Indymedia Estrecho / Madiaq - Rio de Janeiro

Reflexiones políticas después de la catástrofe en la región serrana de Río de Janeiro

Tue, 08 Feb 2011 13:28:05 +0000

Observación a los y las lectores: En este artículo pusimos dos citaciones. Una, de la Federación Anarquista de Rio de Janeiro (FARJ) y otra, del Foro del Movimiento Sindical y Popular de Nueva Friburgo. Por supuesto que por concepción, estas citaciones vienen por que nosotros estamos de acuerdo con estas posiciones y, más que nada, comprendemos que la mayor legitimidad de los pronunciamientos y las críticas provienen de las estructuras organizadas del pueblo, sea en su versión política específica, como la FARJ, o en su versión de frente de movimientos, como el Foro de Nueva Friburgo. Nuestra labor analítica es secundaria, tiene su relevancia, pero siempre y cuando la gente auto organizada exprese su voz propia. Buena lectura, y nuestra condolencia para con las víctimas.

La ausencia de un ordenamiento y planificación del suelo urbano, del uso semi-rural (como en los condominios de casas de campo y chacras), así como la opción por la red de hoteles hacienda, siempre ocupando cuencas de ríos serranos, puede ser considerada la causa de fondo para el desastre en la Región Serrana de Río. No es novedad para nadie la falta de compatibilidad entre el relieve del Estado de Río de Janeiro y la ocupación humana, principalmente en una región donde montañas y laderas son los destaques de la geografía.

Por otro lado, el periodo de verano siempre fue -y continuará siendo- una época con régimen de lluvias acentuado. Si una de las actividades-fin del acto de gobernar es proveer el bien común y el bienestar de la mayor parte de los ciudadanos, es conceptualmente correcto afirmar que los tres ayuntamientos de las mayores ciudades de la Serra (Petrópolis, Teresópolis y Nueva Friburgo) fallaron y quebraron como entes de gobierno. Lo mismo se puede decir en relación al gobierno del Estado, que también debería garantizar una planificación mínima, y sin embargo suficiente, para la evacuación de los habitantes en casos de emergencia.

Ejemplos simples de medidas de procedimientos pueden ser helipuertos de segunda categoría, con zonas cimentadas en repechos de sierras, techos de edificios y camiones todo terreno. También escalas de plantón, incluyendo la coordinación con tropas federales como refuerzo de la Defensa Civil y otras formas de atención máxima. Tampoco es factible creer que existan sistemas de seguridad patrimoniales desarrollados –con monitoreo central y salas de contingencia móviles– y esta misma aplicación tecnológica no pueda ser empleada para salvar vidas de personas y también de animales. El mismo raciocinio es aplicable para cuando el Estado opta por reprimir –y ahí sí lo hace muy bien– cuando los tres niveles de gobierno, en teoría, deberían operar para garantizar la vida de la mayoría. En este punto, se falla cíclicamente.

Es una cobardía política apelar a la solidaridad –sin fin y géneros– del pueblo brasileño y no accionar los mecanismos apropiados para prevenir o preparar planes de contingencia de catástrofes y calamidades. Hoy, no hay siquiera un órgano de geotecnia (ciencia que estudia la interferencia de obras de infraestructura con sus fundaciones, sean ellas en suelo o roca) adecuado para mapear las áreas de riesgo (por inundaciones) y contención de barrancos. Por lo tanto, si el Estado no previene, queda de este lado del contrato social que firmamos al nacer –y sin saber– prestar obediencia y lealtad a una determinada forma organizativa que, otra vez más en teoría, estará presente para cobrar impuestos, prender, reprimir, juzgar y destinar recursos colectivos. Cuando una de las partes casi nunca cumple mínimamente con sus gravámenes contractuales, ¿cómo mantener el contrato?

