Indymedia Estrecho / Madiaq - grupo de juristas 17 de marzo

La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de oficio a 16.300 personas presas

indígena — Thu, 03 May 2012 17:27:22 +0000

El Grupo 17 de Marzo denuncia la eliminación del Servicio de Asistencia y Orientación Penitenciaria en Andalucía.

El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos, ha tenido conocimiento que la Junta de Andalucía ha suspendido el Servicio de Asistencia y Orientación Penitenciaria en Andalucía. El motivo, según la Junta de Andalucía viene motivada por los condicionantes económicos impuestos por el Gobierno Central a causa de la situación de crisis económica en la que estamos inmersos. Desde el Grupo 17 de Marzo consideramos que cada día que se tenga suspendido el Servicio se están vulnerando derechos fundamentales de las personas presas, entre ellos el derecho a la defensa que viene recogido en la Constitución española. Según fuentes del Consejo General de la Abogacía española la asistencia que los abogados de los colegios andaluces prestan a los más de 16.000 internos de centros penitenciarios de Andalucía supone un coste de 397.600 euros. Asimismo desde el Grupo 17 de Marzo se insta a la Junta de Andalucía que restablezca inmediatamente el Servicio de Asistencia a presos y que adelante el dinero como ha hecho en otras ocasiones, con otros servicios, a la espera de firmar el nuevo convenio con el Ministerio de interior. Es curioso que sean las personas con menos derechos y las más vulnerables económicamente sean las que se vean afectadas por este tipo de medidas vulneradoras de derechos y mientras la Junta de Andalucía advertía en septiembre, ante los impagos por parte de ésta de los turnos de oficios generales y la advertencia de hacer huelga por parte de los abogados, que se estaban vulnerando derechos fundamentales, en este caso no diga lo mismo. Esto unido, a la eliminación del transporte público a las prisiones y a la inexistencia de una sanidad pública andaluza en ellas, también por la Junta de Andalucía, hace se castigue por partida doble a las personas presas y sus familiares en Andalucía. A partir de ahora las personas presas tendrán que pagar por la asistencia jurídica. Estas medidas hacen que las cárceles andaluzas sean espacios oscuros donde el derecho muchas veces no existe, y demuestra el poco compromiso de la Junta de Andalucía, de la Consejería de gobernación y del Ministerio de Interior con los derechos humanos. Asimismo estas medidas dificultan el derecho a la reinserción de las personas internadas en estos establecimientos, por lo que se URGE al restablecimiento de la Asistencia Jurídica Gratuita.

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La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de oficio a 16.300 personas presas

03/05/2012

La guerra de administraciones afecta a los más desfavorecidos. La APDHA exige la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP)

16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. La suspensión de los SOAJP se ha debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio. El pasado 17 de abril la Junta, escudándose en esta falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios de Abogados la suspensión del servicio. Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando las personas privadas de libertad. Algunos Colegios suspendieron el servicio de inmediato y los restantes lo hicieron el 30 de abril (a excepción de Málaga), por las dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta de Andalucía para ahorrar costes. Desde la APDHA denunciamos que la Administración Autonómica, que tanto critica los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico.

En el año 2011 el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió en Sevilla, provincia con tres centros penitenciarios ordinarios, un psiquiátrico y un CIS, a 3.311 personas presas; en Córdoba, con un centro ordinario y un CIS, a 1.800; en Cádiz, provincia con cuatro centros ordinarios y un CIS, a 1.101 presos/as; en Almería, 591; Málaga, 539. Granada¹, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, las presas. Nueve mil asistencias de dieciséis mil trescientos presos/as dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia, en igualdad de condiciones que las personas libres. Es más, con mayor limitación que las personas en libertad, que pueden acudir al Colegio de Abogados a solicitar un abogado a través de la justicia gratuita. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición y recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como trabajo, sanciones, libertad condicional, permisos de salida…

El pasado 17 de abril, la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración.

El citado Convenio de 3 de abril de 2008 establecía una vigencia inicial de tres años, si bien estableciendo sucesivas prórrogas por acuerdo expreso de las partes. La financiación corría a cargo de la Administración Autonómica. Finalizado el plazo establecido inicialmente, en abril de 2011, el servicio continó prestándose durante un año sin oposición por ninguna de las partes. De manera sorpresiva la Junta de Andalucía, escudándose en la falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios la suspensión del servicio, hasta tanto se firme el citado Convenio por parte del Ministerio. Al parecer éste, por su parte, apunta como causa del retraso que la Administración Autonómica andaluza no remitió la solicitud de renovación hasta final del año 2011, cuando debió hacerse a principios del mismo.

Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando los presos y las presas. Así pues, el 17 de abril pasado, algunos Colegios obedeciendo las citadas instrucciones suspendieron el servicio, en concreto, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. Sevilla y Córdoba decidieron, valientemente, continuar prestando el servicio temporalmente, para no generar indefensión en los/as presos/as, hasta el día 30 de abril, fecha en la que se esperaba pudiera estar subsanada la firma. Ante la falta de subsanación y las dudas generadas, por una eventual falta de voluntad de su ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta para ahorrar costes, se decidió suspender el mismo. El Colegio de Málaga es el único que continúa el servicio y tomará una decisión al respecto el lunes 7 de mayo. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha mostrado al Gobierno la sorpresa y preocupación del organismo que preside por la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía².

Con anterioridad al citado Convenio tripartito, se prestaba el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria a través de Convenios de Colaboración entre cada Colegio de Abogados y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (hoy Secretaría General). De hecho, los citados Convenios fueron firmados por el Director General, hoy también Secretario General Ángel Yuste, datando el de Sevilla del mes de febrero del año 2001. Con anterioridad el servicio se prestaba en Málaga desde 1998. Desde 2002, en Córdoba y Granada, y el resto desde 2003.

Quince años después, 16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social (para terceros grados) están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. No tienen acceso a algo tan esencial como el derecho a la tutela judicial efectiva que se garantiza a través de la asistencia letrada.

Así pues, desde la APDHA exigimos a las dos Administraciones Públicas que desbloqueen la situación actual. En cualquier caso, instamos a la Junta de Andalucía a continuar su convenio con los Colegios de Abogados, aún cuando el Ministerio del Interior no aporta nada al citado Convenio, más allá de permitir la entrada a los establecimientos penitenciarios, ya que de hecho, los letrados tienen libertad per se para acceder a los mismos.

Lamentablemente, el Ministerio del Interior ha llegado a señalar³ que las personas presas no quedan desatendidas, ya que los centros penitenciarios disponen de un cuerpo de juristas al que pueden acudir los/as internos/as. Burda excusa, si se tiene en cuenta que los 5 juristas que de media hay por centro, padecen actualmente una sobrecarga que hace inviable que sustituyan a los abogados y las abogadas de los Colegios en la prestación de este servicio. De hecho, en el Convenio se reconocía por parte del Ministerio del Interior “la conveniencia de que sean los Colegios de Abogados los que realizaran dicho servicio en los Centros Penitenciarios de Andalucía, garantizando así la continuidad en el asesoramiento, atención y asistencia jurídica que se venía prestando, si bien procediéndose a una mejor regulación” ⁴.

La eliminación de estos servicios por parte de la Administración Autonómica, amparándose en la falta de voluntad del Gobierno Central, es un paso más en el recorte de derechos básicos del estado de bienestar. La Junta de Andalucía, que tanto se encarga de vociferar los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico. Pediremos al nuevo gobierno andaluz de coalición que restaure inmediatamente el servicio.

Al día de hoy, más de 600 personas presas han formulado solicitud de letrado y están a la espera de ser atendidas. Ninguna Administración les ha explicado la nueva situación. Como APDHA hemos iniciado una campaña de información y acompañamiento a los presos, a fin de que puedan exigir y reclamar su derecho a la asistencia letrada en Andalucía.

Andalucía, 3 de mayo de 2012

NOTAS

1. Según declaraciones a Europa Press de su propio decano que cifró una media de 3 asistencias diarias.
2. http://www.abogados.es/portalABOGADOS/printPortal.do?urlPagina=/S005024003/1335361023925_es_ES.html
3. http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/la-junta-teme-que-se-suprima-servicio-en-prision_710057.html
4. BOE nº 90, 14-04-08, pág 19821 Exposición

http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Item...

Chamizo investigará la denuncia por la posible existencia de "ficheros ideológicos" de activistas de izquierdas

Fri, 27 May 2011 21:04:15 +0000

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, investigará la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas y la Red Andaluza por la Igualdad y los Derechos Humanos por la existencia de "ficheros ideológicos de activistas de izquierda" que serían manejados por el Cuerpo Nacional de Policía.
   En el escrito, fechado el pasado día 13 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, Chamizo pone de manifiesto que, una vez recibida la queja por parte de los denunciantes, "procedemos a estudiar el contenido del asunto que nos plantea", añadiendo que "el resultado de ese estudio le será comunicado en el plazo más breve que nos sea posible".
   No obstante lo cual, asevera que, "en cualquier caso, es muy importante que tenga en cuenta que la presentación de su comunicación ante esta Institución no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco interrumpe los plazos legales establecidos para hacer valer sus intereses".
   En la denuncia, que también fue elevada ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante la Fiscalía de Sevilla, el letrado Luis de los Santos aseguraba que, "desde hace años, al menos desde 2001 hasta la actualidad, se sospecha que la Policía Nacional de Sevilla, en concreto la Brigada de Información y el Grupo Hércules de la Comisaría Centro de la Policía Nacional, pueden manejar determinados datos de ciudadanos, sin control alguno por la administración".

