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La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de oficio a 16.300 personas presas
Enviado por indígena el Jue, 03/05/2012 - 19:27.El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos, ha tenido conocimiento que la Junta de Andalucía ha suspendido el Servicio de Asistencia y Orientación Penitenciaria en Andalucía. El motivo, según la Junta de Andalucía viene motivada por los condicionantes económicos impuestos por el Gobierno Central a causa de la situación de crisis económica en la que estamos inmersos. Desde el Grupo 17 de Marzo consideramos que cada día que se tenga suspendido el Servicio se están vulnerando derechos fundamentales de las personas presas, entre ellos el derecho a la defensa que viene recogido en la Constitución española. Según fuentes del Consejo General de la Abogacía española la asistencia que los abogados de los colegios andaluces prestan a los más de 16.000 internos de centros penitenciarios de Andalucía supone un coste de 397.600 euros. Asimismo desde el Grupo 17 de Marzo se insta a la Junta de Andalucía que restablezca inmediatamente el Servicio de Asistencia a presos y que adelante el dinero como ha hecho en otras ocasiones, con otros servicios, a la espera de firmar el nuevo convenio con el Ministerio de interior. Es curioso que sean las personas con menos derechos y las más vulnerables económicamente sean las que se vean afectadas por este tipo de medidas vulneradoras de derechos y mientras la Junta de Andalucía advertía en septiembre, ante los impagos por parte de ésta de los turnos de oficios generales y la advertencia de hacer huelga por parte de los abogados, que se estaban vulnerando derechos fundamentales, en este caso no diga lo mismo. Esto unido, a la eliminación del transporte público a las prisiones y a la inexistencia de una sanidad pública andaluza en ellas, también por la Junta de Andalucía, hace se castigue por partida doble a las personas presas y sus familiares en Andalucía. A partir de ahora las personas presas tendrán que pagar por la asistencia jurídica. Estas medidas hacen que las cárceles andaluzas sean espacios oscuros donde el derecho muchas veces no existe, y demuestra el poco compromiso de la Junta de Andalucía, de la Consejería de gobernación y del Ministerio de Interior con los derechos humanos. Asimismo estas medidas dificultan el derecho a la reinserción de las personas internadas en estos establecimientos, por lo que se URGE al restablecimiento de la Asistencia Jurídica Gratuita.
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La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de oficio a 16.300 personas presas
| 03/05/2012 | ||||
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La guerra de administraciones afecta a los más desfavorecidos. La APDHA exige la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP)
En el año 2011 el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió en Sevilla, provincia con tres centros penitenciarios ordinarios, un psiquiátrico y un CIS, a 3.311 personas presas; en Córdoba, con un centro ordinario y un CIS, a 1.800; en Cádiz, provincia con cuatro centros ordinarios y un CIS, a 1.101 presos/as; en Almería, 591; Málaga, 539. Granada1, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, las presas. Nueve mil asistencias de dieciséis mil trescientos presos/as dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia, en igualdad de condiciones que las personas libres. Es más, con mayor limitación que las personas en libertad, que pueden acudir al Colegio de Abogados a solicitar un abogado a través de la justicia gratuita. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición y recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como trabajo, sanciones, libertad condicional, permisos de salida…
El pasado 17 de abril, la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración. Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando los presos y las presas. Así pues, el 17 de abril pasado, algunos Colegios obedeciendo las citadas instrucciones suspendieron el servicio, en concreto, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. Sevilla y Córdoba decidieron, valientemente, continuar prestando el servicio temporalmente, para no generar indefensión en los/as presos/as, hasta el día 30 de abril, fecha en la que se esperaba pudiera estar subsanada la firma. Ante la falta de subsanación y las dudas generadas, por una eventual falta de voluntad de su ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta para ahorrar costes, se decidió suspender el mismo. El Colegio de Málaga es el único que continúa el servicio y tomará una decisión al respecto el lunes 7 de mayo. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha mostrado al Gobierno la sorpresa y preocupación del organismo que preside por la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía2. Con anterioridad al citado Convenio tripartito, se prestaba el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria a través de Convenios de Colaboración entre cada Colegio de Abogados y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (hoy Secretaría General). De hecho, los citados Convenios fueron firmados por el Director General, hoy también Secretario General Ángel Yuste, datando el de Sevilla del mes de febrero del año 2001. Con anterioridad el servicio se prestaba en Málaga desde 1998. Desde 2002, en Córdoba y Granada, y el resto desde 2003. Quince años después, 16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social (para terceros grados) están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. No tienen acceso a algo tan esencial como el derecho a la tutela judicial efectiva que se garantiza a través de la asistencia letrada. Así pues, desde la APDHA exigimos a las dos Administraciones Públicas que desbloqueen la situación actual. En cualquier caso, instamos a la Junta de Andalucía a continuar su convenio con los Colegios de Abogados, aún cuando el Ministerio del Interior no aporta nada al citado Convenio, más allá de permitir la entrada a los establecimientos penitenciarios, ya que de hecho, los letrados tienen libertad per se para acceder a los mismos. Lamentablemente, el Ministerio del Interior ha llegado a señalar3 que las personas presas no quedan desatendidas, ya que los centros penitenciarios disponen de un cuerpo de juristas al que pueden acudir los/as internos/as. Burda excusa, si se tiene en cuenta que los 5 juristas que de media hay por centro, padecen actualmente una sobrecarga que hace inviable que sustituyan a los abogados y las abogadas de los Colegios en la prestación de este servicio. De hecho, en el Convenio se reconocía por parte del Ministerio del Interior “la conveniencia de que sean los Colegios de Abogados los que realizaran dicho servicio en los Centros Penitenciarios de Andalucía, garantizando así la continuidad en el asesoramiento, atención y asistencia jurídica que se venía prestando, si bien procediéndose a una mejor regulación” 4. La eliminación de estos servicios por parte de la Administración Autonómica, amparándose en la falta de voluntad del Gobierno Central, es un paso más en el recorte de derechos básicos del estado de bienestar. La Junta de Andalucía, que tanto se encarga de vociferar los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico. Pediremos al nuevo gobierno andaluz de coalición que restaure inmediatamente el servicio. Al día de hoy, más de 600 personas presas han formulado solicitud de letrado y están a la espera de ser atendidas. Ninguna Administración les ha explicado la nueva situación. Como APDHA hemos iniciado una campaña de información y acompañamiento a los presos, a fin de que puedan exigir y reclamar su derecho a la asistencia letrada en Andalucía.
1. Según declaraciones a Europa Press de su propio decano que cifró una media de 3 asistencias diarias. |
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http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Item...
