Hace ya casi cinco años se produjo la detención de un grupo de personas, en su mayoría estudiantes y la expulsión de cinco de ellos de la Universidad de Sevilla. En la actualidad, está próxima la celebración de un juicio en el que hay 24 imputados y en el que la fiscalía pide para ellos cárcel y varios millones de pesetas, como ha aparecido publicado en la prensa.

Cuando se produjo la protesta en el Rectorado el gobierno estaba en manos de la derecha más reaccionaria y las políticas del PP provocaban la respuesta ciudadana desde diversos ámbitos: los sindicatos se movilizaron contra la reforma laboral, los jornaleros contra la supresión del PER, gran parte de la sociedad contra el acercamiento del gobierno a las políticas belicistas de EEUU, que llevarían tiempo después a la muy contestada participación en la ocupación de Irak… y por supuesto, los estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria contra la LOU y la Ley de Calidad respectivamente.

A comienzos del curso 2001/02 se tiene conocimiento de la naturaleza privatizadora de la reforma universitaria que plantea el Gobierno Aznar, que seguía la senda marcada por el llamado Informe Bricall publicado en 2000. Se produjo entonces una amplia respuesta de rechazo dentro y fuera de la universidad.

La lucha contra la LOU en Sevilla: el Comité General de Huelga

En Sevilla la movilización fue constante durante los primeros meses del curso, asambleas, charlas informativas, encierros, cortes de calles, manifestaciones… eran el día a día de las facultades. Estudiantes, profesores y PAS abarrotaron las manifestaciones del 29 de Octubre, del 7 y el 14 de Noviembre… El Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio Lora, como otros muchos rectores del resto del Estado, se esforzaban en aparecer como abanderados contra la reforma del PP. Hasta tal punto que Miguel Florencio auspició el paro académico del 7 de Noviembre para colocarse a la cabeza de las movilizaciones.

 Los sindicatos y partidos de la oposición, también el PSOE, secundaban los paros y acciones de protesta, los medios de comunicación las alentaban y el propio Zapatero llegó a prometer la derogación de la LOU cuando llegara al gobierno. El órgano de representación estatutaria del alumnado de la Universidad de Sevilla, el CADUS, fue absolutamente sobrepasado por los acontecimientos y el nivel de reivindicación de las asambleas, que se dotaron entonces de un nuevo modelo de organización y participación: el Comité General de Huelga (CGH).

En unos momentos de máxima movilización, el CADUS no estuvo a la altura de las circunstancias, no podía ser el instrumento de los estudiantes para hacer oír su voz contra la LOU.

¿Cómo iban a ser escuchados si algunos de los delegados que conformaban el CADUS se jactaban de no haber convocado una asamblea de facultad jamás? El CGH, de carácter asambleario se constituyó como el único órgano legítimo de representación de los estudiantes y sus intereses.

La legitimidad del CGH no es un mérito autoproclamado, es una realidad demostrable en el hecho de que instancias universitarias como el propio CADUS, decanos o el mismísimo Rector se dirigían al CGH para la organización de las protestas anti-LOU, o en la constatación de que los medios de comunicación acudían al mismo para recabar información. Pero quizá la mejor prueba de la legitimidad del CGH se produce el 1 de Diciembre, cuando el CADUS fleta autobuses gratuitos para acudir a manifestarse a Madrid y tan sólo consigue completar 7. El CGH organiza a su vez 22 autobuses con el mismo fin y en este caso los estudiantes han de pagar el viaje de su bolsillo. La legitimidad y representatividad del CGH se la dieron los estudiantes, y eso no lo pudo remediar la partida presupuestaria del CADUS.

El PP aprueba la LOU, pero no todos abandonan la lucha por la Educación pública. Acampada anti-LOU en la plaza nueva

A pesar del clamor popular, el PP aprobó la reforma universitaria valiéndose de su mayoría absoluta. Muchos consideraron entonces que su trabajo había terminado, el PSOE centró su táctica de oposición en otros asuntos. El actual Presidente del Gobierno, Zapatero, olvidó pronto su promesa y no derogó la LOU una vez en el poder.

Pero no todos abandonaron la lucha. La estrategia que algunos grupos adoptaron fue la de reclamar la desobediencia civil de los órganos universitarios a la aplicación de la LOU. La desobediencia civil no era el objetivo en sí mismo sino un medio, una medida de presión para reclamar al gobierno la retirada de la ley. Los claustros de algunas universidades, como la de Girona, llegaron a adoptar esta medida.

En Sevilla, a partir de las asambleas de estudiantes surge una idea que llega al CGH: la organización de una acampada a las puertas del Ayuntamiento para reclamar la convocatoria de una Asamblea de Universidad, que es el órgano competente para que los estudiantes pudieran pronunciarse respecto a la desobediencia a la LOU. Varias asambleas solicitan entonces un informe a los servicios jurídicos de la Universidad sobre las consecuencias que de esta postura pudieran derivarse. A pesar de que este informe no había llegado y de que los estudiantes no habían tenido oportunidad de pronunciarse, el Rectorado se disponía a aplicar la reforma universitaria.

