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* Para quienes – por desconocer la situación local, por estar fuera del país o por aceptar la versión oficial - se desconciertan o sorprenden ante el auge del malestar colectivo y las luchas populares (2.893 manifestaciones de calle desde octubre-2008 a septiembre-2009; 1.763 en el mismo lapso de 2007 a 2008), les presentamos algunas razones para entender la conflictividad social en Venezuela.

 
[[La mayoría de las cifras aquí presentadas pueden verificarse (con amplia indicación de fuentes originales) en el Informe PROVEA 2008-2009, accesible en www.derechos.org.ve. Otro datos han sido tomados de la prensa y son factibles de localizar vía Internet.]]
 
_I_
 
Se evidencia el fracaso de la política agroalimentaria actual al ver como las importaciones del sector han pasado de 1.626 millones de dólares en 1999 a 7.477 en 2008. Para garantizar el abastecimiento de alimentos subsidiados, ese último año el gobierno debió adquirir afuera el 57,9 % de lo que requirió. Así, hemos pasado de un patrón de importación de alimentos de 75 dólares por persona al año en la década de los 90, a $ 267 en la actualidad.
 
Pero no es sólo que dependamos más del exterior para nuestra comida, sino que padecemos de una inflación en el sector de alimentos que en 2008 fue de 46,7 %, y en 2009 estuvo por encima del 36 %. Esta escalada de precios de ningún modo se compensa con los limitados aumentos de salario mínimo, ni tampoco con la distribución de alimentos subsidiados vía MERCAL, ya en franca agonía por causa del desabastecimiento y la corrupción.
 
Dado lo anterior, la reciente devaluación afectará dura e inmediatamente nuestro consumo alimentario, en consecuencia directa de una estrategia gubernamental que ha descansado en la capacidad de compra del Estado y no en desarrollar la producción, nada distinto a lo que ha sido norma histórica del rentismo petrolero en Venezuela. ¡Luchemos porque no seamos los de abajo quienes paguemos el costo de los errores, la imprevisión y la corrupción del poder!
 
_II_
 
Aún contando con ingresos nacionales mayores a los percibidos en cualquier otro período de nuestra historia, la situación de pobreza y exclusión que persiste para amplios sectores de la sociedad venezolana ha agravado la violencia urbana desde que este gobierno asumió el poder. Mientras en 1998 tuvimos una estimación nacional de 4.550 homicidios, el saldo fue de 14.568 en 2008; o visto desde otro ángulo: la población creció un 19,1 % en ese decenio, mientras la tasa de homicidios subió en 320,1 %.

Es público y notorio que tanto la boliburguesía como los “chivos gordos” del gobierno y el PSUV cuentan con abundantes espalderos (pagados con recursos oficiales) que los protegen, mientras los demás debemos encerrarnos en nuestras casas para no ser víctimas de malandros o policías. Sobre esto último, unas cifras tenebrosas: en 2008 hubo 205 homicidios atribuibles a evidentes violaciones del derecho a vida por parte de los cuerpos represivos del Estado (2/3 de los casos vía ejecuciones), mientras que bajo la sospechosa excusa de “resistencia a la autoridad” se dio cuenta de 1.820 muertes.

En tal ambiente de violencia desaforada cada día se enlutan más familias venezolanas, lo que no incomoda para nada a un gobierno que impúdicamente atribuye ese clima a una “sensación de inseguridad creada por los medios de difusión opositores”, mientras sus esfuerzos se concentran en eternizarse en el poder y en convencernos de la infalibilidad del “Mi Comandante-Presidente”.
 
_III_
 
A quienes han gobernado Venezuela en estos 11 años les ha sobrado tanto dinero como verborrea de su amor por el pueblo, pero su fracaso en atender el problema social básico de la vivienda ha sido descomunal. En el lapso 1999-2008 se han construido en total 300.939 nuevas viviendas (incluyendo al sector público y al privado), cifra absolutamente insuficiente cuando el propio Estado estima que el déficit habitacional actual sería de unas 3 millones de unidades habitacionales, por lo que sería necesario construir 300.000 viviendas _por año_.
 
Pero en lo que si han sido diligentes los caciques de la “revolución bonita” es en resolverse sus propias exigencias por viviendas de postín, y allí están para probarlo los “town houses” y “pent houses” de los que disfrutan en urbanizaciones de lujo de las ciudades venezolanas. Con semejante ejemplo en las alturas, no es de extrañar la gruesa cifra de denuncias sobre corrupción e incapacidad entre la burocracia media y baja que debería resolver las demandas de la colectividad por un techo digno y propio para vivir.
 
Esta situación ha generado un creciente caudal de bronca popular: entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 ocurrieron 457 manifestaciones de calle referidas al tema, cifra que pasó a 588 protestas colectivas de octubre de 2008 a septiembre de 2009. La respuesta del supuesto “gobierno popular y revolucionario” ha sido criminalizar estas acciones, llegándose a la sanción carcelaria o judicial (58 detenidos en el último lapso, de los que 23 quedaron en régimen de presentación a tribunales), o más grave aún, a la represión armada (67 heridos y un asesinato a manos de los cuerpos represivos).
 
