La juez imputa a otro nuevo cargo de la Policía Local por la trama del cobro ilegal de tasas

felipe guzmán

Los imputados pertenecen a la Unidad de Tráfico-Motoristas

La juez de instrucción número 8 de Sevilla, Carolina Herencia, ha decidido ampliar el campo de investigación de la trama del presunto cobro ilegal de tasas de transportes de grandes mercancías por parte de agentes de la Policía Local y, además de los nueve efectivos que están imputados en la Unidad de Motoristas, también ha llamado a declarar como imputado a un subinspector de la Unidad de Operaciones y a un empleado de otra empresa de grúas. Fuentes judiciales han confirmado a ABC que la investigación se ha ampliado porque se han hallado posibles pruebas de apropiación indebida de las tasas de transporte que hay que pagar obligatoriamente al Ayuntamiento en el caso concreto de una gran infraestructura de la ciudad. Las mismas fuentes señalan que pese a que en los años 2007 y 2008 se produjeron obras públicas de gran envergadura en Sevilla, las tasas por transporte de mercancías ingresadas fueron mínimas. A esto hay que añadir que, aunque el Ayuntamiento no recibió el dinero que le correspondía, la empresa que efectuó los traslados habría facturado una importante cantidad en concepto de tasas municipales.

Lo cierto es que en el caso citado el subinspector de la Unidad de Operaciones de la Policía Local imputado pertenecía en aquellas fechas a Motoristas y pudo ser el responsable de tramitar los permisos y organizar el traslado de las mercancías, razón por la que la juez Herencia ha decidido incluir también a este cargo y al responsable de la empresa de grúas que efectuó los trabajos. La investigación llevada a cabo por el grupo de policía designado por el juzgado dirigió sus pesquisas a la Unidad de Motoristas gracias a las declaraciones como testigos de varios agentes, tres de los cuales están también citados a declarar entre hoy y mañana. Y aunque el núcleo de la presunta trama está insertado en la Unidad Motorizada, la instrucción pretende depurar si se contó con agentes de otras unidades para ampliar el campo de acción y, sobre todo, si la cúpula policial tenía conocimiento de estas prácticas y pese a ello no las evitó.

Hasta la fecha hay, por tanto, 15 personas implicadas, once motoristas, un policía de Operaciones, el gerente de una conocida empresa de grúas, un trabajador de otra empresa de transportes y una última persona que habría actuado como enganche para conseguir los trabajos e incluso para lograr la retirada de multas de personas sancionadas a cambio de una cierta cantidad. Hasta ahora siempre se ha remarcado que de la Unidad Motorizada había nueve imputados, una cifra que, siendo correcta, no es exacta. En realidad hay nueve nuevos imputados, pero once implicados, ya que el presunto cabecilla de la trama falleció, y por tanto no se cuenta, y el agente que dio origen a la investigación ya estaba imputado por la causa que provocó que se abriera esta pieza separada. Vayamos al origen de todo y al «modus operandi» para que se entienda mejor todo lo que está ocurriendo.

El caso se investiga desde septiembre de 2009, aunque los documentos aportados en el atestado son de los últimos diez años. Todo se destapó a raíz de una investigación ordenada por la juez para destapar una red de tráfico de drogas. Gracias a las diligencias llevadas a cabo se hallaron indicios de que un agente de la Policía Local podría mantener contacto con los líderes del clan, razón por la que se ordenó el registro de su taquilla en la Jefatura y el de su domicilio por parte de la Policía Nacional. Y ahí apareció la sorpresa. Tras intervenirle el teléfono se descubrió que dicho agente mantenía conversaciones con otros compañeros sobre los servicios de escolta para el transporte de mercancías, algunas de las cuales están reproducidas íntegramente en el atestado. La juez decidió abrir una pieza separada para investigar esta prosible trama y a partir de ahí se destapó todo.

El policía que originó este asunto, por cierto, fue detenido por la causa del tráfico de drogas y llegó a permanecer tres meses en prisión después de que la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, en colaboración con los Greco de Cádiz, señalara a once personas. En el curso de aquella operación fueron hallados 1.500 kilos de hachís.

Pero lo que se investiga como pieza separada gracias a aquella intervención telefónica es una posible trama ilegal de cobro de tasas por transporte de mercancías que los policías ahora imputados podrían haber liderado aprovechándose de esta condición y fuera del horario de trabajo. Al parecer, los agentes acudían de uniforme a prestar estos servicios y podrían haberse apropiado de manera indebida de las tasas municipales.