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Garzón, la Audiencia Nacional y la Dictadura

Garzón es juez de la Audiencia Nacional, heredera directa del siniestro Tribunal de Orden Público de la Dictadura. Ambos, juzgados especiales surgidos de la represión política. Desde su posición de magistrado de un tribunal de excepción Garzón ha asistido impasible a las denuncias porl torturas sufridas por decenas de detenidos bajo su jurisdicción sin levantar una ceja. Nunca dió crédito a ninguno de esos testimonios, aunque muchos de ellos han sido reconocidos como absolutamente fiables por diversas asociaciones contra la tortura no adscritas a corriente política alguna. Es decir, Garzón actuó en todo momento como un auténtico juez de tribunal de excepción.

Ahora Garzón va a ser juzgado por intentar investigar los crímenes de la Dictadura, - los lejanos se entiende; lo de Puig Antich y los 5 fusilados el 27 de septiembre de 1975 no entran dentro de la cólera vindicativa de las subvencionadas Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En solidaridad con Garzón han iniciado un encierro indefinido en una facultad, cual estudiantes de la serie Cuéntame, algunas de la más destacadas figuras de la mafia cultural sociata, algo que sin duda redundará beneficiosamente en sus carteras. Pedro Almodóvar ha aprovechado ese arranque de postadolescente y mediática solidaridad para anunciar su próxima película, centrada en el poeta represaliado Marcos Ana, y se ha excusado de no haber atacado hasta ahora a la figura de Franco porque evitarla fue su "venganza pueril" contra el Dictador, sútil forma de decir: porque hasta ahora me importaba tres cojones todo eso.

La cuestión es, qué significa la Dictadura para Garzón y los artistas del PSOE. Franco, convertido definitivamente, en una carcasa vacía, un macGuffin hitchcockiano en el que proyectarse sin mayores riesgos. El pacto de silenciamiento de la Transición fue el que aseguró a cierta intelligentsia progre su actual posición hegemónica, y aquellos escasos intelectuales, artistas y pensadores que denunciaron este pacto fueron sistemáticamente ninguneados, boicoteados y silenciados. La famosa Movida Madrileña fue el exponente cultural de ese asalto despolitizador que barrió del mapa cultural a todos aquellos que osaron exigir una ruptura política. Hoy de lo que se trata, para estos arribistas, es de desmarcarse hábilmente de ese Pacto de Silenciamiento mostrándose como los auténticos y originarios luchadores por la justicia histórica. Han pasado 35 años desde la muerte de Franco, no está mal. La operación consiste en arroparse bajo la estulticia de un juez egomaníaco que se cree Juana de Arco y que posiblemente sueñe con su destitución por autoproclamarse defensor de los Derechos Humanos -¿habrá mayor goce que arder en la hoguera de la santidad progre?- para erigirse en los genuinos representantes antifranquistas. El precio es de risa: unos días encerrados como adolescentes en una facultad y algunas pegatinas. La crisis evidentemente exige campañas de autopromción baratas, pero esto es la hostia.

El rey juró ocupó el cargo de Jefe Interino del Estado con Franco aún vivo y juró fidelidad a los principios rectores del Movimiento.

La misma Audiencia Nacional es heredera directa de los tribunales especiales de la Dictadura.

Edipo vuelve.

Porque
Aquellos que hoy subastan lágrimas
anoche cenaron en la mesa del verdugo.

 

 

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