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A las once de la noche del sábado, 10 de octubre, más de mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y militares han invadido las instalaciones de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La acción ejecutada visaba imponer, a la fuerza, lo que la firma del presidente Felipe Calderón (PAN) legalizaba en la ley: 44 mil trabajadores sumariamente despedidos, desde el decreto publicado en el Diario Oficial en la primera hora del 11 de octubre, mero domingo.

Se justificaba el corte de vagas por la “adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país”. Por su fuerte ligación con los EEUU – se van 15 años del Nafta, responsable por el rebasamiento de salarios en la región, México es uno de los países más afectados por los efectos de la crisis económica mundial. Las previsiones para el 2009 son de queda de 8% en el PIB. Solamente en el segundo semestre el derrumbe fue de 10,3%. Son más de 1 millón de trabajadores despedidos en este año. Datos oficiales apuntan para el 75% de desempleados y subempleados (informales). Todavía, Calderón no se ha olvidado de decir algo sobre los electricistas, ahora nuevos desempleados, en el decreto. Se les ofreció “indemnizaciones correspondientes”.

Para que se creara un clima de aversión a los obreros de LyFC, los medios de comunicación y la administración estatal han promovido una campaña de desmoralización de la categoría. Lo que no se decía, sin embargo, es que la gestión precaria de la empresa era de responsabilidad del gobierno, no de los trabajadores.

La dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por su vez, no preparaba a los obreros para la lucha que venía. Aparentemente estaban más preocupados con sus mismos empleos y el mantenimiento de la corrupción en la estructura sindical, pues la gran lucha hasta ese momento era la lucha por el reconocimiento de las elecciones del gremio (con sospecha de fraude). Mientras el temor por la pérdida de los empleos avanzaba, el comunicado oficial del día 7 decía, de manera obediente: “somos trabajadores responsables y comprometidos con nuestra empresa”.

Crisis de la dirección

Después de concretizada la desgracia de la eliminación de los empleos de los trabajadores, el SME empezó a actuar. La dirección, bajo el comando del obradorista Esparza Flores (PRD), volvió sus esfuerzos en acompañar en el parlamento y las cortes judiciales la disputa por la cancelación de la extinción de LyFC. Luego de las primeras horas, ha apelado hacia la inconstitucionalidad de la medida y diseñado una “batalla legal”, mientras que miles de ex empleados protestaron frente del Departamento federal de Gobernación.

El candidato derrotado a la presidencia en 2006, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó el momento para canalizar la ira en torno a su liderazgo personalista, apoyando una gran campaña contra la ilegalidad de la medida. El PRD, al cual pertenece, se movía en el Congreso y el Senado para legitimar su postura de “oposición de izquierda institucional”.

La fuerza de la movilización de los electricistas en realidad sólo se sentiría el quinto día, cuando 300 mil salieron a las calles en un acto en defensa de los puestos de trabajo. Bajo presión, el gobierno de Calderón llama el SME a la mesa de negociación, que terminó abandonada por el sindicato.

En el último período, organizaciones sindicales, estudiantiles, populares y políticas intentan formar una Asamblea Nacional de Resistencia Popular, que tendría su primera reunión en el día 24/10. El foro prometía un acuerdo político que pondría las masas en movimiento para luchar contra las dimisiones en LyFC y el aumento de los impuestos.

¿Qué hacer?

Probada una vez más la incapacidad demostrada por el Estado burgués para proporcionar condiciones mínimas de supervivencia de la clase obrera, los principales grupos de izquierda en México – lamentablemente – presentan como principales demandas la lucha con perspectiva de fortalecer la misma estructura de dominación de clase. Como se ha señalado por diversos sectores de la izquierda, detrás de las medidas del gobierno está el interés en la privatización del servicio eléctrico de todo el país.

Sin embargo, se recordará el escrito de Marx en el Manifiesto del Partido Comunista. Ya en 1848, puso él, “El Estado moderno no es sino un comité de asuntos administrativos de la burguesía”.

Es, pues, un error que la dirección de la revuelta de los electricistas del SME y de los demás millones de trabajadores subempleados y desempleados de México se vaya a la lucha por una medida estatista. Lo que demuestra el cierre de LyFC y la política traidora del sindicato es que, frente a la terrible situación que está sujeta la clase en el país, la alternativa es la auto-organización de los trabajadores en una defensa intransigente por condiciones de trabajo y por una existencia digna. ¡“Empleo y sueldo”!, es el lema único que puede movilizar a los electricistas y todos los que son atacados por los efectos de la crisis del capitalismo agonizante.

Frente a los ataques del gobierno y las traiciones de los dirigentes sindicales y políticos, la clase obrera mexicana debe confiar apenas en sus propias fuerzas. A continuación, la rebelión de la clase se materializará utilizándose de los métodos radicales apropiados para imponer, tal como lo anunció Marx en el capítulo XIV de El Capital, la “expropiación de unos pocos usurpadores por la masa del pueblo”.