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Por la desmilitarización de los conflictos sociales y el fin del Estado de Alarma

La Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía (R.A.N.A.), como red que trabaja por una sociedad fundada en una Cultura de Paz y Desarme, sin guerras ni ejércitos, expresa su máxima preocupación por la militarización del espacio aéreo español y pide a la sociedad andaluza que reaccione frente a esta técnica golpista por parte de un gobierno que ha optado peligrosamente por la vía de la fuerza armada y la jurisdicción militar como manera de sofocar los conflictos sociales.

La R.A.N.A., en relación con los hechos relativos al Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, y su renovación en el Congreso el día 16 de Diciembre haciéndose efectiva tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado: 18 de diciembre de 2010, 307, el acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, quiere manifestar ante la opinión pública lo siguiente:

1º) Rechazamos el “estado de alarma” y la prórroga de la militarización del espacio aéreo español hasta el 15 de enero de 2011, porque es una medida propia de regímenes totalitarios y no democráticos que significa la supresión de libertades y derechos esenciales a través del sometimiento de personal civil a la autoridad militar.

2º) Condenamos enérgicamente la opción gubernamental de la militarización de los conflictos sociales. Calificamos este hecho como peligrosamente antidemocrático. Es obvio, que esta ilegal medida es una amenazante advertencia política de un tambaleante gobierno para evitar posibles reacciones de protesta de una sociedad que está siendo duramente castigada en estos momentos con unas cifras de paro de 4.600.000 personas y fuertes recortes de derechos sociales. El gran problema que se cierne sobre la ciudadanía española no es la huelga de controladores aéreos, sino la VIOLENCIA ESTRUCTURAL que está sufriendo la clase trabajadora española más desfavorecida, en especial el drama de los parados/as, así como el recorte de salarios y pensiones. El conflicto de los controladores no debería servir para enmascarar y distraer la atención sobre este auténtico drama social.

3º) Defendemos el derecho que tenemos todos/as los/as trabajadores/as a conseguir unas mejores condiciones laborales y en la necesaria participación en la organización y desarrollo de las empresas. Además, defendemos una sociedad más justa en la que no existan tantas diferencias salariales, pero en la actual situación reconocemos el derecho de los controladores a defender unas condiciones laborales que no atenten contra su salud. El gobierno del PSOE, siguiendo los dictados del capitalismo salvaje, ha impuesto por la fuerza mayor número de horas de trabajo porque aumentar la plantilla era incompatible con la programada privatización de AENA. Pero en todo caso, sin entrar a considerar la pertinencia o no de la huelga ni a valorar las razones o sinrazones del colectivo de controladores aéreos, lo que no puede admitirse es que un conflicto del ámbito civil y laboral se maneje manu militari.

4º) Entendemos que los controladores aéreos están ahora en su derecho moral y legal de ejercer la desobediencia civil a la autoridad militar que les ha sido impuesta al margen de la ley, dado que un “estado de alarma” solo puede ser declarado (según el artículo 4º de la Ley 4/1981) cuando además de la paralización de servicios públicos “concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo” [artº 4, puntos a), b) y d)], es decir, situaciones como las de catástrofes, calamidades, crisis sanitarias, desabastecimientos, etc., que tuvieran lugar de modo simultáneo.

Habría que recordar a los controladores que el fin no justifica los medios, y que en la desobediencia civil los medios deben estar acordes con el fin. Pero no existe simultaneidad entre la paralización del tráfico aéreo provocada por la acción de los controladores y las [inexistentes] situaciones de catástrofes, calamidades, crisis sanitarias, etc. Consideramos, por ello, que este “estado de alarma” ha sido dictado claramente al margen de la ley para intentar arreglar un conflicto laboral que ha provocado el mismo sistema causante de la crisis y no los trabajadores.

5º) Hacemos ver aquí que
el actual modelo de consumo de transporte aéreo en España se traduce en decenas de millones (187 millones en 2009) de personas desplazándose, lo que supone una contaminación aérea considerable (2 millones de operaciones aéreas de transporte de pasajeros en 2009), alentado por los billetes baratos (low cost) consiguiendo aumentar mucho más de lo aceptable la biocapacidad de la tierra (huella ecológica) que se puede soportar en movilidad. El transporte aéreo es el modelo de transporte que más emisiones con efecto invernadero provoca. Modelo favorito del mercado económico internacional dotándole de múltiples ventajas y exenciones fiscales como la no carga fiscal del Queroseno, o la no aplicación del IVA en los billetes aéreos.

El CO2 generado por el transporte aéreo en Europa, pese a constituir sólo el 3% del total de las emisiones europeas, se ha incrementado en un 85% desde 1990. De seguir al mismo ritmo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima que la aviación será responsable del 15% del cambio climático provocado por las personas en 2050.

En definitiva, una fuerte dependencia de la economía del petróleo, la cual depende a su vez de guerras como las de Irak y, posiblemente, contra Irán; todo ello produciendo a su vez pingües beneficios muy codiciados por las empresas privadas.

6º) Vemos sumamente negativo el papel de las Fuerzas Armadas en este conflicto social. La permanente apuesta del gobierno por hacer ver que el Ejército actúa fuera de nuestras fronteras en “misiones humanitarias”, o apagando fuegos y cuidando el medio ambiente, o ayudando en catástrofes e inundaciones a través de la Unidad Militar de Emergencias… o “solucionando” conflictos laborales… tiene como fin reforzar la imagen de una sociedad civil débil e incapaz de organizarse por sí misma y que no puede prescindir de “sus” Fuerzas Armadas, además de justificar –ahora en tiempos de crisis- los enormes gastos militares. Entendemos que esta política de imagen positiva para el Ministerio de la Guerra tiene que ver, también, con la justificación de los gastos militares (18.000 millones de euros) en tiempos de dura crisis social y la participación española en guerras ilegales e inhumanas como la de Afganistán.

RED ANTIMILITARISTA Y NOVIOLENTA DE ANDALUCÍA (R.A.N.A.): Ecologistas en Acción-Andalucía, Confederación General del Trabajo-Andalucía, Noviolencia Ahora (Jerez), Casa de la Paz de Sevilla (Mujeres de Negro, Alternativa Antimilitarista-M.O.C. Sevilla, REDPAZ), Ahimsa (Málaga), M.O.C.-ELAIA (Puerto Sta. María), Madres contra la Droga ANDAD (Puerto de Sta. María).

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