Se extiende el control: la seguridad privada tendrá acceso a nuestros datos personales

“Cuéntame que el paro / cuéntame que el hambre / cuéntame cien mil al mes
cuéntame que llueve / sabes que vas a comer / por dar hostias a la gente
sabes para quien trabajas / tus lágrimas las compras / en las rebajas
Era un hombre y ahora es poli” – La Polla Récords.

En estos tiempos en que todo se privatiza, que la frontera entre lo público y lo privado resulta cada vez más difusa, incluso en lo que afecta a la policía y la “seguridad”.

Hace unos días, el director general de la policía, Ignacio Cosidó presentaba el plan integral de Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada. Con la ya gastada excusa de la crisis, el plan pretende recabar información de la seguridad privada que “serán procesadas e integradas en la inteligencia policial y, en función de su colaboración, la Policía Nacional les suministrará también los datos que puedan ser útiles para garantizar la seguridad”; más claro: la policía entregará datos personales a empresas a cambio de su colaboración. Tras explicar que esta colaboración no implicará cesión de datos personales, Cosidó puso un ejemplo de la colaboración que dejaba muy claro que sí lo habría. “El Corte Inglés, por ejemplo, si retiene a alguna persona por hurto o robo, podrá pedir información sobre sus antecedentes policiales”. Los antecedentes policiales, por cierto, son únicamente los datos con los que cuenta la policía a raíz de sus intervenciones. Que alguien tenga antecedentes policiales lo único que significa es que las fuerzas de seguridad del Estado le han identificado, espiado o detenido. A raíz de esa actuación, esa persona puede acabar siendo enjuiciada ante un/a juez y, en función de si la sentencia es condenatoria o no, ese alguien acabará teniendo antecedentes penales o no, según los casos.

Lo que no nos explicó el director de la Policía es cómo iban a evitar que esos datos no fuesen usados en selección de personal de esas mismas empresas o de otras a las que se le puedan vender los ficheros que la policía ponga a su disposición. No resulta descabellado pensar que EULEN, una empresa con más de 50.000 empleados/as en España,

que se dedica, entre otras cosas, a selección de personal y que cuenta con una ETT, utilice los datos obtenidos por su empresa de seguridad para elegir a sus empleados/as. El valor que esos datos pueden tener para una empresa es incalculable: les permitiría saber si un candidato a un puesto de trabajo ha sido identificado en alguna manifestación o conflicto laboral, si ha sido detenido en el contexto de una huelga… Además estos datos pueden ir a parar a empresas como Prosegur, fundada por el promotor del grupo paramilitar fascista argentino Triple A, responsable de cientos de asesinatos contra militantes de izquierdas, o Levantina de Seguridad, presidida por el responsable del partido ultraderechista España 2000 (y de la asociación española de prostíbulos).

Una muestra de cómo las empresas espían a su plantilla lo podemos ver en la investigación que se está llevando a cabo en Francia contra Ikea, en un caso en el que la multinacional sueca había firmado un convenio de colaboración con una agencia de seguridad privada para que, por ochenta euros por consulta, les proporcionara información sobre la ideología, los antecedentes policiales, el consumo de drogas y otros datos personales de sus trabajadores/as y de clientes que hubiesen puesto reclamaciones a la empresa.

En Catalunya, el Conseller d´Interior Felip Puig (célebre por haber ordenado las recientes cargas contra manifestaciones y acampadas), han dado un paso más en la extensión del ámbito de actuación de la seguridad privada proponiendo que asuman tareas policiales como la vigilancia de las cárceles, realización de controles de alcoholemia y actuación conjunta con los Mossos d’Esquadra. Para facilitar el trabajo de estas fuerzas parapoliciales, el Parlament ha aprobado recientemente el reconocimiento como autoridad a los vigilantes de seguridad del transporte público y el conseller ha sugerido que se haga extensivo a todos los vigilantes cuando colaboren con la administración.

En un momento en el que ejércitos privados hacen la guerra (la empresa Blackwater tiene tropas de mercenarios/as en Irak y Afganistán) y en el que empresas de espionaje como Stratfor son contratadas por todos los gobiernos del mundo (como así desveló recientemente Wikileaks), no sorprende que la seguridad privada se haga cada vez con mayor poder y con acceso cada vez más libre a recursos públicos.

Aunque nos vendan esta medida como una forma de combatir la crisis y ahorrar dinero público, podemos quedarnos tranquilos/as: el gasto en represión es la única partida en la que no se han realizado recortes. Así, mientras se congelan las oposiciones de empleados/as públicos/as, las plazas para los cuerpos de seguridad siguen aumentando, y cuando en los colegios públicos no hay calefacción la Guardia Civil gasta un millón y medio de euros en gases lacrimógenos.

¿Acabarán por ser consideradas las empresas de seguridad como autoridades públicas (como lo son jueces y policías) y que cualquier ofensa contra ellas se pueda considerar un atentado a la autoridad?