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Bilbao. La progresista y benévola doctrina de la Audiencia de Bizkaia respecto al colectivo de los vendedores ambulantes de CD piratas se consolida poco a poco. En verano, los altos magistrados llegaron al acuerdo de no imponer sanciones penales a los manteros condenados por un delito contra la propiedad intelectual. Desde entonces, los acusados han sido absueltos o el caso se ha archivado, según confirman fuentes de SOS Racismo. Sin embargo, Alaji Mbengue, un senegalés de 23 años, seguía preso en la cárcel de Basauri hasta la pasada semana, cuando finalmente una juez de vigilancia penitenciaria accedió a concederle la libertad condicional, a pesar de la oposición del ministerio fiscal. Mbengue, afincado en Bilbao, había cumplido ya cuatro meses y medio de prisión de los seis a los que había sido condenado por un juez de Santander.

El fiscal se oponía a la medida debido al informe “poco favorable presentado por el centro penitenciario”, agrega Patxi de la Fuente, responsable de SOS Racismo. “El informe decía que Alaji llevaba poco tiempo en la cárcel, por lo que no le conocían bien y dudaban de si iba a reincidir. La condena es de seis meses. ¿Qué querían? ¿Que los cumpliera enteros para conocerle mejor? Nos ha costado mucho esfuerzo sacarle y ha sido la juez, en contra incluso del criterio del ministerio fiscal, quien ha accedido a nuestra petición. Se nota que en la judicatura vizcaina hay cierta sensibilidad hacia este colectivo”.

Mbengue fue condenado por el juzgado de lo Penal número 2 de Santander a seis meses de cárcel, 900 euros de multa y 680 euros de indemnización a la SGAE. El día de su detención, el joven bilbaino había viajado a Cantabria para probar suerte vendiendo allí sus CD.

Mbengue conservará su libertad condicional si abona dichas cantidades económicas. Por este motivo, sus compañeros de la plataforma Mbolo Moye Doole realizaron en la mañana de ayer una concentración frente a la Audiencia de Bizkaia. Solicitan a la Sociedad General de Autores y Editores que perdone a Mbengue la indemnización.

El portavoz de la plataforma, Babakar Diop, explicó lo que esas multas suponen para su compañero: “Si no paga, tendrá que regresar a la cárcel otros tres meses. ¿Pero cómo va a conseguir pagar si se le niega el permiso de trabajo? Tendría que volver a vender CD, lo que sería considerado reincidencia”, protesta. El paso por comisaría y juzgados supone la apertura automática de un expediente de expulsión, según la Ley de Extranjería.

“Después de estos meses en prisión, Alaji no tiene dinero ni para pagar la habitación donde vive, y que solidariamente le han conservado sus compañeros”, agrega Diop. El portavoz aprovechó la ocasión para criticar la aprobación del proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal, porque “sigue sin distinguir la venta al por menor de quien se lucra a costa de la propiedad intelectual de los artistas”.