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Revista Trasversales, número 22, primavera 2011

José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y Orientación Laboral. Afiliado al sindicato Solidaridad Obrera. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).

Reforma laboral, reforma de las pensiones, Fondo de Capitalización de los despidos, privatizaciones, copago, modificación de la negociación colectiva… ¿Hay algo en común en todo ello? ¿Cómo opera la relación interna entre todos esos sucesos, si existe?

Hay quienes intentan desentrañarlo y quienes intentan oscurecerlo, mientras se agolpan aceleradamente las modificaciones legislativas y sociales que mutan nuestro incipiente y nunca desarrollado del todo Estado del Bienestar en un erial socioeconómico en el que las nuevas generaciones no tienen posibilidad alguna de una vida digna.

Hay elementos, sin embargo, que pueden actuar como claves de interpretación de lo sucedido, como una especie de fórceps teóricos que nos permiten acceder a una visión más nítida de lo que acontece. Porque si bien hay quien nos presenta esta situación como una especie de “desastre natural” sin culpables ni explicación plausible, lo cierto es que todo esto tiene una génesis concreta y determinable.

Recientemente, un grupo de abogados y organizaciones sociales interponía una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las agencias de rating Moody´s, Fitch y Standard and Poor´s. ¿Qué relevancia tienen estas tres concretas empresas privadas a la hora de interpretar el actual desbarajuste, acrecido en huracán, que amenaza con derruir la totalidad del llamado Estado Social Europeo?

Las empresas querelladas sólo hacen algo que, a simple vista, pudiera parecer enteramente inocente y desconectado de realidades como el despido flexible, la ancianidad mísera o los funcionarios interinos en el paro: dan una nota, basada en un informe, a los distintos instrumentos financieros emitidos por los Estados o los agentes privados. Si el Estado Español, por ejemplo, emite deuda pública, ellos indican si la misma les parece “excelente” o “especulativa” en función de unos criterios que nunca han sido concretados del todo. Al fin y al cabo, según ellos, lo que realizan no es otra cosa que un uso de su “libertad de expresión”, por lo que utilizan criterios que no han de cumplir ningún tipo de regulación legal explícita.

Todo parece muy simple. Ellos califican y el mercado hace lo demás. Pero lo cierto es que en este teatro hay mucho de trampa y fingimiento, de acuerdo implícito.

Veamos un ejemplo: el 28 de abril de 2010, Standard´s and Poor´s rebaja el rating de la deuda pública española de AA+ a AA. Lo más curioso es que la decisión se hace pública a las 17:27 horas, apenas tres minutos antes del fin de la jornada del Ibex y diez minutos antes del fin de la subasta de la deuda pública española. En esos escasos diez minutos la Bolsa hispana se desploma un 2,99 %, liderando las caídas en toda Europa.
Parece trivial, pero no lo es. Como tampoco lo es que los grandes Bancos que compran nuestros bonos, cuya calificación ha sido rebajada reiteradamente por estas empresas, sean clientes suyos y no vean, sin embargo, la suya consecuentemente disminuida.

Lo cierto es que el entrelazamiento de intereses entre los grandes inversores privados y las agencias de rating, y sus evanescentes maniobras, parecen cumplir presuntamente con los elementos de los tipos delictivos que se les imputan en la querella presentada en la Audiencia Nacional: conspiración para alterar el precio de las cosas y utilización de información privilegiada.

Pero en realidad el asunto va más allá. Porque, como apuntábamos más arriba, el aumento de los intereses de la deuda pública española forzado por estas maniobras torticeras, empuja el tren neoliberal unas cuantas estaciones más lejos: con la excusa del incremento de los tipos de la deuda, se aprovecha para obligar a los poderes públicos de los países periféricos de Europa a tomar decisiones políticas favorables a los negocios privados (y, las más de las veces, antisociales) de los inversores internacionales en abierta colusión con las agencias de rating.

Pongamos otro ejemplo, extraído también del cuerpo de la querella presentada ante la Audiencia Nacional: el 28 de enero de 2011, ante un Auto de la Audiencia Provincial de Navarra que reconocía la dación en pago de la vivienda hipotecada (es decir, que su entrega debía de bastar para finiquitar la deuda), una de las mencionadas agencias de rating afirmaba: “Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a Fitch a revisar sus actuales valoraciones del mercado”.

Se ha puesto de moda decir, por parte de los responsables políticos y de los interlocutores sociales, que los españoles tenemos “deberes” que cumplir. “Deberes” que nos ponen la Comisión Europea o los grandes inversores. Deberes para escolares aplicados, según una pedagogía un tanto caduca. Para ser vistos como un pueblo y un Estado de fiar. Esos deberes, sin embargo, no son más que la tétrica confirmación de nuestra absoluta falta de soberanía, de la ausencia de democracia efectiva, del gigantesco aparato caciquil en que se han transmutado los llamados “mercados globales”.

Así pues, con la inestimable ayuda de las agencias de rating, las oligarquías financieras pretenden determinar la textura de material de nuestras vidas, la calidad última de nuestros sistemas sociales y políticos.

A nadie le resultará descabellado considerar a la reforma laboral y al Acuerdo Económico y Social sobre las pensiones como los subproductos últimos de esta fenomenal colusión que sólo pretende salvar in extremis a un capitalismo voraz y en estado de senilidad. Al ver que sus enormes ganancias de los últimos decenios no eran más que virtuales, humo sin apenas ceniza ni valor, las grandes fortunas están operando como una colosal aspiradora que pretende volver reales las cantidades ubicuas de la contabilidad creativa de los años de bonanza.

Y para ello ningún límite parece ser respetado. Tendremos un nuevo modelo de negociación colectiva, de difícil encaje en la arquitectura constitucional, para demostrar que somos capaces de cumplir con los “deberes” que nos fueron impuestos. Pero, aún así, deberemos escuchar sin inmutarnos, pero con mirada servil, como el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, afirma sobre España, tras la caída de Portugal: “nunca se puede cantar victoria porque los deberes nunca están hechos del todo” (El Economista, 8-4-2011, pág. 7).

Una reforma de la negociación colectiva que está apunto de aprobarse cuando se escriben estas líneas, y que parece bascular entorno de una serie de temáticas esenciales: favorecer la negociación a nivel de empresa (donde los sindicatos simplemente no existen en la mayoría de los casos) y no de sector; la limitación o desaparición de la ultra-actividad de los convenios (que establece un suelo a la negociación en curso), la marginación de los sindicatos periféricos (y muy concretamente, algunos de enorme representatividad a nivel de Comunidad Autónoma), y la promoción de los sistemas no jurisdiccionales, como el arbitraje, a la hora de encarar los conflictos subsiguientes (algo sobre lo que hemos escrito ya un artículo en la versión electrónica de esta misma revista).

Una reforma legislativa, en todo caso, que se enmarca, como el conjunto de las medidas regresivas socialmente que no han dejado de aprobarse en los últimos meses, en el contexto de la mayor ofensiva contra los derechos sociales y económicos de las poblaciones europeas en más de medio siglo.

Como dijo, no hace tanto, Warren Buffet, el multimillonario presidente de Berkshire Hathaway, principal accionista de la empresa de rating Moody´s: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. Eso sí, siempre y cuando continuemos mirándonos los pies.