas y limosnas, si se agitan van sicarios y tribunales. Descripciones para estos casos y otros más, se consiguen en las ediciones impresas, la web y el blog de El Libertario.
 
¿Hubo, hay o habrá perspectivas positivas para los movimientos sociales dentro de la oferta del “socialismo bolivariano”? Solo cabe responder NO, pues cualquier avance se ve negado con la imposición autoritaria y caudillista de un régimen donde el activismo social debe doblegarse al patrocinio, ideología y control del Estado; con la dependencia borreguil ante promesas demagógicas cuya ejecución exitosa depende del paternalismo burocrático; con la creciente corrupción e ineficacia que infecta tanto al sector oficial como a las organizaciones sociales que le están sometidas; con la propuesta socialista convertida en mera coartada para una política al servicio de las transnacionales y del ascenso de la "boliburguesía", nacida a la sombra de la gigantesca corrupción gubernamental. El desarrollo libre y pleno de los movimientos sociales solo puede darse rompiendo con la tutela que el chavismo ha ejercido sobre la mayoría de ellos. Por supuesto no para caer en manos de la derecha liberal o la socialdemocracia, sino concretando ideas y vías de acción que surjan de su andar autónomo, al calor de las luchas y fines que son su razón de ser, como lo muestran alentadores signos que se perciben en diversas protestas sociales actuales antes mencionadas.
 
En El Libertario nos ha correspondido en estos años la difícil tarea de desenmascarar las ilusiones desmovilizadoras creadas por el Estado, el Capital y sus aliados, unas con la careta socialista del gobierno y otras con el antifaz democrático de la oposición socialdemócrata y de derecha. Con persistencia, vamos abriéndonos caminos para acompañar los bríos por construir autonomía que nazcan desde los movimientos sociales, donde nos esforzamos por ganar espacio para las propuestas de acción directa, autogestión y apoyo mutuo que como anarquistas promovemos.
 
[Para información de lectores que no comprendan el español, en www.nodo50.org/ellibertario están disponibles más de 60 textos originales de El Libertario que han sido traducidos al inglés, así como un buen numero de artículos en francés, alemán, italiano y portugués.]

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