Volviendo a las medidas no ejecutadas, comprendemos que si las donaciones son de alimentos no perecederos, aguas y productos de higiene, son todos productos que se puedan tener en stock, bastando para eso con mantener almacenes para eventuales emergencias. Apelar a la población genera cohesión social, causa conmoción en las personas y envuelve a quienes ya tienen estado organizado. Pero actuar por solidaridad y no hacer la crítica del desgobierno, es optar por la vía de la ceguera política. La misma despolitización que transforma la visita de jefes de Estado en compensación del poder público, aunque sea a través de la espectacularización mediática.

En el vacío de la política oficial, los medios en general, y la Red Globo en particular, nuevamente “se visten con la camisa” de su estado de origen y organizan a la sociedad, pautándola con el desastre de las lluvias. Lo mismo ya había sucedido cuando la gran inundación de Río de Janeiro de 1966, cuando la Red Globo se legitima como prestadora de servicios, aumentando el arraigo de la recién formada televisión (venida de un periódico, El Globo, que apoyó el golpe de Estado de 1964 y antes había apoyado la caída de Getúlio Vargas –generada por su suicidio– en 1954). Cuando los medios empresariales brasileños gobiernan y pautan de forma unilateral a la sociedad, aún en períodos de emergencia, las personas quedan carentes de críticas.

Hasta el viernes 28 de enero, ya sumábamos cerca de 8.810 desamparados, 21.000 desalojados y 840 muertos en las ciudades alcanzadas por el mayor desastre que envuelve deslizamiento de sierras e inundaciones en la historia del país. La cantidad real puede ser mayor, una vez que barrios enteros desaparecieron, habiendo aún localidades distantes de los centros urbanos que se encuentran aisladas. Las muertes son, en gran medida, fruto de la escasa prevención y la intervención emergente cuando los tiempos se acortan y la agilidad en el socorro implica salvar vidas.

Si hay una buena compensación de la tragedia de enero es saber, una vez más, de la inmensa capacidad solidaria del pueblo para consigo mismo. Esta puede ser la buena señal, saber que más allá de las intervenciones oficiales y del clamor mediático, hay una cultura viva de ayudar al prójimo, de alteridad y auxilio. Este caldo de cultura puede ser una fuente de cambio de comportamiento, si existen recipientes políticos capaces de acoger estas culturas y núcleos mediáticos sin perfil empresarial, como fue el caso de la Radio Comunitaria del municipio de Areal, que ayudó a convocar los habitantes de la riberas de los ríos Negro y Piabanha y a evacuar la zona presta a inundarse.

Ejemplos como este pueden ser la matriz de un modelo de aumento del control de sus propios destinos por parte de la población de los pequeños municipios. Donde la líder del oligopolio tiene una cobertura parcial (con pautas eventuales dentro del telejornal local) tienen más espacio –“naturalizado” por el vacío de poder mediático– los medios en su forma no comercial.

Manifiesto a la población y a las autoridades

Por suerte, y como era de esperarse, la esfera solidaria también elevó el nivel de la crítica y del movimiento. El día 28 de enero, organizaciones políticas y entidades representativas de Nueva Friburgo, reunidas en foro permanente de debates y de presentación de propuestas para el enfrentamiento de la tragedia de la región serrana fluminense, presentaron un manifiesto público[i] con reivindicaciones, que puntuaba a los trabajadores como los mayores interesados en la definición de políticas públicas, de cara a la superación de los problemas provocados por las lluvias.

El manifiesto disponible en diversos sitios web y blogs muestra que el Foro del Movimiento Sindical y Popular de Nueva Friburgo, como se denomina el colectivo, exige una práctica democrática de carácter horizontal que apunte a la reconstrucción de las ciudades alcanzadas sobre nuevas bases, bajo la atención de los intereses de la población. Organizaciones como la Asociación de los Docentes de la Facultad de Filosofía Santa Dorotéia, el Consejo Municipal de las Asociaciones de Habitantes, sindicatos de obreros y de trabajadores del tercer sector y partidos políticos, componen el Foro.

