Indymedia Estrecho / Madiaq - criminalización de la protesta

Firma nuestra peticion (Las Rondas Campesinas y la poblacion de Santiago de Chuco)

Fri, 15 Jul 2011 05:49:36 +0000

Comienzo: 17/07/2011

Las Rondas Campesinas y la poblacion de Santiago de Chuco, La Libertad exigen una Auditoria en el Juzgado Mixto de Santiago de Chuco, pues la jueza esta tambien muy parcializada y la fiscal también, a las dos se les debe hacer una Auditoria Juridica y que renuncien a su cargo en el plazo de quince dias / desde el 4 de julio de 2011 / !

Si no hay que tomar medidas urgentes contra tales venales autoridades amparadas en su carnet aprista como lo es la jueza. Se quiere su remocion de estas. Pues ellas estan despidiendo a empleados que han trabajado por años en la Unidad de Educacion de Santiago de Chuco. Las autoridades denunciadas por los hermanos ronderos de la provincia de Santiago de Chuco - es decir la fiscal y la jueza junto con el señor Murgia quieren poner en los lugares de los hermanos despedidos a apristas con carnet. Estan acusadas ambas de parcializarse en las denuncias, hasta tal punto que han dejado de lado casos más importantes como el asesinato de una persona, cuyo principal sospechoso se encuentra libre.

La poblacion que exige sus derechos constitucionales a vida y a trabajo digno y merecidamente remunerado anucia su deseo de tomar medidas mas extremas en caso de que no se les preste la atencion a sus exigencias justas !

Necesitamos apoyo:
Cada persona que desea apoyarnos que mande queja a las siguientes direcciones:

http://ocma.pj.gob.pe/default.aspx?view=servicios&id=1&opcion=queja

Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez
Correo Electronico: ocmapj@pj.gob.pe

En la union esta la fuerza !
Esperamos vuestro apoyo !

Tanyita Yupanqui

http://juanestebanyupanqui.blogspot.com/2011/07/las-rondas-campesinas-y-...

http://www.trujillonoticias.pe/index.php?option=com_content&view=article...

Venezuela: Transtorno de ideas delirantes

Mon, 06 Sep 2010 15:28:23 +0000

* La semana pasada murió en Caracas Franklin Brito, quien realizaba una huelga de hambre. Esta nota, escrita por un integrante de la redacción de El Libertario www.nodo50.org/ellibertario, expone las circunstancias que rodearon al hecho, así como la responsabilidad que tienen el Estado venezolano y sus funcionarios en este trágico desenlace.

En el museo de la ignominia quedará la justificación que realizó la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, sobre la medida de privación ilegítima de libertad contra Franklin Brito. Esa decisión, de recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante su huelga de hambre, causó la radicalización del conflicto, dificultando el diálogo y apostando por un desgaste que terminó, en última instancia, con su fallecimiento.

Como se recordará el 15 de enero del 2010 la Fiscal anunciaba, a través de los medios estatales que el productor agropecuario padecía de "trastorno de ideas delirantes". La doctora Díaz se convirtió en una figura activa de la campaña de criminalización y desprestigio, a la cual también se sumó la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el 14 de diciembre del 2009 sostuvo que Brito "no reunía la mejor condición mental". Por defender lo que consideraba como sus derechos violentados, las máximas figuras del llamado "Poder Moral" lo llamaban loco.

Debido al drama relacionado con sus sucesivas huelgas de hambre, con frecuencia se olvida que la violación de la titularidad de sus tierras era sólo un capítulo de una serie de atropellos contra este trabajador, oriundo de Rio Caribe, que empezaron cuando tuvo el "trastorno" de señalar, con pruebas, la inminencia de actos de corrupción en los organismos estatales. Como consta en la comunicación que Brito dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009, y en las primeras informaciones sobre su caso ventiladas por los medios, en abril del año 2001 el biólogo denunció que un millonario proyecto de fumigación con agroquímicos, contemplado por la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolívar a ser financiado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no era la mejor alternativa para combatir las enfermedades en los cultivos de ñame de la región. En cartas dirigidas a la Asamblea Nacional, El Bloque Parlamentario Región Guayana y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse ese proyecto constituiría un "uso inadecuado de los recursos", pues no era recomendable para el modelo de siembra utilizado en la zona. El INIA le dio la razón, recomendando el uso de variedades de ñame resistentes a las plagas como una solución más económica y ecológicamente sustentable. En consecuencia la CVG desistió del financiamiento, desbaratando el negocio que involucraba, entre otros funcionarios, al alcalde del municipio, Juan Carlos Figarella.

Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin Brito y su familia. Como retaliación por su denuncia, se dispararon diferentes resortes del poder para hacerle pagar con intereses sus "ideas delirantes". El 16 de abril del 2001 es despedido del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Agrario (IAMDA), una institución dependiente de la Alcaldía del Municipio Sucre. Paralelamente fue cesanteado en su cargo de profesor de la Unidad Educativa Nacional "El Guarataro", cuya directora, Griselda Álvarez, era prima del alcalde Figarella. Como si lo anterior no fuera suficiente, también es botada su esposa, Elena Rodríguez de Brito, de su rol de docente en la Escuela Integral Bolivariana "El Guarataro". Como parte de este ensañamiento ocurre el otorgamiento de cartas agrarias, por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al biólogo y que eliminaban la única vía de acceso a su fundo de 290 hectáreas, imposibilitándole la entrada y el trabajo en el mismo. Y es aquí donde Franklin Brito decide la "locura" de pelear, sin descanso, por el resarcimiento de sus derechos, en la parte de la historia cuyo desenlace es lastimosamente conocido por todos y todas.

Ante su determinación de hacer visible las irregularidades, el Ejecutivo Nacional asumió una estrategia incoherente. Por un lado cumplieron parcialmente algunas de sus demandas, como bien las enumeró la postura oficial tras el fallecimiento del huelguista, sin embargo por otro se apostaba a la estrategia del desgaste y la difamación, para intentar doblegarlo en su determinación. Algún día tendrá que responder por sus actos un conductor del programa nocturno del Canal 8 que aseguraba tener una filmación de la esposa de Brito con otro hombre; o aquellos que manipularon y difundieron un video para intentar demostrar que Brito era un chantajista. Su caso tenía una fácil solución si hubiese existido la franca voluntad de dialogar y resolver el problema, sin embargo lo que imperó fue el irrespeto, la soberbia y la intolerancia.

El error homicida del gobierno fue secuestrarlo en el hospital militar pues obligó a Franklin a radicalizar su huelga. Cuando el gobierno intentó retomar el diálogo el deterioro de su salud era irreversible. En ese momento las demandas principales de Brito eran formalizar como reparaciones materiales a daños contra su persona, las diferentes medidas tomadas por el Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a favor o en contra, del propio presidente de la República.

En cualquier otro país la muerte de un huelguista de hambre hubiera originado diferentes responsabilidades y renuncias. La Fiscal General de la República debe meditar, concienzudamente, si es pertinente su permanencia en el cargo. En cualquier escenario, la próxima Asamblea Nacional debe revisar con la mayor rigurosidad su informe de gestión, y decidir si la funcionaria ha cumplido cabalmente con sus funciones, o por el contrario debe ser removida.

Como dice el trovador peruano Daniel F en su versión del tema "De cartón piedra" de Serrat: "Me gusta estar con locos porque me llegan al pincho los tipos demasiado sanos, los cuerdos, esos que dicen "para que vamos a hacer tal cosa si ya todo está perdido". En Venezuela hay una nueva denominación para quienes deciden no claudicar en la defensa de sus derechos: "trastornados de ideas delirantes".

Venezuela: asesinado activista de Derechos Humanos

Fri, 27 Nov 2009 00:34:23 +0000

* El asesinato de un activista de derechos humanos en Barquisimeto revela la sistemática política del Estado venezolano contra la disidencia y las clases populares. Desde el periódico El Libertario denunciamos este hecho como un nuevo capítulo de la arremetida gubernamental contra las organizaciones de base, autónomas, revolucionarias y disidentes.

