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Unas 500 personas han arropado esta mañana en los nuevos juzgados de Sevilla a los cuatro sindicalistas del SAT que iban ser juzgados por atentado contra la autoridad: Andrés Bódalo, actual responsable del SAT en Jaén (petición de dos años), Luis Ocaña, abogado del SAT (petición de un año), José Cañamero y Manuel Zafra, de la Unión Local de El Coronil, petición de un año para ambos.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2005 durante una protesta pacífica del SOC ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para exigir el cumplimiento, por parte de la Junta, del compromiso adquirido con el pueblo de Jódar (Jaén) de la cesión de 3000 ha. de las tierras del Marqués de Medinilla.

La policía procedió al desalojo violento de los sindicalistas ensañándose particularmente con el compañero Andrés Bódalo, actual responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jaén, que fue detenido durante siete horas y brutalmente agredido antes y después de ser esposado: “Me pegaron al detenerme, me pegaron una vez esposado en la furgoneta policial, me volvieron a pegar en comisaría e incluso al llevarme al hospital volvieron a pegarme”, manifestó Bódalo.

Como consecuencia de la actuación policial Bódalo estuvo dos días hospitalizado. Cinco policías se enfrentan a peticiones de cuatro años de cárcel por un delito de malos tratos y un delito de lesiones. Precisamente, esta imputación a los cinco policías ha sido esgrimida por los abogados policiales para solicitar la inhibición del Juzgado de lo Penal nº 6 a favor de la Audiencia Provincial al estar involucrados agentes de la Autoridad. Finalmente, el juez ha accedido a esta petición y ha decretado la inhibición a favor de la Audiencia.

A la concentración asistieron el portavoz municipal de IU y primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jaén, José Luis Cano; el Alcalde de Jódar, José Luis Angulo; el Alcalde de Espera, Pedro Romero; el parlamentario andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo y el portavoz de IU en Diputación, Manuel Rodríguez, entre otras personalidades.

También acudieron a la concentración una representación de la central obrera catalana FTC-IAC que manifestaron su apoyo a los compañeros.

Diego Cañamero, portavoz nacional del SAT, manifestó que el juicio se enmarca en la campaña represiva contra el SAT que ejerce el Gobierno: “este es el pan de cada día, tenemos 400 imputados, 300.000 euros en multas, 37 años de peticiones de cárcel y eso es porque este sindicato no se doblega, no se vende y sigue luchando contra la crisis y sus responsables”.