Entre las pautas, está la garantía de ningún despido, reposición de horas o corte de salarios en el periodo crítico de la tragedia; exención de impuestos, tasas y tarifas a la personas perjudicadas; contratación de vacantes en los hoteles de las ciudades para los desamparados; campaña de salud preventiva; construcción de viviendas populares en áreas de seguridad y con condiciones dignas de supervivencia; prisión y casación de las permisiones de empresarios, comerciantes y correctores de inmmuebles que hayan encarecido los precios de sus productos y alquileres, como ya viene aconteciendo.

El movimiento social también exige una acción de la Procuraduría General del Trabajo, Ministerio Público del Trabajo y Ministerio del Trabajo y Empleo, que asegure derechos sociales y laborales con la designación de una Procuraduría especial para las demandas advenidas por la tragedia. La idea es que se formen comités populares para acompañar el uso de los presupuestos federales y estaduales. Los miembros del Foro reivindican participación en las decisiones políticas acerca del futuro de la ciudad, inclusive con la elaboración de un plan permanente de preservación ambiental.

Destino de los recursos federales

En nota oficial [ii], la Federación Anarquista de Río de Janeiro (FARJ) denuncia que la mayor parte de los recursos federales es destinada para obras de la Copa del Mundo y de las Olimpíadas, dejando de lado políticas de prevención de desastres naturales comunes en el inicio del año. En 2010, por ejemplo, cerca de 300 personas murieron en las ciudades de Angra del Rey y Niterói, víctimas de la ineficiencia del poder público frente a fuertes lluvias también en enero. En la ocasión, el entonces presidente Lula atribuyó los incidentes con inundaciones en el sur y sudeste a la “acumulación de errores” ocurridos en el país.

Parece que el propio ex-presidente y su sucesora repitieron y repetirán los fallos. Según la FARJ, “sólo la reforma del Maracaná costará a los cofres públicos la bagatela de más de 900 millones de reales. Ya las ciudades de Teresópolis, Nueva Friburgo y Petrópolis, pásmense, van a recibir respectivamente hasta 2014, ¡R$ 13,2 millones, R$ 8,8 millones y R$ 1,1 millón para la contención de laderas! Junto, el montante que estas ciudades recibirán llega a R$ 23,1 millones, o sea, irrisorios 2,5% del coste total de las obras en el Maracaná”. Esto sin tomar en cuenta la reforma del mismo estadio en 2008 para los juegos Pan-americanos y los gastos de obras urbanas relacionadas a la hostelería, transporte y seguridad para turistas.

La FARJ informa también que el empresario Eike Batista, uno de los hombres más ricos del mundo, invertirá millares de millones de reales para transformar la ciudad carioca en una especie de “Barcelona Turística”. La organización afirma que “Eike ya dejó claro que uno de sus objetivos es combinar en la ciudad ‘playas bellísimas con importancia financiera y arquitectura ultramoderna’, o sea, se mantiene la playa para los ricos, y la lama para los pobres”. De este modo, parte de Río de Janeiro acogería las inversiones de una minoría rica, mientras millones de las zonas periféricas continuarían sin infraestructura. Los problemas que eran típicos de la capital, como el tráfico de drogas y las inundaciones, pasarían así a ocurrir con mayor frecuencia en otros municipios del estado con más pequeña visibilidad internacional.

Por fin, llaman la atención sobre la falta de un proyecto nacional y una política de habitación que atienda a los brasileños. De acuerdo con la FARJ, el único proyecto nacional de vivienda interesa sólo a las empresas de la construcción civil. “La prueba que esta política continuará es que, juntos, PT y PMDB recibieron R$ 90,9 millones de reales en sus respectivas campañas políticas de grandes constructoras, como la Camargo Corrêa, Odebrecht y otras. Las contratistas donaron más para estos partidos que para otras agrupaciones políticas, lo que indica que la apuesta por parte de la burguesía nacional en el proyecto petista, parece estar dando resultado. Para completar el cuadro, el recién creado ministro de las ciudades, Mário Negromonte es un conocido constructor del estado de Bahia”, dice la nota.

