Colectivos sociales, culturales y de abogadas/os interponen ante el TSJA recurso contencioso administrativo contra la ordenanza cívica de Málaga

Los colectivos: Casa Invisible, Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, Ecologistas en Acción, Oficina de Derechos Sociales de Málaga, Precari*s en Movimiento, Feministas Nómadas, FUGAS-Grupo de Estudios Micropolíticos, y la Asociación Andaluza de Abogados/as y Juristas “Grupo 17 de Marzo”-, han interpuesto hoy viernes 28 de enero RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga (Ordenanza Cívica) ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

Los colectivos arriba nombrados reclamamos y expresamos:

-Que se garantice la libre expresión política en la ciudad de Málaga, permitiendo colocar carteles u otros elementos similares en cualquier lugar, así como repartir folletos e información de estas características, siempre que se haga de forma adecuada, sin dañar el espacio donde se ubique y que posteriormente puedan ser retirados con facilidad respetando siempre el mobiliario urbano.

-Que se garanticen que las expresiones culturales, políticas, artesanales que se realicen en el espacio público estén salvaguardadas, aún cuando se preste un servicio no solicitado o cualquier forma equivalente. Así se garantizarán los derechos de expresión de grupos de teatro de calle, artistas, formas de protesta culturales…etc, y no la criminalización de los mismos. No se pueden prohibir basándose en conceptos tan amplios como la pacífica convivencia ciudadana.

-Participación de la sociedad civil y especialmente de los colectivos más afectados por las medidas: creadores/as, migrantes, trabajadores/as del sexo, precarios/as, organizaciones sindicales, vecinales, juveniles mundo de la cultura...etc. Es de reseñar que no se han tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas.

-Denunciamos la criminalización del colectivo de trabajadores/as del sexo, el acoso económico al que viene siendo sometido, el considerable incremento de sus condiciones de peligrosidad...etc, que la aplicación de la Normativa viene generando entre dicho colectivo. Así mismo denunciamos lo arbitrario de la denominación “prácticas sexuales”, que queda sujeto a la interpretación de los cuerpos de seguridad o las respectivas policías.

- No estamos de acuerdo en que los principales ejecutores y responsables del cumplimiento de esta ordenanza sean los cuerpos de seguridad o las respectivas policías, a las que se facultan para analizar los hechos, enjuiciarlos y juzgarlos, permitiendo y concretando las sanciones hasta el mínimo detalle, sin que contemple la creación paralela de un organismo independiente de investigación, seguimiento y corrección sobre las actuaciones de la Policía municipal, al que la ciudadanía pueda acceder con total garantía de imparcialidad.

- No se ofrecen medidas reales de integración de determinados grupos, por ejemplo personas mendigas y excluidas. Las acciones previstas no pasan de ser meros enunciados de buenas intenciones, dado que en ningún momento se arbitran medidas concretas, eficaces, posibles y creíbles. Lo único que concreta la normativa son las medidas policiales y las sanciones a imponer.

-Pretende homogeneizar el modo de ser, pensar y actuar de todas las personas, lo que en definitiva supone optar por que se “evaporen” aquellas que son diferentes, marginando aún más a las personas excluidas, entendiendo que molestan a las mayorías.

Una vez se reciba el expediente completo del TSJA y se formalice la demanda se presentarán sus fundamentos jurídicos a los medios y a la sociedad. Mientras tanto los colectivos que han recurrido recomiendan al Alcalde de la ciudad que el Ayuntamiento suspenda su aplicación, al menos en las partes que puedan vulnerar los derechos políticos de los grupos más débiles y atienda las peticiones de las diferentes colectivos que han manifestado su oposición.