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El 14 de agosto de 2010, numeroso contingente de funcionarios de la
Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile con sus distintas
brigadas realizaron allanamientos en 17 domicilios de las ciudades de
Santiago y Valparaíso.En dichos allanamientos, fueron detenidas 14
personas, las que al día de hoy continúan en la cárcel o con libertad
condicional. Varios de ellos, en prisión preventiva, se encuentran en
su día 24 de huelga de hambre contra los vicios del proceso judicial
que los mantiene encarcelados.

Esta situación se enmarca en la decisión del Fiscal Alejandro Peña de
provocar un efecto en la ciudadanía haciendo aparecer a los jóvenes
detenidos y las familias que sufrieron allanamientos como “terroristas”,
basados y amparados en la Ley antiterrorista, actualmente vigente en el país,
con origen en la dictadura, implementada y perfeccionada por los
gobiernos concertacionistas.

Han pasado más de 6 meses desde estas detenciones, y aún no existe una
sola prueba que demuestre que hubo colocación de artefactos explosivos
por parte de los detenidos, que es la acusación principal sostenida
por el Fiscal Peña.

En los allanamientos hubo extrema violencia, con ingreso a los
domicilios rompiendo puertas, con policías armados, haciendo uso de
cámaras de videos, vulnerando la intimidad y amenazando a las personas
que allí se encontraban, sin importar la presencia de niños y niñas y
de mujeres embarazadas. Hubo también amenazas que recuerdan el pasado
reciente en dictadura militar, como: “quédate tranquilo, porque si no
ya sabes lo que te va a pasar…”. Fueron violentados incluso los
dormitorios de los niños y niñas, revisaron sus pertenencias,
llevándose fotografías y juguetes de ellos y ellas, permaneciendo
entre 4 a siete agentes por horas en los domicilios. Es importante
mencionar que las casas de los familiares más directos, también fueron
parte del procedimiento de ese día. Siendo distintos enseres
incautados, como computadores, maquinas fotográficas, impresoras,
scanners, bicicletas y ropa, sin que hasta el momento hayan sido
devueltos. Mientras que las puertas derribadas y los daños a los
inmuebles no fueron reparadas por quienes los ocasionaron.

Desde ese mismo día 14 de agosto, familiares, amigos y amigas de las
personas que sufrieron allanamientos han sido víctimas de seguimientos
policiales, intervenciones de sus teléfonos y de sus correos
electrónicos, e incluso sus teléfonos celulares son cargados
misteriosamente para que continúen estableciendo contacto con su mundo
relacional.

A menudo a través de la prensa oficialista salen artículos donde se
dice que serán detenidas más personas,  y las redes más cercanas se
empiezan a preguntar “¿Seré yo, esta vez, a quién le tocará vivir la
prisión?” No se sabe de donde provienen esos rumores, pero si
conocemos, ciertamente, lo que hay detrás de ellos: tratar de
paralizar, inmovilizar y aislar a estos grupos de personas.

El gobierno se ha hecho un lado, dejando con total impunidad el actuar
de las policías y de los fiscales, que en el caso del Fiscal Peña, lo
han elevado a un rango de poder omnímodo, decidiendo la libertad o la
prisión de personas que solo por el hecho de haberse manifestado en
causas sociales de carácter estudiantil, mapuche, de viviendas, han
sido castigadas con el poder del sistema.

Lo peor es que no importa si la persona es culpable o no, pues el
mensaje es mostrar a la sociedad eficiencia y eficacia en el combate a
lo que consideran actos terroristas. Ese discurso lo conocemos bien.

Es por ello que familiares de los detenidos el pasado 14 de agosto,
junto a las personas que fueron allanadas ese mismo día y a organismos
de derechos humanos, hacen un llamado al Poder Judicial para que estos
hechos sean investigados, dado que constituyen uso abusivo de la
fuerza, de manera reiterada, aplicada contra un grupo específico de la
población, y a que el juicio que en su momento se realice contra estos
jóvenes sea con respeto irrestricto a las garantías del debido
proceso. Siendo inadmisible que, en un estado de derecho, exista
sobre ellos este nivel de hostigamiento, persecución, amedrentamiento
y discriminación.

Santiago, lunes 14 de marzo de 2011.-