Conclusiones

Más allá de la tragedia, se vislumbra en el aire un nuevo frente de lucha popular, apuntando a la pelea por el derecho al uso del suelo urbano y el reordenamiento del territorio. Causas y puntos de vista se funden, una vez que la defensa de la Mata Atlántica y de las cabeceras y lechos de ríos está más allá de la ecología desde un punto de vista de la preservación, alcanzando a ser una lucha pura y simple por la supervivencia frente al clima y los regímenes de lluvia. Sobrevivir los días que siguen, implica luchar por el control de los recursos colectivos, entre ellos, el propio destino de usufructo del espacio donde todos conviven.

Observación final: mientras concluimos la última revisión de este texto, los medios corporativos ya anuncian que el número de muertos sobrepasa los 860. ¡A la vez que hacemos este envío para Barómetro en Caracas, la televisión oficiosa, la Red Globo admite en su informativo nocturno (Jornal Nacional) que los muertos ya llegan a 874, siendo otros 437 los desaparecidos! ¿Cuáles son las autoridades responsables por esta calamidad cíclica?

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional; contactos en blimarocha@gmail.com / skype: bruno.lima.rocha

Rafael Cavalcanti está concluyendo el curso de grado en periodismo y actúa en la comunicación sindical; correo electrónico: butigahn@gmail.com

Los dos son militantes libertarios y concentran sus trabajos analíticos en portugués, inglés y en castellano en el portal Estratégia & Análise - www.estrategiaeanalise.com.br

[i]http://www.docentesfsd.com.br/noticias.php?id=150

[ii]http://www.anarkismo.net/article/18571

Los contenidos de los análisis publicados por Barómetro Internacional, son responsabilidad de los autores

Agradecemos la publicación de estos artículos citando esta fuente y solicitamos favor remitir a nuestro correo el Link de la pagina donde esta publicado.

Gracias. barometrointernacional@gmail.com

Un problema clave después de la acción bélica en Río

Sun, 19 Dec 2010 17:08:23 +0000

Dando continuidad al análisis político de la ofensiva bélica contra territorios reductos del narcotráfico en Río de Janeiro, traemos a continuación una serie de reflexiones y cuestionamientos sobre la legitimidad del Estado en el procedimiento represivo. Los grandes medios, en especial la televisión abierta, afirman convencidos que la población está segura y apoyan la acción policial con empleo militar del tipo guerra de baja intensidad. No vimos ningún censo y ni siquiera las más que dudosas investigaciones de opinión, salvo la investigación “mágica” del Instituto Ibobe (famoso por las investigaciones de intención de voto y audiencia televisiva) que dio 88% de aprobación de los cariocas a la acción represiva.

Así que nos reservamos al beneficio de la duda en cuanto a la aprobación masiva de las medidas tomadas como respuesta al accionar de la red de pandillas conocida como Comando Vermelho (CV, otrora llamada Falange Vermelha), organizada inicialmente por presos políticos y comunes en la prisión Cândido Mendes, en la Ilha Grande, también estado del Río de Janeiro, durante el final de la década de 70, en plena dictadura militar. Lo que sí podemos afirmar sin riesgo es que existen problemas clave, que hasta ahora no han sido respondidos por órganos oficiales, oficiosos, especialistas o investigadores del área. La lista de preguntas es amplia y sobrepasa el espacio de un artículo. Resaltamos inicialmente uno de los problemas clave: el reconocimiento de la legitimidad del Estado como ente organizador de la vida social de estas comunidades.

