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Según lo anunciado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados y su intención de realizar una reforma legal del Código Penal para criminalizar los actos de protestas y tras los acontecimientos de violencia policial ocurridos recientemente en Valencia, Barcelona, Madrid, Cádiz…, así como en Bilbao, con resultado de un joven muerto por un disparo de bola de goma por parte de la Policía, las entidades abajo firmantes hemos realizado un manifiesto por las libertades políticas fundamentales de la ciudadanía y una campaña de recogida de firmas de apoyo de entidades y personas además de enviarle al sr. Ministro del Interior el manifiesto a través de OIGAme y ACTUABLE CHANGE

MANIFIESTO POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE LA CIUDADANÍA

Venimos constatando, por desgracia desde hace demasiados años, la utilización de las instituciones del Estado por parte de ciertas personas, partidos o grupos tanto para su propio beneficio como para beneficiar a bancos y grandes empresas principalmente, traicionando la propia esencia de aquellas y vulnerando muy gravemente, no sólo nuestra tan renombrada Constitución, sino también los Pactos Internacionales firmados y ratificados (que por tanto forman parte de nuestro Ordenamiento Jurídico) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…

Por ello, recordamos que:
 

1.- Cuando los recursos de tod@s se destinan al beneficio exclusivo de aquellos mismos que los han malgastado y despilfarrado, a costa del sufrimiento y empeoramiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría, se están cometiendo múltiples atentados y delitos.

2.- Actuar como “autoridad” obliga a cumplir la ley antes de hacerla cumplir. Si esto no es así, no sólo se pervierte el propio sentido de la autoridad, sino que se pierde por completo. Una obligación esencial de la autoridad que pretenda ser tal es velar por el cumplimiento del artículo 10 de la Constitución, a saber: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”.

3.- Las “Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, según la “Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, deben: “Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico” (artº 5.1) e “Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral” (artº 5.2ª). Las “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” no pueden, por tanto, ejercer de cualquier modo el “monopolio de la violencia” que se les concede. Así, cuando algunos políticos usan a la policía para defender intereses particulares, partidistas o plutocráticos, en contra de los principios más básicos del Estado de Derecho, se está cayendo en actos graves de ‘corrupción’ política.

Por ello, entendemos que no es posible la imputación por delitos contra la ‘autoridad’ cuando, como hemos visto, esta potestad se ve traicionada y corrompida con actos o directrices políticas contrarias a los principios más básicos del Estado de Derecho.

4.- Rechazamos la intención del ministro del interior de querer convertir en delito las protestas y resistencias pacíficas. Como servidor público su obligación es precisamente cumplir esos principios constitucionales y no pretender adecuar la ley a intereses indefendibles. Muy indignados e indignadas, le recordamos al ministro cómo los policías llamados “antidisturbios”, con escasa profesionalidad han actuado recientemente en Valencia, Barcelona, Madrid, Cádiz, etc., así como en Bilbao, con resultado de una persona muerta por un disparo de bola de goma.

Muchas personas –estudiantes, profesionales, trabajadores con o sin empleo, gentes de toda clase y condición- vemos cómo la sensación de indefensión y desprotección es directamente proporcional a la sensación de impunidad de que algunos cargos públicos -políticos y policiales-, entre otros –reciente amnistía fiscal– parecen gozar, al tiempo que se están produciendo demasiados casos de ensañamiento y alevosía en el “cumplimiento de órdenes” por parte de la policía. Se está actuando contra la integridad física y moral de la ciudadanía, haciéndolo además con abuso de superioridad, y obrando con abuso de confianza y de su carácter público… (artículo 22 del Código Penal).

y 5.- Por ello y por todas las razones expuestas, y especialmente por esas evidencias, sea de los delitos, sea del dolor, sufrimiento y humillación que han experimentado y siguen experimentando tantas personas como consecuencia de tales actuaciones, los ciudadanos y ciudadanas y organizaciones abajo firmantes pedimos a las instituciones del Estado de Derecho y a sus servidores –ministros, parlamentarios, senadores, autoridades públicas en general…- y especialmente a todo el ámbito del poder judicial -fiscales, jueces, magistrados, abogados…- que cumplan con su obligación y su misión de defender los más elementales principios de legitimidad y defensa de los Derechos Humanos.

Todos, ciudadanía, juristas, políticos, profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debemos rechazar la pretensión irresponsable del Ministro de Interior sr. Jorge Fernández de regresar a un concepto y una práctica del “orden público” completamente antisocial y antidemocrática.
 

Entidades firmantes

 Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía: Ecologistas en Acción de Andalucía, Confederación General del Trabajo-Andalucía, Noviolencia Ahora (Jerez), Casa de la Paz de Sevilla (Mujeres de Negro, Alternativa Antimilitarista Moc Sevilla y REDPAZ), AHIMSA (Málaga), MOC-ELAIA (Puerto de Sta. María), Madres contra la Droga ANDAD (Jerez), RANA (Algeciras).
 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A).
 Asociación para la Solidaridad y la Paz de Andalucía (ASPA).
 Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza (USTEA).