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El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos, ha tenido conocimiento que la Junta de Andalucía ha suspendido el Servicio de Asistencia y Orientación Penitenciaria en Andalucía. El motivo, según la Junta de Andalucía viene motivada por los condicionantes económicos impuestos por el Gobierno Central a causa de la situación de crisis económica en la que estamos inmersos. Desde el Grupo 17 de Marzo consideramos que cada día que se tenga suspendido el Servicio se están vulnerando derechos fundamentales de las personas presas, entre ellos el derecho a la defensa que viene recogido en la Constitución española. Según fuentes del Consejo General de la Abogacía española la asistencia que los abogados de los colegios andaluces prestan a los más de 16.000 internos de centros penitenciarios de Andalucía supone un coste de 397.600 euros. Asimismo desde el Grupo 17 de Marzo se insta a la Junta de Andalucía que restablezca inmediatamente el Servicio de Asistencia a presos y que adelante el dinero como ha hecho en otras ocasiones, con otros servicios, a la espera de firmar el nuevo convenio con el Ministerio de interior. Es curioso que sean las personas con menos derechos y las más vulnerables económicamente sean las que se vean afectadas por este tipo de medidas vulneradoras de derechos y mientras la Junta de Andalucía advertía en septiembre, ante los impagos por parte de ésta de los turnos de oficios generales y la advertencia de hacer huelga por parte de los abogados, que se estaban vulnerando derechos fundamentales, en este caso no diga lo mismo. Esto unido, a la eliminación del transporte público a las prisiones y a la inexistencia de una sanidad pública andaluza en ellas, también por la Junta de Andalucía, hace se castigue por partida doble a las personas presas y sus familiares en Andalucía. A partir de ahora las personas presas tendrán que pagar por la asistencia jurídica. Estas medidas hacen que las cárceles andaluzas sean espacios oscuros donde el derecho muchas veces no existe, y demuestra el poco compromiso de la Junta de Andalucía, de la Consejería de gobernación y del Ministerio de Interior con los derechos humanos. Asimismo estas medidas dificultan el derecho a la reinserción de las personas internadas en estos establecimientos, por lo que se URGE al restablecimiento de la Asistencia Jurídica Gratuita.