Responder al comentario

En los últimos meses, un grupo de asociaciones y organizaciones sociales de Sevilla hemos venido preparando la constitución de una plataforma unitaria frente a las medidas antisociales que se vienen dando a la crisis, que se presentará en un acto público el próximo 8 de abril.

Después de este proceso se ha elaborado un documento de puntos mínimos pero irrenunciables que creemos necesarios para evitar que los grupos sociales más desfavorecidos paguen los efectos de la crisis. El documento se adjunta más adelante. Si deseáis suscribirlo os rogamos que lo comuniquéis expresamente enviando lo antes posible un correo electrónico a la dirección: plataforma.alternativacrisis@gmail.com

El propósito es presentarlo públicamente mediante una rueda de prensa el próximo día 5 de abril y en un acto ciudadano el día 8, después del cual está previsto realizar también una actividad de la mayor repercusión social posible y que en su día se anunciará. Y más adelante, llevar a cabo todas las actuaciones que estén a nuestro alcance para concienciar y movilizar a la ciudadanía en torno a estas reivindicaciones.

Se trata de unos puntos mínimos, pero hoy día irrenunciables para evitar que los grupos sociales de menor renta paguen las consecuencias de la crisis, que no impiden que cada cual aspire por su parte a otro tipo de objetivos, y que por eso es posible conseguir un amplio acuerdo social para lograrlos. Es con esa esperanza que os invitamos a suscribir el documento que sigue a continuación:

"Estamos viviendo una ofensiva quizá sin precedentes en la historia de la democracia española contra el bienestar y los derechos sociales que se quiere justificar como la respuesta necesaria e inevitable frente a la crisis.

En realidad, esta crisis financiera es sólo una más de las que se han desencadenado en todo el mundo durante los últimos años de predominio de políticas neoliberales, aunque ahora de una mayor envergadura y centrada principalmente en los países más ricos.

Creemos que esta crisis la ha provocado el comportamiento irresponsable de la banca y los especuladores internacionales pero que la mayoría de los gobiernos y organismos internacionales han sido corresponsables de ella porque han estado supeditados a la voluntad de los grandes poderes empresariales y financieros, a los que han dejado actuar con plena libertad y porque han venido aplicando políticas que han creado las condiciones para que se produzca una gran desigualdad y, por tanto, la acumulación de fondos financieros en muy pocas manos.

En lugar de hacer pagar las consecuencias de la crisis a quienes la provocaron, los gobiernos toman medidas que suponen grandes pérdidas de ingresos y de derechos laborales y sociales para las clases trabajadoras, para los trabajadores autónomos, e incluso para miles de pequeños y medianos empresarios que no disponen de los recursos de las grandes empresas.

En lugar de recurrir a la fuerza de la sociedad para hacer frente a estos grandes poderes económicos y financieros, los gobiernos confunden y desmovilizan a la ciudadanía al presentar estas medidas como inevitables, cuando en realidad no sirven para hacer frente a la crisis porque no atienden a las causas reales, como han demostrado multitud de organizaciones sociales y políticas, científicos e incluso la Asamblea de las Naciones Unidas que proponen otras alternativas para salir de ella, sino que sólo benefician a la banca y las grandes empresas.

Nos parece que esta forma de actuar es una inmoralidad flagrante y contraria a los principios elementales de la democracia y la justicia social pero a la que no se puede hacer frente desde el silencio y asentimiento de una población que ha interiorizado los valores y estilos de vida que favorecen y apuntalan el sistema, ni con la dispersión y falta de acuerdos y coordinación entre los que nos oponemos al mismo.

La crisis del sistema puede ser una oportunidad para un cambio profundo por el que podamos avanzar hacia un mundo diferente, orientado a satisfacer las auténticas necesidades humanas y las aspiraciones de las personas y los pueblos, y desde una economía que sólo está basada en el paradigma del crecimiento económico hacia otra asentada en la justicia social y ecológica. Pero para que eso sea posible es necesario forjar una alianza estrecha en torno a objetivos comunes básicos y con ese propósito proponemos un acuerdo amplio y comprometido para movilizar a la ciudadanía exigiendo a los poderes públicos las siguientes demandas urgentes:

1) Actuaciones urgentes para devolver sus viviendas a los cientos de miles de familias y personas paradas y de bajas rentas que las han perdido al ser desahuciadas por entidades financieras, y adopción de normas que impidan que ninguna otra vuelva a serlo por deudas a bancos que estén obteniendo beneficios multimillonarios. Igualmente, establecimiento de moratoria que impida los desahucios sobres arrendatarios y alquilados y los cortes de energía y agua a todas aquellas personas de baja renta que se hayan visto afectadas por la crisis y hayan perdido su puesto de trabajo.
2) Elaboración de un plan de urgencia contra la exclusión y la pobreza extrema en toda Andalucía y establecimiento de la renta básica de ciudadanía, recogida en el Estatuto.
3) Aprobación de la Ley de inclusión social (vivienda digna, educación de calidad para todos, salario mínimo social, renta básica) y aplicación de políticas migratorias que favorezcan la inclusión y no la creciente xenofobia alentada desde gobiernos europeos de diferentes signos
4) Medidas que garanticen efectivamente que las pequeñas y medianas empresas y las personas dispongan de financiación suficiente para que puedan desarrollar normalmente su actividad y vuelva a crearse empleo, nacionalizando para ello los bancos y cajas de ahorros que no cumplan con esa función y creando una banca pública que lo haga.
5) Llevar a cabo una inmediata reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos y las grandes empresas y sobre las transacciones especulativas y mayor progresividad fiscal.
6) Puesta en marcha de un plan urgente contra el fraude y la evasión fiscal, y prohibición inmediata de que los bancos y cajas de ahorros españoles operen en paraísos fiscales.
7) Elaboración de un plan de pago de la deuda pública que ha sido generada por la crisis bancaria que no responda a lo que imponen los especuladores sino a los intereses del estado español.
8) Puesta en marcha de un plan urgente de gasto social para equiparar el correspondiente a España y a sus comunidades autónomas con la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad.
9) Pronunciamientos públicos contra la complicidad de las burocracias europeas con los poderes financieros y contra la injerencia de éstos en las decisiones de los gobiernos elegidos legítimamente.
10) Mantener la apuesta por la erradicación de la pobreza extrema en el mundo, cumpliendo, y yendo más allá, de los compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para ello, junto al mantenimiento de la ayuda al desarrollo demandamos la búsqueda de recursos adicionales mediante impuestos a las transacciones financieras globales.

Como muestra de la firmeza de estas convicciones, las organizaciones y personas abajo firmantes se comprometen a romper la pasividad, tomar conciencia y debatir estos problemas, a no apoyar a ningún partido político, organización sindical o social que no hagan suyas estas medidas en su programa electoral o que no las pongan en práctica allí donde gobiernen o desarrollen su actividad, iniciando desde hoy una serie de acciones que den cumplimiento a estos compromisos.

Sevilla, marzo de 2011"