POSIBLE FINALIDAD POLÍTICA IDEOLÓGICA

Dichos ficheros, según la denuncia, "pueden tener una finalidad política ideológica, ya que es cuanto menos extraño que todas las personas que aparecen como consecuencia de la presunta existencia de dichas bases de datos, pertenezcan o hayan pertenecido en algún momento de su vida a la izquierda sindical, política y social de la ciudad de Sevilla".
En una nota de prensa, el Grupo 17 de Marzo ha mostrado su satisfacción por la "rapidez" con que ha actuado la institución del Defensor, "que demuestra un compromiso claro con los derechos humanos". Hay que recordar que, en la denuncia, se solicitaba la apertura de diligencias de investigación por si estos hechos pudieran ser constitutivos de sendos delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y contra la intimidad de las personas.

Nota de prensa de la Asoc. 17 de Marzo ante las detenciones del jueves 21

moreno — Sat, 23 Oct 2010 15:33:00 +0000

EL GRUPO 17 DE MARZO ANUNCIA QUERELLA CRIMINAL POR DETENCIÓN ILEGAL

El Grupo 17 de Marzo, ha tenido conocimiento, con gran preocupación, de la situación referente a nuestro compañero Luis de los Santos, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, y actual coordinador de la asociación. A las cuatro de la tarde de ayer, 21 de octubre, fue detenido en su despacho profesional. La detención se practicó en el curso de las diligencias abiertas a raíz de los incidentes ocurridos en el Rectorado de la Universidad Hispalense el día 29 de septiembre pasado, con motivo de la huelga general.

El Grupo 17 de Marzo situó a varios de sus miembros, entre los que se encontraba el compañero detenido, como observadores y mediadores ante la Policía, en diversos piquetes informativos durante la jornada de huelga y, resultado de esta labor, emitió un informe en el que se denuncian abusos e irregularidades en la forma de proceder de la Policía. (se adjunta informe).

Precisamente, se da la circunstancia de que el propio Luis de los Santos, asumió la defensa del único piquete detenido en el Rectorado, y, concretamente, en la mañana del 29 de septiembre había asistido procesionalmente al mismo ante la propia Policía Es decir, que ha sido detenido en las mismas diligencias en las que actúa como abogado y por tanto debería haber sido citado (y en ningún caso detenido) por el propio juzgado y por conducto ordinario.

Sin embargo, fue conducido a presencia judicial donde, a pesar de lo grotesco e irregular de la situación. Así mismo se denuncia que a pesar de solicitar expresamente a la titular del juzgado que se le retirasen las esposas, tuvo que prestar declaración maniatado durante unos minutos hasta que se le liberó de los grilletes, contraviniendo de esta forma lo dispuesto por la Instrucción 12/2007.

Consideramos que esta detención constituye, en sí misma, una medida injustificable, innecesaria y desproporcionada, que puede ser constitutiva de detención ilegal, por lo que El Grupo 17 de marzo interpondrá la correspondiente querella criminal.

De cualquier forma el Grupo 17 de Marzo denuncia la obstrucción y la criminalización de sus miembros, por parte de determinados grupos policiales y por el Ministerio de Interior, que sistemáticamente se han visto envueltos en imputaciones y agresiones derivados del ejercicio del derecho de defensa. Así, abogados como Luis Ocaña y Emma Valiente han sido objeto de estas denuncias en el pasado por ejercer dicho derecho, lo que unido a éste último caso, supone una obstrucción sistemática al ejercicio profesional, impropio de un estado de derecho.

Denunciamos expresamente la pasividad del Colegio de Abogados de Sevilla, frente a lo que es costumbre en otras corporaciones del Estado frente a casos similares. Denuncia el Grupo 17 de Marzo que el derecho de defensa nunca ha estado más indefenso en esta ciudad. El Grupo 17 de Marzo, interpondrá una queja formal al Subdelegado del Gobierno, al Colegio de Abogados de Sevilla, al Consejo General del Poder Judicial. Asimismo pondrá en conocimiento dicho caso a la CPT y a la AED, y al Relator de Derechos humanos de la ONU.

El Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos es una asociación independiente formada por juristas, miembro a nivel estatal de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) y a nivel europeo de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas. Entre sus fines estatutarios se encuentra el hacer respetar el derecho de defensa y, especialmente, preservar la integridad física y la libertad política y la independencia de los abogados en su actuación.

