Responder al comentario

La nueva reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2000, que endurece algunos derechos de los inmigrantes, salvó ayer un nuevo obstáculo en el Congreso. El PSOE contó con el apoyo de CiU y Coalición Canaria (CC) para enviar a la votación del Pleno del jueves un texto que reconoce y amplía los derechos competenciales de las comunidades autónomas en esta materia, pero que recorta los derechos de los inmigrantes durante su entrada y estancia en España.

Los principales puntos polémicos siguen en pie después del debate en la comisión parlamentaria de Inmigración. Así, los extranjeros podrán permanecer hasta 60 días recluidos en los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE). Lugares que “envidian las condiciones de los centros penitenciarios”, según el portavoz del PNV en la comisión, Emilio Olabarría.

No obstante, la ponente del PSOE, Esperanza Esteve, recordó que la reforma incluye la protección jurídica de los retenidos con dos jueces de Instrucción en los CIE para supervisar que no se vulneren sus derechos.

No sólo los nacionalistas vascos criticaron la ley. El diputado de ICV, Joan Herrera, denunció la ampliación en 20 días del actual plazo de retención en un CIE. Esta medida es, según su parecer, innecesaria, ya que la estancia media de los inmigrantes antes de ser repatriados es inferior a los 25 días. “El problema son los recursos, no la falta de tiempo”, señaló el diputado ecosocialista. Junto a Joan Tardà (ERC), Herrera denunció que la ley “da un paso atrás” en los derechos de los inmigrantes a la educación y la vivienda. Más pena, mismo delito

“Lo más duro es que se atribuya una pena mayor a un inmigrante que a un español por el mismo delito”, coincidieron Herrera y Tardà al defender sus enmiendas. Y es que la ley establece penas más altas para el extranjero que falsea un matrimonio o un empadronamiento.

Por su parte, los socialistas defendieron las reformas porque “mejoran el flujo”. “No se puede llevar una política de papeles para todos porque después la situación generada hay que gobernarla”, criticó su portavoz a los grupos de izquierda.

Otro de los motivos de discordia fueron las restricciones al reagrupamiento familiar. Los inmigrantes sólo podrán solicitarlo si llevan al menos cinco años en España con papeles. Además, únicamente podrán pedir el reagrupamiento de sus familiares directos y ascendientes mayores de 65 años. La posición del PP

Tras la votación del próximo jueves en el Pleno, el dictamen de la ponencia aprobado se debatirá en el Senado. El PP volverá a intentar allí añadir sus principales propuestas: un contrato de integración que examine al inmigrante y un recorte en las competencias autonómicas. Si no prosperan sus enmiendas, el PP estudiará recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos. En concreto, el diputado Rafael Hernando señaló como inconstitucional la posibilidad de que las autonomías busquen acuerdos con otros países para coordinarse en el retorno de menores.

La portavoz de Coalición Canaria, Ana María Oramas, explicó que esa opción, impulsada por su partido, pretende ayudar a las zonas con mayor índice de llegada de menores no acompañados. “¿Por qué Canarias no puede alcanzar un acuerdo con Senegal para buscar trabajo allí un menor al que se ha encargado de formar?”, planteó.

El principal apoyo con el que contará el PSOE para aprobar la ley será el de CiU. El Gobierno ha logrado el compromiso de obtener los diez votos de los catalanes al garantizar el respeto a las competencias que establece el Estatuto de Catalunya en materia de Inmigración. La mayoría de las 34 enmiendas de CiU que han acabado en el dictamen hablan del respeto al Estatut.

Además, el diputado convergente Carles Campuzano consiguió incluir en la negociación el reconocimiento al “esfuerzo de integración”. “No es un examen o un test de catalán, pero sí un reconocimiento al inmigrante que ha colaborado con la sociedad”, explicó y quiso diferenciar esta reflexión del polémico contrato de integración que exige el PP.

Por otra parte, 86 inmigrantes fueron rescatados ayer tras alcanzar el Cabo de Gata (Almería) a bordo de seis pateras.