El SAT alerta del inminente desalojo de Somonte, la finca pública ocupada por jornaleros en paro
GUARDIA CIVIL SE HA PERSONADO ESTA MAÑANA EN LA FINCA
Esta mañana agentes de la Guardia Civil se han personado en la finca pública Somonte para advertir del inminente desalojo. El SAT exige la retirada de la denuncia y lamenta que el PSOE escoja el camino de la represión en vez de negociar la cesión de estas tierras públicas para que sean explotadas por las personas en paro de la comarca.
Esta mañana agentes uniformados de la Guardia Civil se han personado en la finca para avisar del inminente desalojo de la misma en cumplimiento de la orden emitada por el Juzgado. Ante esta amenaza, la Asamblea de Jornaleros-as ha decidido quedarse en la finca y llaman a la solidaridad con la ocupación.
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La finca fue ocupada el pasado 4 de marzo por unos 500 jornaleros y jornaleras en paro de los alrededores. Desde ese momento se han realizado obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego, la creación de un gallinero, etc.
La finca de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío no estaba dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dicha venta hubiera significado que sus compradores, banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel, transgénicos, etc.) sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo. Al mismo tiempo 1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza. El SAT se reunió con la Consejería de Agricultura para intentar una vía de negociación que evitara la venta de esta finca pública y la cesión del uso y explotación de la misma por cooperativas de jornaleros y jornaleras, un modelo exitoso que está garantizando el pleno empleo en localidades como Marinaleda. El SAT lamenta que la Junta de Andalucía haya optado por la vía de la represión en vez de explorar un camino de dialogo que hubiera llevado a resolver el problema del desempleo en una de las comarcas más castigadas por este drama. |
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