El Grupo 17 de Marzo denuncia la actuación de la policía en la huelga general

El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de los abogados en condición de observadores que estuvieron presentes en varios piquetes informativos, expresa su preocupación por la desproporcionalidad actuación de la Policía Nacional contra los mismos, considerando que se ha visto afectado el derecho fundamental de huelga y libertad de expresión.

El Tribunal Constitucional no sólo ha confirmado en numerosas ocasiones la legalidad de los piquetes, sino que ha señalado que el núcleo esencial del derecho de huelga incluye el derecho a que estos piquetes desarrollen su labor dentro del marco de la legalidad. El derecho de huelga reconocido en el art. 28.2 CE incluye «el derecho de difusión e información sobre la misma»  e «implica el derecho a requerir de otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin» , o encaminadas no sólo a «la publicidad del hecho mismo de la huelga, sino también de sus circunstancias o de los obstáculos que se oponen a su desarrollo, a los efectos de exponer la propia postura, recabar la solidaridad de terceros o superar la oposición», integrándose en el contenido esencial de dicho derecho de huelga el derecho a «difundirla y a hacer publicidad de la misma» . Como expone la doctrina del Tribunal Constitucional ,el «requerimiento pacífico a seguir la huelga» forma parte del derecho que proclama el art. 28.2 CE. Además, hay determinados aspectos que lindan con otro derecho fundamental: el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20.1 de la CE.

Así el Grupo 17 de marzo considera desproporcionada la actuación de la Policía Nacional contra varios piquetes informativos. entre ellos el desarrollado en el Carrefour San Pablo y en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. En éste último además con un piquete detenido y varios multados. La prohibición y sanción de esta actividad de difusión de la huelga conculca pues directamente el derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, al hacerlo impracticable y despojarlo de su necesaria protección. El hecho de disuadir con multas puede haber obstruido la labor de los piquetes En la práctica se han limitado el derecho a huelga y no se ha podido informar  correctamente conforme al mismo a los trabajadores y consumidores que iban a acceder a dichos establecimientos. En el caso del Rectorado, además se desconoce el motivo por el cual la Policía Nacional accedió al interior del recinto universitario para cargar contra los piquetes. El Grupo 17 de Marzo solicitará al Rector de la Universidad información sobre si él autorizó dicha entrada, si ésto no fuera así denunciará dicha actuación en los Tribunales, al tener identificados a varios funcionarios actuantes. Además el Grupo de Juristas denuncia que varios funcionarios llevaban el nº de identificación al revés e incluso algunos ni lo llevaban lo que incumpliría la obligación recogida de llevar de forma visible su nº de identificación, conforme a la Instrucción 13/2007.

Por el último el Grupo 17 de Marzo solicita al Delegado del Gobierno que abra una investigación de oficio para investigar dichas prácticas o en su caso dimita, ya que según el grupo de juristas no es la primera vez que sucede bajo el mandato de dicho Delegado en el que según diversas organizaciones en defensa de los Derechos Humanos en Andalucía, se ha producido un retroceso en derechos humanos y civiles.