Es resaltante la percepción de la obligatoriedad de tener que vivir cerca o dentro del conflicto por el control del comercio ilegal. Los habitantes del “asfalto”, los opuestos de quien vive en los morros cariocas, percibían la dominación territorial de las redes de pandilla que manejan el comercio del tráfico, de forma esporádica. Para los vecinos de comunidades (favelas y conjuntos habitacionales favelizados), existe siempre el riesgo de una bala perdida (¡disparos al azar!) y, por lo tanto, oportunidades reales de perder la vida. La percepción del conflicto para los habitantes de las llamadas “áreas de riesgo”, es permanente.

Entramos aquí en el problema de la legitimidad de la intervención de las fuerzas de la orden frente a una población abandonada a su propia suerte por casi treinta años. Los habitantes de las comunidades muestran como, en poco más de una generación se transformó en cultura aquello que era código de supervivencia. La dominación territorial de un espacio de la ciudad aunque no urbanizado lleva al conflicto de identidades y a la difícil situación de tener que obedecer a dos poderes simultáneos y contrapuestos: el legal y el ilegal.

Aún más. La población no sólo debe obedecer, sino también adherirse, haciéndose cómplice o por lo menos “comprensiva” con las exigencias de uno u otro poder. Es sabido que cuando los narcotraficantes tienen dominio en esas áreas locales, la sensación de orden y bienestar es mayor del que dejada por el abandono del Estado o para empeorar, la “invasión” de fuerzas externas como la propia policía militar, una facción rival, o los paramilitares. La relación de los habitantes marginales con el poder público, además de ser deficiente es siempre de desconfianza. ¿Cómo es posible confiar en una institución policial cuya imagen hasta el inicio de la acción bélica, era evaluada como muy violenta y endémicamente corrupta?

Ese es el problema de fondo, y para la ciencia política, se trata del legítimo ejercicio de la autoridad. Si los habitantes de las comunidades no puedan ver una política transparente por parte de las policías, con punición severa, sumaria y ejemplar de los actos condenables cometidos por sus miembros (como los saqueos policiales tipo expolio de guerra); el fin del cobro del soborno semanal que acompaña al tráfico (el “arrego”); y acabar de una vez con el conocido “esculacho” (humillación violenta de los individuos “sospechosos” frente a los vecinos), no habrá acción bélica que devuelva la legitimidad al estado del Río de Janeiro en las áreas conflagradas.

En el caso de Río, si no hubiera atención a los plenos derechos de la población, sin criminalizar las reivindicaciones legítimas, no se adelanta con poner tanques de guerra en las callejones, porque la población no se va a adherir. Y, como sabe todo y cualquier operador político, en ausencia del consentimiento, sólo restará el ejercicio de la tiranía. Esperamos sincera y honestamente, estarnos engañados en cuanto a estos pronósticos.

En la búsqueda por respuestas

Desde la ocupación del Complexo do Alemão, conjunto de favelas controladas por traficantes, vecino a la también tomada favela Vila Cruzeiro, ambas en la zona norte, región de habitantes baja renta del Río de Janeiro, algunas preguntas aún no fueron respondidas, y no se sabe si lo serán. Entre las principales, está responder si se justifica el conflicto y el accionar bélico en Río, con la opción por ocupación policial y empleo militar de guerra de baja intensidad, además del apoyo directo de tropas profesionales de las fuerzas armadas.

La primera cuestión trata justamente de la aprobación o no del accionar bélico y la percepción de normalidad y rutina. Este apoyo pasa, a nuestro entender, por las formas de percibir el malestar de una ciudad que convive cínicamente con poderes paralelos: narcotráfico; juego del bicho (juego de azar ilegal que mueve mucho dinero en la clandestinidad, generando inclusive organizaciones criminales poderosas que antecedieron a los traficantes en las favelas en relación al lavado de dinero y al poder paralelo); milicias paramilitares; todo eso alimentado por la corrupción endémica de las fuerzas policiales.

