La torre, el alcalde y la mediateca...: ¡ver para creer!

Sorprendente (¿o no tanto?...) cambio de postura de Zoido ante la Torre Cajasol, de la que cada día parece más resuelto a hacer un trágala.

Las últimas declaraciones del alcalde de Sevilla han colmado el vaso de nuestra paciencia y superado, negativamente, lo que podía esperarse de él. Aunque, si bien no deja de sorprender, la verdad es que si repasamos en los medios de comunicación cómo ha evolucionado su postura para con el rascacielos era para temérselo:
  

• Durante la campaña electoral de las municipales prometió revisar escrupulosamente las licencias buscando que fueran irreprochables. ¿Se buscaron acaso unos técnicos imparciales que las analizaran, como dicta la lógica, nosotros sugerimos y el nuevo Delegado de Urbanismo nos prometió? Nada de eso se hizo. Al contrario, el alcalde se apresuró a darlas por buenas, más por temor a unas más que discutibles indemnizaciones que por un análisis riguroso del caso, a la vista del cúmulo de irregularidades que nuestros técnicos habían detectado y que ya le habíamos puesto de manifiesto mediante escrito.
• El anterior gobierno municipal paralizó los recursos contencioso-administrativos contra las licencias presentando una cuestión previa de inadmisibilidad, en cuya resolución han tenido hasta la fecha entretenidas a sus señorías. Cuando, en la única audiencia concedida hasta ahora a esta plataforma por los actuales gobernantes, señalamos que ese movimiento legal retrasaría el pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, el Delegado de Urbanismo se comprometió a retirarla para que, lo antes posible, se produjera ese pronunciamiento. No se cumplió la promesa, y el resultado es que el TSJA no ha entrado a analizar la legalidad de las licencias y ha desestimado el recurso por un aspecto formal, muy discutible, por otra parte.
• En septiembre pasado le dirigimos un escrito requiriendo al ayuntamiento para que iniciara el trámite de Declaración de Lesividad de la licencia; un procedimiento reglado en la legislación vigente para casos como el presente en que, tras conceder una licencia, se advierten de posibles consecuencias negativas para la ciudad. No sólo no se ha iniciado el procedimiento sino que ni siquiera se ha acusado recibo del mismo ni se ha contestado a nuestro requerimiento.
• El alcalde se comprometió a respetar, y obrar en consecuencia de lo que estableciera el informe que la “misión reactiva” de Icomos presentara tras su visita de noviembre pasado. A la vista está en qué ha quedado su compromiso.
• Tras la publicación de dicho informe le ofrecimos públicamente nuestra colaboración y asesoramiento técnico y jurídico para afrontar el problema; incluyendo el de la pretendida indemnización multimillonaria que los promotores blanden y el alcalde parece haber dado por cierta. No nos ha respondido ni, tampoco, concedido ninguna de las audiencias que se han solicitado al respecto.
• La actitud dilatoria y obstruccionista que ya sufrimos del anterior equipo de gobierno municipal también la estamos sufriendo con el actual, como se constata en relación con el recurso judicial actualmente en curso, al estarse dificultando la consulta de determinados expedientes municipales, esenciales para dilucidar sobre la legalidad de las licencias.
• Durante su larguísima precampaña electoral de cinco años, el Sr. Zoido repitió hasta la saciedad que cuando el fuera alcalde todo sería transparencia, honestidad, legalidad, buen gobierno, participación y bla, bla, bla. Pero, al menos en este asunto y los aspectos referidos, no se aprecian diferencias entre los actuales gobernantes y los anteriores.

• No importa que incumpla la normativa de Seguridad Aérea, como venimos denunciando hace ya más de dos años.
• No importa que Icomos denuncie que afecta a los Monumentos sevillanos declarados Patrimonio Mundial.
• No importa que la Junta de Andalucía reconozca que la edificabilidad de la licencia excede la permitida por el PGOU.
• No importa que la Junta de Andalucía reconozca que se han reducido las zonas verdes y los equipamientos exigidos por el PGOU.
• No importa que los “edificios podio” excedan la longitud máxima establecida en el propio Plan Especial.
• No importa que las licencias se hayan concedido antes de la aprobación y publicación del proyecto de urbanización como exige la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• No importa que la altura prevista exceda en diez veces la permitida por el PGOU.
• No importa el cúmulo de irregularidades, cuando no manifiestas ilegalidades que se desgranan en los más de 100 páginas de nuestro Libro Negro de la Torre Pelli, colmado de razones y argumentos (que nadie hasta ahora ha rebatido) para la paralización cautelar.