PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

El sábado fuimos al encuentro de Zapatero y Grinán
 
Ahora es el momento de sumarnos a todas las iniciativas que cosideremos, para
hacernos ver y parar o modificar esto antes de que empiece a rodar y sea
demasiado tarde.
 
Este Decreto favorece la privatización del sector público.
 
 
 
La Oferta de Empleo Público de la Junta se reducirá progresivamente y serán
las agencias las que marquen las necesidades de personal. El Consejo Rector de
cada agencia será libre para marcar su política de personal e incremento de
plantilla.
 
 
 
El personal laboral pasa de laboral fijo a indefinido.
 
 
 
El personal funcionario en teoría se integraría voluntariamente en estas
nuevas agencias, como personal laboral, quedando en situación de excedencia
por prestación de servicio.
 
 
 
El personal que se integre se equiparará a los contratados que ya existen en
las Agencias y Empresas Públicas, sin tener en cuenta que el personal de la
Administración General de la Junta de Andalucía, tuvo que superar procesos
selectivos y concursos publicados en BOJA en el acceso a la Función Pública,
bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.
 
 
 
Se regulan las nuevas Agencias Públicas Empresariales (APE) y las Agencias de
Régimen Especial (ARE), además de las ya existentes Agencias Administrativas
(que aparecían ya reguladas en la Ley de Presupuestos de Andalucía de 2008).
 
 
 
En una primera fase se pondrán en funcionamiento tanto APE como ARE en enero
de 2011. En una segunda fase, tal y como recoge el Decreto, se pondrán en
marcha las Agencias Administrativas que integrarán a los organismos autónomos
(antes de que acabe la legislatura de Griñán), entre ellos el IAJ.
 
 
 
La Agencia de Dependencia y Servicios Sociales, dependiente de la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social, funcionará en enero de 2011 como APE. Se
integra la Dirección General de Menores, Mayores y Drogodependencia, así como
el personal externo, contratado por las fundaciones Fadais y FAES. También
comenzará a funcionar la Agencia del Agua y del Medio Ambiente.
 
 
 
En principio, el personal laboral de los servicios centrales de la Consejería
de Igualdad se queda en la Consejería, y a los funcionarios se les ofrecerá la
posibilidad de integrarse en la Agencia de Dependencia.
 
 
 
El funcionario que pase a la Agencia de Dependencia quedará en una situación
de "excedencia" por prestación de servicios, ya que al integrarse en la
agencia tendría que laboralizarse. El funcionario de cuerpos generales tendrá
más posibilidades de reingresar a la Junta que los de cuerpos específicos.
 
 
 
La Agencia del SAE (que también integra a la Fundación FAFE) funcionará en
enero de 2011 como ARE, al igual que la de Agricultura. Ello significa que
asume potestades administrativas y con ejercicio de autoridad. La Agencia
Tributaria de Andalucía también es ARE.
 
 
 
En las ARE tanto los funcionarios como los laborales pasan a las mismas
obligatoriamente ("sí o sí"). En las APE sí se les ofrece a los funcionarios
la voluntariedad (elegir si se integran o no), pero al laboral no, su
integración es obligatoria. El funcionario estará en situación de excedencia.
 
 
 
En las APE a los funcionarios se les ofrece la posibilidad de integrarse o no.
Los que se integren tendrán muy reducidas sus posibilidades de traslado.
 
 
 
Tanto en las APE como en las ARE y en las Agencias Administrativas habrá un
Consejo Rector, con órganos de dirección. Marcará las líneas de política de
personal y las condiciones retributivas que establezca cada agencia. Dichas
agencias tendrán también sus direcciones provinciales.
 
Se trata de un nuevo modelo de administración pública, donde se tiende a la
fragmentación administrativa donde cada agencia funcionará de forma autónoma,
como empresa privada, pero con capital público. "Andalucía es la única
comunidad autónoma que se ha a atrevido a remodelar el sector público de una
manera tan atentatoria contra los derechos de los empleados públicos".
 
 
 
Cada agencia tendrá su propio convenio colectivo (ya no se aplicará el VI
Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía). Transitoriamente será de
aplicación el VI Convenio, hasta que cada agencia disponga de su propio
convenio y sus estatutos.
 
 
 
El personal laboral fijo de la Junta de Andalucía que se integre en estas
agencias pierde su condición de fijo y se convierte en indefinido (al igual
que el resto de externos y contratados que también trabajarán con los
laborales y funcionarios). Ello supone una mayor inseguridad jurídica y mayor
facilidad para el despido.
 
 
 
El personal laboral integrado en las agencias tendrá la oportunidad, en 5 años
de volver a la Junta de Andalucía, a través de concursos de traslados.
 
 
 
Al personal funcionario se le contará el trabajo desarrollado a la hora de
volver a la Junta de Andalucía. El reingreso lo tendrán más fácil los cuerpos
de Administración General.