La acampada comenzó el 19 de Diciembre y alcanzó los 49 días de resistencia. El gobierno municipal del PSOE que se decía contrario a la LOU y que había participado junto a los estudiantes en las movilizaciones de los meses precedentes, ordenó el desalojo violento de la acampada en plena noche. La madrugada del 6 de Febrero, cuando estaba próximo el levantamiento voluntario de la acampada, la Policía Nacional y Local arrasó en dos horas con las tiendas de campaña y efectos personales de los estudiantes.

La concentración en repulsa por el desalojo derivó en una asamblea en el patio del Rectorado. De ésta surgió una convocatoria para asistir a la Junta de Gobierno que se iba a celebrar el 8 de Febrero y en cuyo punto séptimo del orden del día se iba a tratar la aplicación de la LOU. Los estudiantes pretendían entregar un escrito solicitando el aplazamiento de la decisión hasta que se celebrase una Asamblea de Universidad que tratase sobre la propuesta de desobediencia a la ley. Las asambleas no habían podido pronunciarse porque estaban a la espera de un informe jurídico que nunca llegaba. El Rector Miguel Florencio había pasado de adalid de las protestas contra la LOU, a funcionario cumplidor dispuesto a aplicar la ley a golpe de Junta de Gobierno.

Los hechos se sucedieron vertiginosamente y así, sin haber transcurrido 48 horas desde el brutal desalojo de la acampada, un centenar de estudiantes se concentraba en el patio del rectorado el viernes 8 de Febrero a las 8.30 h de la mañana. Se puede decir mucho sobre lo acontecido aquel día. Fue una situación que podía haber evitado quien tenía capacidad y medios para ello, el mismo Rector que en su día encabezó las protestas contra la LOU. Los estudiantes allí concentrados no pudieron presentar el escrito en la Junta de Gobierno; unas puertas que siembre están abiertas se nos cerraron aquel día, a pesar de que el rector se había ofrecido como interlocutor personalmente (El País, 08/02/2002)

Represión y criminalización del movimiento estudiantil

Lo acaecido en el Rectorado de la Universidad de Sevilla el 8 de Febrero tuvo una enorme repercusión mediática, seguida de una campaña de criminalización de dimensiones claramente desproporcionadas que pedía duros castigos para los estudiantes anti-LOU. Las medidas represivas del Rector Miguel Florencio y del Delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, se sucedieron de forma inmediata. El lunes 11 de Febrero llegaron cartas a las casas de cinco estudiantes en las que la Universidad de Sevilla comunicaba que se había abierto expediente disciplinario contra ellos y que quedaban suspendidos cautelarmente de sus derechos como estudiantes. El mismo día se inician una serie de detenciones por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional, consecuencia directa de la denuncia interpuesta por el Rector.

A partir de entonces se inician dos procesos, uno administrativo y otro penal.

El procedimiento administrativo fue una farsa, un juicio controlado en todo momento por el Rector, que además de tener la última palabra en cuanto a la sanción, designó al instructor del caso: el Catedrático de Derecho Romano y del Estado, Fernando Betancourt, afamado conservador. El reglamento por el que de rigió el proceso data de 1954, de la época franquista y la aplicación del mismo fue absolutamente sesgada para evitar que hubiera posibilidad de defensa, ya que se impidió la presentación de pruebas o testigos a favor de los estudiantes. Betancourt pidió la expulsión a perpetuidad de la Universidad; Miguel Florencio resolvió finalmente la expulsión por 5 años, además de la anulación del curso 2001/02, incluyendo asignaturas ya aprobadas.

En la actualidad 24 personas están imputadas en un juicio que se prevé inminente. Dados los hechos que se imputan, pueden llegar a pedirse y parece que así será, penas de cárcel además de una cuantiosa suma económica. Algunas de las personas imputadas ni siquiera se encontraban en el Rectorado el día de la concentración ante la Junta de Gobierno, lo que dice mucho del rigor del proceso que se sigue.

 Las personas que se encuentran inmersas en el proceso penal eran mayoritariamente estudiantes y personas que desde diferentes organizaciones y sensibilidades lucharon en su día contra la LOU. La represión llevada a cabo contra el movimiento anti-LOU sólo se explica si se tiene en cuenta que meses después de aquel 8 de Febrero habría de celebrarse en Sevilla una Cumbre de Ministros de la UE y se aprobarían los nuevos Estatutos de la Universidad de Sevilla, adaptados al marco de la LOU. Con la detención de estudiantes el Delegado del Gobierno creyó estar garantizando una Cumbre sin sobresaltos, para lo cual además movilizó en Sevilla a una cantidad ingente de policía y rodeó el edificio de la Universidad de un muro vergonzoso. La expulsión de cinco estudiantes allanó el camino a la aprobación de los actuales estatutos y el peso de la represión libró a Miguel Florencio de las voces que podrían recordarle que estaba aplicando una ley contra la que al menos en apariencia, se había posicionado.

Actualmente las políticas neoliberales en materia de educación siguen apostando, esta vez bajo el gobierno del PSOE, por una universidad al servicio del mercado y de los intereses de las grandes empresas. La LOU continúa en vigor, la Declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior ahondan ahora en los mismos principios de privatización y elitización de la universidad. Defender la educación pública es más necesario que nunca.

Os pedimos vuestro apoyo y solidaridad y os damos las gracias con antelación.

Si quieres colaborar con los estudiantes represaliados:

Nº Cuenta La Caixa: 21001827310100425608