Boletín Junio-Septiembre

Editorial: Preocupación por la suspensión del servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía.
 
La asociación Grupo 17 de marzo urge al Gobierno a restablecer el servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía. Este servicio, que venía prestándose en Andalucía gracias al convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se suspendió el pasado 30 de abril de 2012, al estar pendiente la renovación del acuerdo por parte del Ministerio del Interior.
 
Se trata de un servicio de orientación jurídica para las personas presas, que se viene prestando en diversas partes del Estado español desde hace más de 15 años. Su existencia se debe a la presión ejercida en su día por movimientos sociales y de familiares comprometidos con la defensa de las personas presas. Y es, que no se puede comprender la importancia de este servicio sino se conoce la verdadera situación de las cárceles españolas, muy alejadas de esa imagen estereotipada y maliciosamente falsa que suelen desprender los comentarios como el emitido por el último Secretario General de Instituciones Penitenciarias Ángel Yuste: “Por ejemplo, que haya una piscina cubierta y climatizada en un centro penitenciario, o televisiones de plasma en las celdas. No creo que eso lo tengan que pagar los ciudadanos” (El Mundo, 28/05/2012).
Comentario que evidencia un gran desconocimiento de lo que es la realidad penitenciaria en Andalucía. Cuando el ciudadano entra como preso en una cárcel, deja de disfrutar de libertad y se convierte en un sujeto tutelado por la Administración penitenciaria bajo una relación llamada especial. Esto significa, que ha de obedecer, cumplir con el estricto régimen penitenciario, trabajando sin cotizar, sin derechos laborales y recibiendo un salario ínfimo por su trabajo.
 
En general, las cárceles españolas están saturadas entorno a un 41’1 % por encima de su capacidad. Existe hacinamiento y limitación de recursos. La alta tasa de mortalidad en las prisiones sitúa a España en el tercer puesto europeo con 45 muertos por cada 10.000. Tampoco la inversión económica destinada por cada preso es de las mejores de nuestro entorno (mientras que en España no cifra no llega a 50 euros al día en países como Alemania, Italia o Irlanda el gasto supera los 100 euros). Un 60% de la población reclusa sufre por Hepatitis C o VIH. Es habitual saber de cortes de suministros. Y los servicios de enfermería en las prisiones son tremendamente escasos e insuficientes, dedicados casi en exclusiva a sufragar metadona y antidepresivos. Y sin embargo, lo que se comunica desde las autoridades políticas es que hay que suspender un servicio de orientación jurídica y recortar gastos. No hablamos de reducir días de guardia de los Letrados en prisión, sino de eliminar directamente todas las visitas de estos profesionales a los internos. Esto supone que las personas presas sin recursos, que suponen la inmensa mayoría, ha dejado de contar con Letrados de Oficio especializados en asuntos penitenciarios que todas las semanas les visitaban en prisión. En la práctica, ¿Qué funciones tenían los Letrados en prisión? Pues las funciones y tareas eran múltiples y diversas: informar sobre la situación procesal de los internos, solicitar traslados por causas familiares, reclamar el tercer grado o la libertad condicional, recurrir las sanciones impuestas a los presos, revisar las condenas, denunciar los malos tratos, recurrir la denegación de permisos, etc.
 
Actualmente, estas personas, ya de por sí en especial estado de vulnerabilidad, se han quedado total y absolutamente desprotegidas ante una administración que a día de hoy tiene todo el poder casi sin posibilidad de réplica, pues los internos ya no cuentan con esa certeza y seguridad con la que llevan contando diez años en Andalucía, de que una, dos o tres veces por semana, acuda un profesional del derecho a escucharle, orientarle, informarle sobre sus derechos, prepararle un escrito o una solicitud o interponer una denuncia en su nombre.
 
Desde el Grupo 17 de marzo, esperamos y reclamamos que el servicio jurídico de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía se reanude a la mayor brevedad posible, pues cada día que pasa significa un día más en que los presos se ven privados de sus derechos más elementales, como es el derecho a la defensa.

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