_IV_
 
El carrusel de nuevos jefazos a cargo, de ofertas de voluminosos recursos y de anuncios programáticos grandielocuentes desfila repetidamente ante nuestros ojos, pero la situación de la salud pública sigue en franco retroceso, lo cual se constata en cualquier observación medianamente completa que se haga en el área, a pesar del empeño de los entes públicos por negar u ocultar la información que están obligados a proveer, o por pretender desacreditar a quien se salga del libreto que repite la propaganda oficial.
 
Pero la realidad es terca, de modo que el mismo gobierno que por boca del Ministro T. El Aissami amenazó el 16/12/08 con “caerle a zapatazos por mentirosos y embusteros” a los redactores de un informe que documentaba la profunda crisis que padecía la publicitada Misión Barrio Adentro, tuvo que reconocer el 20/09/09 por boca de su Presidente que 2.000 módulos de ese programa carecían de personal médico (sobre un total de 3.478 módulos). Eso por no atreverse a mencionar otras situaciones gravísimas, como la denuncia de que sólo el 4 % de lo invertido en equipamientos para esta Misión tiene el soporte adecuado de facturas.
 
Tan o más alarmantes que la situación actual son las soluciones prometidas. Por ejemplo, otorgar el monopolio de la contratación de los seguros HCM para quienes laboran a la orden del Estado, a una empresa donde el mandamás es nada menos que el tristemente célebre Orlando Castro. Ante anuncios como éste, la opción es clara: ¡o protestamos o nos hunden!
 
_V_
 
Si algo deja al desnudo la farsa de 11 años de proclamada revolución es el caudal de problemas que afectan a la clase trabajadora. Se maquillan cifras o se aplican mecanismos tramposos de contratación temporal (por ejemplo, vía las Misiones o en las cooperativas y “empresas socialistas”), pero los analistas económicos más consistentes indican que la tasa de desempleo real estaba a fines de 2009 en 12 % de la Población Económicamente Activa, a pesar de que la cifra oficial sólo reconoció 8 %. Entre quienes trabajan, 44,9 % lo hace en el sector informal de la economía, con todas las desventajas que ello representa.
 
Agréguese a lo anterior que, desde 2009, el ingreso salarial venía siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de consumo (aún las esenciales, que conforman la llamada Canasta Básica), lo cual reconocían hasta las estadísticas oficiales y se comprobaba en la vida cotidiana. La caída se hace más aguda con la macro-devaluación de enero de 2010, que termina de desmontar el cuento de que teníamos los salarios más altos de América Latina.
 
Esos y muchos otros problemas han multiplicado las expresiones de descontento laboral como no había ocurrido bajo este gobierno. Entre octubre-2008 y septiembre-2009 se reportaron 983 acciones de protesta obrera, que en cerca de 80 % fueron de trabajadores al servicio del Estado. La respuesta oficial fue calumniar y criminalizar, llegando a la violencia represiva contra 43 protestas, con el resultado de más de un centenar de lesionados y el asesinato de dos manifestantes el 20/01/09 en el Edo. Anzoátegui, sin olvidar que 33 trabajadores y activistas sindicales fueron víctimas de medidas judiciales por participar en estas acciones.
 
_VI_

Según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, la violencia dentro de las cárceles del país originó 366 muertos y 635 heridos en el año 2009, lo que en 11 años de gestión de este gobierno da una suma de 4.030 fallecidos y 12.036 heridos, en su mayoría por uso de armas de fuego. Estas cifras dejan claro por qué las prisiones de la revolución bolivariana se han ganado el triste mérito de ser consideradas entre las más sanguinarias del mundo.
 
Tal brutalidad homicida es posible en modo importante gracias a las mafias de traficantes de armas y otras “mercancías” al interior de los penales, compuestas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la ahora llamada Dirección Nacional de los Servicios Penitenciarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Ese sucio negocio ha florecido contando con la indiferencia, incapacidad y/o complicidad de los 17 Directores de Servicios que han desfilado por el cargo desde 1999.
 
Ejemplo de la calaña de esos burócratas es la actual ocupante de la Dirección, quien ante la masacre que en enero de 2010 causó 10 muertos y 19 heridos en “La Planta” de Caracas, con cínica desvergüenza atribuyó estos hechos a que en las cárceles como en las familias existían problemas entre sus miembros, lo cual producía discusiones y las cárceles eran un reflejo de las familias, para cerrar con broche de oro acusando a parientes y visitantes de los reclusos de ser los responsables de la introducción de armas. Por si interesa, esta funcionaria con postgrado en Criminología, pelo pintado, escolta y Blackberry se llama Consuelo Cerrada…

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