El jueves 21 de octubre la policía, en lo que parece un montaje o un intento de amedrentar a la disidencia, detuvo en sus casas o a la salida del trabajo a sindicalistas y miembros de los movimientos sociales de Córdoba y Sevilla, a raiz de la huelga general del 29S. Desde la mañana del 21 de octubre, en Córdoba y Sevilla, se ha dictado orden de búsqueda y captura contra un alto número de personas que participaron -y que no- en piquetes informativos durante la huelga general del 29 de septiembre.
Se confirma que en Sevilla la policía dispone de un listado de 18 personas "en busca y captura", a la vez que se confirma que algunas de ellas estaban en el extranjero el 29 de septiembre, luego ha sido una selección indiscriminada a partir de ficheros y cámaras de "seguridad." A estas personas se les acusa de atentado a la autoridad policial por los sucesos ocurridos durante la labor de los piquetes informativos la mañana del 29 de septiembre en las puertas del rectorado de la Universidad de Sevilla. Hubo tensiones con un grupo de policías nacionales, que acabaron en varias cargas, muchos piquetes contusionadxs, un policía herido, un piquete detenido, varios multados, y con la policía entrando ilegalmente en el recinto universitario. Irónicamente, el rector declaró en los medios que la policía no entró en la universidad.
Al igual que ha ocurrido en otras ciudades del Estado, como Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba o Bilbo, la policía está ejecutando órdenes para criminalizar a las voces que claman por la justicia social. Esto no sorprende, tanto en cuanto la criminalización sistemática ha sido una táctica descaradamente empleada por medios de creación de opinión y voceros políticos en las postrimerías de la huelga general del 29S. Siguen con su juego "democrático".>>>
Concentración en defensa de la autonomía universitaria y contra la represión policial en la Universidad de Sevilla: miécoles 27 de octubre