Durante la mañana del 26.11.09 fue asesinado en la ciudad de Barquisimeto Mijail Martínez, de 24 años de edad, videoactivista y colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Según los testimonios, dos individuos desconocidos abordaron a Mijail en las afueras de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios disparos en el pecho. La víctima es productor audiovisual y trabaja en el programa de televisión de su padre Víctor Martínez, un antiguo militante bolivariano y ex diputado del Consejo Legislativo de la región, el cual debido a las múltiples contradicciones del proceso bolivariano ha venido realizando denuncias acerca de la implicación de altos funcionarios gubernamentales y policiales en hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. En declaraciones ofrecidas a los medios, Víctor señala que el móvil del asesinato es político, y buscaba silenciar sus señalamientos: “Chávez yo te ayudé cuando estabas solo en la cárcel y nadie daba medio por ti, eres el responsable de la muerte de mi hijo y de muchos delitos que se cometen, porque en vez de ser el primer garante de la constitución eres el primer violador y debido a esto pagamos todos los venezolanos con la inseguridad que hay en el país”, afirmó.

Este crimen político se realiza en un contexto regional de profunda degradación de los diferentes niveles del poder gubernamental. Como han venido registrando organizaciones de derechos humanos como Provea (www.derechos.org.ve), la policía del estado Lara es el segundo cuerpo policial denunciado por violaciones al derecho a la vida, acumulando durante el año 2008 el 19,43% de los casos en todo el país, para un total de 31 víctimas. Además, los policías han sido denunciados por su participación activa en extorsiones, atracos a bancos, secuestros, tráfico y siembra de drogas en la ciudad, lo cual tiene como principales víctimas a personas de bajos recursos. Esta situación ha motivado la respuesta social de diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), fundado en el año 2004. El CVCI ha denunciado la implicación de altos funcionarios regionales, tales como el antiguo comandante de la policía Rodríguez Figuera, en la creación de las mafias policiales, así como el encubrimiento y participación del antiguo gobernador del estado Lara Luís Reyes Reyes. En vez de realizar una investigación de las diferentes denuncias, el gobierno central premió al exgobernador con el cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia.

Debido a sus denuncias y movilizaciones, los integrantes del CVCI han sido objeto de amenazas de muerte y de un proceso creciente de criminalización. Desde el momento de su fundación, Mijail Martínez había venido registrando en video el trabajo comunitario de la organización, con la intención de realizar un documental sobre esta experiencia popular. Una muestra de su trabajo puede verse en http://www.vimeo.com/5130428

Desde el periódico El Libertario denunciamos este hecho como un nuevo capítulo de la arremetida gubernamental contra las organizaciones de base, autónomas, revolucionarias y disidentes. Asimismo, enviamos nuestro mensaje de condolencia y afecto a los familiares y amigos de Mijail, un prometedor joven en el terreno de las luchas sociales de cuyo entusiasmo y compañerismo fuimos testigos. Señalamos que este crimen es parte de la política de criminalización de la protesta popular emprendida por un gobierno servil a los intereses del capitalismo globalizado. Por último, denunciamos la complicidad del gobierno, de los medios estatales y pseudocomunitarios, de la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Tribunales de Justicia en cualquier hecho que ponga en peligro la vida e integridad de Víctor Martínez y su familia, los integrantes del Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara y del resto de luchadores y luchadoras populares de la región que han venido señalando, con nombres y apellidos, la implicación de funcionarios policiales y burocráticos en hechos de corrupción, tráfico de drogas, extorsión, secuestros y asesinatos en la región centro-occidental del país.

Periódico El Libertario
Caracas, 26.11.09

Nota: Para información amplia y pormenorizada sobre la lucha que lleva adelante el CVCI-Lara y cómo se ha venido degradando la situación de los Derechos Humanos en esa región, véanse los articulos sobre el tema publicados en los siguientes números de El Libertario: 52, 54, 55 y 56, accesibles en nuestra web www.nodo50.org/ellibertario