Comunicado de la CPT-A ante la decisión de Diputación de Sevilla de clausurar las jornadas contra la tortura

indígena — Sun, 07 Mar 2010 18:09:44 +0000

COMUNICADO DE LA COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE ANDALUCIA ANTE LA DECISIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DE CLAUSURAR LAS IV JORNADAS CONTRA LA TORTURA

La Sección Andaluza de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura está compuesta por el Grupo 17 de Marzo, Federación Enlace y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Ante la decisión de la Diputación de Sevilla de impedir que las IV jornadas contra la tortura continúen celebrándose en la Casa de la Provincia, la CPT-A desea hacer públicas las siguientes consideraciones:

-La solicitud del local de la Diputación se realizó siguiendo el procedimiento establecido. Se facilitó para su visado una copia del programa previsto. A la vista de todo ello, la Diputación resolvió conceder el uso del espacio, así como la Universidad de Sevilla otorgó un crédito de libre configuración a la misma.

-En el programa previsto, además de los defensores del pueblo que finalmente no pudieron participar y algún otro participante, aparecían todos los conferenciantes que efectivamente figuran en el programa definitivo.

-Las IV jornadas contra la tortura pretenden ser un espacio de reflexión jurídica sobre la lucha contra la tortura en el Estado español. Los ponentes de las jornadas incluyen fiscales, letrados del Tribunal Constitucional, profesores universitarios, médicos y abogados de prestigio internacional..

-La Diputación nos ha comunicado que no podíamos proseguir con el uso del espacio de manera verbal, saltándose todos los procedimientos previstos y sin motivar adecuadamente su decisión. El único fundamento ha sido la preocupación de la dirección de la Casa de la Provincia por una noticia aparecida hoy en el diario El Mundo.

-Se nos comunicó por teléfono, una hora antes de que comenzara la sesión de la tarde y dejando en la calle a los ochenta participantes y estudiantes de la Universidad de Sevilla que acudían a las jornadas.

Ante ello, la CPT-A considera que la Diputación de Sevilla, al ceder al chantaje y la desinformación de grupos ultraderechistas ha demostrado su nulo compromiso con la lucha por los derechos fundamentales.

El modo en que se nos ha comunicado la decisión pone en evidencia una manera absolutamente arbitraria de gestionar los espacios de titularidad pública. La decisión se ha tomado una vez comenzada las jornadas. El uso de la Casa de la Provincia no puede estar sometido a los caprichos de quienes la gestionan ni a su interés por mantener determinada imagen pública.

En definitiva, se trata de una decisión que pone en serias dudas el compromiso de la Diputación de Sevilla por la protección de los derechos humanos.

La CPT-A anuncia que iniciará acciones judiciales pertinentes contra los responsables de este atropello y exigirá todas las responsabilidades posibles, así como lo comunicará a todas las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos y de erradicación de la tortura.

(Información previa en: http://estrecho.indymedia.org/sevilla/noticia/espeluznante-diputaci%C3%B3n-prohibe-jornadas-contra-tortura)

+ info sobre la autorización de la cadena humana alrededor del fibes...

pijamaman — Fri, 15 Jan 2010 16:25:11 +0000

Me acaba de llegar por la lista de correo del May Day Sur el siguiente comunicado que transcribo textualmente:

"EL TSJA ESTIMA EL RECURSO DEL GRUPO DE JURISTAS 17 DE MARZO Y ANULA LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR LA CONTRACUMBRE EN LAS CONDICIONES SOLICITADAS POR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

La Sección Primera del TSJA ha estimado el recurso interpuesto ante el TSJA por vulneración de derechos fundamentales, por la Asociación Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos -Grupo 17 de Marzo. Según los juristas esto supone una victoria del Estado de Derecho sobre el oportunismo político.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha convocado a las dos de la tarde con carácter urgentísimo una vista oral para examinar el recurso interpuesto esta mañana por el Grupo 17 de marzo contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno que prohibió los actos de protesta a celebrar esta tarde ante el palacio de congresos de Sevilla con motivo de la reunión informal de ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea. En la vista, el Grupo 17 de marzo ha expuesto que se trata de una prohibición arbitraria y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En la resolución administrativa se argumentaba que los actos de protesta podrían afectar al derecho a la libre circulación de personas y se aludía a las normas de la Ley de Seguridad Vial. Sin embargo esta decisión política es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Los abogados se congratulan por el fallo estimatorio que contiene no solo la anulación de la prohibición de Delegación del gobierno para celebrar la manifestación, sino que además declara el derecho de los convocantes a manifestarse en los términos solicitados, es decir se autoriza por el poder judicial la cadena humana alrededor del perímetro de la valla."