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El Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, ha solicitado por escrito a la Fiscal Jefe de Sevilla, el Juez Decano, Decano del Colegio de Abogados, Delegado del Gobierno en Andalucía y al Consejero de Gobernación y Justicia la elaboración de un protocolo para la instalación de cámaras de grabación en comisarías y calabozos judiciales

Según diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos la Fiscalía del Estado recibió un total de 230 denuncias por torturas a manos de las fuerzas de seguridad en España durante 2009. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, de la que el Grupo 17 de Marzo forma parte, recogió en 2009 un total de 18 casos en Sevilla, con 44 denunciantes, algunos de estos casos se han producido en dependencias policiales.

En dicho escrito, firmado por el Grupo 17 de Marzo ha mostrado su preocupación porque no se ha manifestado por ninguna instancia judicial, administrativa o política, ni por el propio Colegio de Abogados de Sevilla, en ningún momento, una medida fundamental relativa a la seguridad como son la instalación de cámaras de grabación de imagen y audio en los calabozos judiciales tanto del Prado como del nuevo Edificio Noga, máxime cuando en los últimas semanas se han denunciado judicialmente malas prácticas policiales hacia los detenidos inaceptables en un edificio judicial.

Esta medida de instalación de cámaras  de grabación en lugares de detención se empezó a aplicar el año 2007 en Euskadi y Cataluña, en cumplimiento de numerosas y reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas al Estado español, entre otros, los siguientes organismos internacionales: el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, varios Relatores de la ONU contra la Tortura, el Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles del Consejo de Europa y el Comisario Europeo de Derechos Humanos. Asimismo y aún cuando en no todos los casos, esta medida se contempla en el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno de España. Las denuncias por  malos tratos contra los cuerpos policiales autonómicos de esas comunidades se han reducido notablemente.  

Asimismo el Grupo 17 de Marzo ha solicitado en su escrito a dichas autoridades que “ impulsen a que se realice un Protocolo  con el objetivo Introducir equipos de grabación de vídeo y audio en todas las zonas de las comisarías de policía, incluidas policía local y autonómica, y otros lugares donde puedan estar presentes las personas detenidas, incluidas los calabozos judiciales salvo en los casos en los que esa vigilancia viole el derecho de esas personas a consultar con un abogado o un médico en privado.  Asimismo, que todas estas grabaciones se mantengan en lugar seguro durante un plazo razonable para garantizar que estarán a disposición del Juzgado de Guardia, del Ministerio Fiscal y, en su momento, de la defensa”. Asimismo se les ha trasladado la preocupación, por el mal estado de las dependencias judiciales de los Edificios del Prado y del Noga, sobre todo en relación por las últimas denuncias judiciales de tortura y malos tratos en los calabozos del Edificio Noga.

El Grupo 17 de Marzo espera una respuesta positiva de dichas instituciones, y en caso de no obtenerla presentará una queja formal al Defensor del Pueblo para que impulse esta iniciativa dentro de sus competencias.