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El fotoperiodista Gervasio Sánchez, mientras recogía el premio Ortega y Gasset de fotografía en 2008, se atrevió a llamarlos «exportadores de la muerte». Se refería a países que venden armamento a otros que están en guerra. La guerra es la forma más antigua de relación entre estados, y también la más condenada y evitada por la comunidad internacional. Pero las armas con las que se hace son un negocio muy rentable para los países que las exportan.

 

En 2011, España ingresó 2.431,2 millones de euros por la venta de material de defensa, un récord histórico —supone un aumento del 115,5% respecto a 2010— según el informe sobre exportaciones de material de defensa y tecnologías de doble uso presentado por la Secretaría de Estado de Comercio ayer en el Congreso.
 

En los ocho años en los que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo al frente del Gobierno las ventas de armas se multiplicaron por seis. Se trata de una buena fuente de ingresos que, en momentos de crisis económica, corre el peligro de aumentar.
 

Así lo han denunciado las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la coalición española de «Armas bajo control» —Amnistía Internacional, Greenpeace o Intermón Oxfam, entre otras—. Las ONG han alertado del peligro de que la crisis sirva de excusa para dejar de cumplir la Ley sobre Comercio de Armas, que en su artículo 8.1 establece que no se podrán autorizar exportaciones de armas cuando «puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y a la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos».

 

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso para presentar las estadísticas de exportación y defendió que España dispone de una de las mejores legislaciones del mundo en materia de comercio de armas y el procedimiento de autorizaciones es «extremadamente riguroso y efectivo».

 

Según recogía Efe, García-Legaz aseguró que al Gobierno «no se le pasa por la cabeza relajarse sea cual sea la situación económica» en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armamento.

Sin embargo, la principal denuncia de las ONG es la venta de armas españolas a Arabia Saudí (14 millones), Jordania (2,6 millones), Marruecos (1,5 millones) Egipto (69,83 millones) y Bahrein (6,3 millones) durante la «Primavera Árabe», lo que supone que España exportó armamento a países donde pudo «ser utilizado para cometer graves violaciones de derechos humanos».

Los grupos parlamentarios coincidieron en esta crítica, poniendo el acento en el caso de Libia. El secretario de Estado recordó que en febrero de 2011 se revocaron dos licencias de exportación al entonces régimen de Gadafi, debido a la represión que ejerció contra la población Libia. El informe de «Armas bajo control» valora positivamente estos avances, pero asegura que siguen existiendo fallas en la transparencia de los datos sobre comercio exterior de armas.
 

Por ejemplo, solicita que estadísticas como las presentadas ayer se hagan públicas con mayor antelación. En esta ocasión, los distintos grupos parlamentarios poseían el informe tan solo una semana antes de la comparecencia de García-Legaz.

 

Por último, las ONG muestran su preocupación por la decisión del Consejo de Ministros, anunciada el pasado viernes 25 de mayo por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de apoyar con dinero público las exportaciones de armas españolas a través de créditos ICO y de suscribir «contratos Gobierno a Gobierno» para la gestión de programas de material de defensa con destino a la exportación. El miedo de «Armas bajo control» es que este impulso gubernamental a la venta de armas «coloque los intereses comerciales por encima de la preocupación por los derechos humanos». Por ello, piden al Ejecutivo que cualquier operación de este tipo «se ajuste escrupulosamente a la normativa vigente».
 

La ansiada regulación internacional efectiva del comercio de armas puede llegar en julio de este mismo año. La ONU ha convocado a los países miembros a negociar en Nueva York el texto de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA).

 

García-Legaz aseguró que el Gobierno apoyará la aprobación de este Tratado y mostró su compromiso con que el uso y comercio irresponsable e ilícito de armas sea erradicado.