Manifestación andaluza en defensa de los servicios públicos y contra la privatización (Sevilla)

22 de Enero, 12.00 h., Palacio de San Telmo (Sevilla), MANIFESTACIÓN ANDALUZA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

[TEXTOS QUE AYUDAN A ENTENDER]

- "Neoliberalismo a la andaluza", por Auxiliadora Honorato y Sergio Pascual

- "Por una Andalucía libre de enchufismos", por Borja Romero

[VIDEO]

- Rueda de prensa presentación de la manifestación

[MANIFIESTO DE LA CONVOCATORIA]

POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, NO A LA PRIVATIZACIÓN

Hace casi seis meses desde que el 28 de julio de 2010 se publicó en el BOJA, bajo la forma de un Decreto-Ley, la Reordenación del Sector Público Andaluz. El Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo el pretexto de una supuesta “reordenación” de la Administración pretende la mercantilización y posterior privatización de los servicios públicos. Lo intentó primero mediante Decretos-Leyes (5 y 6/2010); aplicándose y en vigor, y ahora con la tramitación de éstos como Proyecto de Ley.

Con este modelo que pretenden imponer, se vulnera la transparencia y la independencia de la gestión pública.

Se ataca, en primer lugar, a la ciudadanía que pierde, en el tratamiento de los procedimientos administrativos, garantías de imparcialidad y objetividad, y que verá cómo algunos de dichos procedimientos, tan cruciales como la asignación de ofertas de empleo, la selección de residencias para la tercera edad, la elección de colegio, la recepción de la pensión no contributiva o la tramitación de subvenciones, pasan a depender del arbitrio de una empresa cuya dirección está fuertemente partidizada.

Se ataca, en segundo lugar, a quienes opositan y optan legítimamente a su derecho de acceso al empleo público, porque el acceso a la función pública, con el surgimiento y desaforado crecimiento de la Administración Paralela, se está viendo y se va a ver drásticamente limitado.

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Y, en tercer lugar, se ataca a los trabajadores y trabajadoras del sector público andaluz -ya sean funcionarios de carrera o interinos, laborales (fijos, temporales o eventuales)- dado que se limita la movilidad geográfica y la promoción. No habrá durante muchos años Ofertas de Empleo Público o serán raquíticas y se propicia y facilita el futuro despido colectivo, creando mayor inestabilidad laboral y perpetuándose situaciones de precariedad y desigualdad, hoy existentes.

No queremos un modelo de reordenación que legalice situaciones irregulares. Al crear la figura de las agencias empresariales y especiales se ha pretendido y se pretende seguir derivando a éstas las funciones y la prestación de los servicios públicos. Con ello se continuarán vaciando de competencias a las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía y de funciones a los empleados públicos, funcionarios y laborales, legítimos detentadores de dichas competencias.

A modo de ejemplo, dos acontecimientos recientes que entendemos ilustran hacia dónde nos dirigimos: hacia un modelo de administración “a la inglesa” en la que despedir a 500.000 trabajadores y trabajadoras públicos es un mero trámite. Y hacia un proceso de privatización encubierta, como ha sucedido con AENA, que ha sido, mediante Decreto, privatizada de la noche a la mañana, demostrando una vez más qué nos depara el futuro con el modelo de las agencias (llamado Agencialización).

Nuestra Comunidad Autónoma precisa de una profunda reordenación del Sector Público, efectivamente, pero nosotros queremos un modelo de reordenación SIN AGENCIAS ni cualquier otra fórmula de Administración Paralela ni de gestión privada.

Queremos que no se lesionen ni nuestra dignidad, ni nuestros derechos constitucionales como ciudadanos, como empleados públicos y profesionales de la Administración.

Queremos que se adapten las Relaciones de Puestos de Trabajos a las necesidades de gestión y prestación de servicios, aumentando así las Ofertas de Empleo Público a las que todo ciudadano pueda acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, con procesos selectivos de concurrencia competitiva con publicidad, de acuerdo con el Art. 23.2 de la Constitución Española.

No queremos un modelo de reordenación que les dé más poder a los medios y altos cargos, a la cúpula de esos entes instrumentales de la Administración Paralela, que se escapa del control político y financiero del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, respectivamente.

No queremos que se fomente la Administración vertical con intereses partidistas y que, a golpe de “ordeno y mando”, de arriba a abajo, se presione a los empleados públicos, que son despojados de herramientas jurídicas para ejercer su imparcialidad, neutralidad y objetividad.

Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos.

No queremos un modelo de reordenación que destruya puestos de trabajo estables y convierta a la Administración Pública en un nuevo nicho de empleo precario.

No queremos un modelo de reordenación que fomente la pérdida del control sobre el gasto público.

Queremos un servicio público sin despilfarro y que conserve el patrimonio de todas las personas que somos andaluces y vivimos en Andalucía.

El afán neoliberal de achicar el estado y mercantilizar los servicios es lo que hay detrás de estas medidas que suponen un golpe de gracia a la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Es por ello por lo que exigimos la derogación de los Decretos 5 y 6/2010 y la paralización del actual trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Reordenación, al que consideramos un mal clon de los anteriores.

Los cambios necesarios no son éstos. Salimos a la calle a exigir que se siga el cauce y trámite legal y reglamentario de todo Proyecto de Ley, que incluye, por imperativo legal, un amplio debate ciudadano donde participen, a través del correspondiente trámite de audiencia, todos los sectores implicados: Plataformas de Empleados Públicos y de Opositores, Asociaciones, Sindicatos, trabajadores y trabajadoras de la Junta, y ciudadanía, de cara a una reforma de la Administración que garantice los derechos de todos.

SIN EMPLEADOS PÚBLICOS NO HAY SERVICIOS PÚBLICOS
Y SIN SERVICIOS PÚBLICOS PASAMOS DE SER
CIUDADANOS CON DERECHOS A SER CLIENTES