Una percepción tiende a apoyar el acto de ofensiva militar, pues surge de la permanente inseguridad física y patrimonial, siendo siempre cualquier ciudadano pasible de ser asaltado o hasta víctima de latrocinio, (aún siendo menor de edad), sea poseedor del mínimo de bienes, o que por desgracia esté presente en una ocasión de alto riesgo, como en los robos de automóviles o de falsas batidas policías.

Ya es otra cuestión sucede con el lugar de vivienda y el ejercicio de los derechos. Esta gente, a la que se suma el resto de los cariocas (naturales de la capital) y de los fluminenses (todos los habitantes del estado del Río de Janeiro) de la Región Metropolitana de Río, termina en su mayoría, encarando con mucha desconfianzab a las policías en general y a la policía militar en particular. Es como por encarar fuera implícita la certeza que “del bandidaje de bermuda y zapatilla la gente sabe lo que esperar, lo que viene de los cuerpos corruptos es siempre una horrible sorpresa”.

Frente a este infierno para las vías de la institucionalización de las reglas de la democracia representativa, es cuando la excepción hace la regla de la conducta del Estado (cuyo tipo ideal atendería a todos y todas sin excepción y con equidad), es muy difícil asegurar la lealtad y no la salida, o al menos la tentación de la salida, por parte de las poblaciones marginalizadas, a partir del abandono (¡literal!) que sufren por parte de los poderes de hecho, privados y estatales.

Delante de esto, osamos aportar algunos cuestionamientos, en forma de cuestionario o de guión de interrogatorio o investigación, frente a los temas no solucionados y a partir de la pirotecnia mediática promoviendo la guerra interna brasileña que las “autoridades” siempre deseaban. He ahí las preguntas.

1) De un momento a otro, la policía que era endémicamente corrupta ¿dejó de serlo?

2) Si dejó de ser corrupta, ¿eso implica que paró el arrego (especie de propina), la mesada y la semanada que las patrullas y guarniciones de batallones quitaban al comercio del tráfico de drogas?

3) ¿Existe o no alianza entre las Milicias? ¿Los paramilitares tienen una estructura de coordinación más allá de las entrañas del aparato de seguridad? ¿Existe algo como la Banca del Bicho, o la “federación” (cúpula de líderes) del Comando Vermelho; una instancia de coordinación y mando entre asociados y concurrentes en las actividades ilícitas?

4) Las Milicias ¿cuentan o no con lo respaldo cínico -o al menos sin la fiscalización adecuada- del alto mando de las fuerzas de seguridad? Si no cuentan con algún tipo de apoyo o de tolerancia, ¿por qué no son blanco de persecución, acción bélica o desmonte sistemático como está ocurriendo con la facción hegemónica del narcotráfico?

5) Las sospechas de que existe una alianza entre las Milicias, o al menos una facción de estas mafias, en coordinación con las facciones minoritarias y aliadas del narcotráfico, ¿procede? El Mando Rojo se vio delante de la pérdida de la hegemonía en el comercio de las drogas ilícitas y control territorial delante de tres factores complementarias:

- La ocupación territorial del Estado a través de las llamadas Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs, fuerzas policiales fijadas en regiones tenidas cómo “peligrosas” para combate a la violencia);

- La alianza entre las facciones rivales al CV, a saber, Amigos de los Amigos (ADA, facción que surgió en los presidios cariocas a mediados de la década de 90) y Terceiro Comando (TC, surgió los años 80 como disidencia del CV) junto a la Milicias, o al menos la una facción de estas Milicias;

- La expansión de las Milicias en sí, incluyendo su entrada en el tráfico (o el mantenimiento de este comercio, ahora cobrando un impuesto sobre las pandillas que hacen la venda de la droga).

6) El cambio en la geopolítica del crimen en Río ¿tiene o no relación con el accionar bélico del gobierno del estado, contando con el apoyo de la Unión? O sea, el avance para la toma de Vila Cruzeiro, después del Complexo do Alemão, ¿fue motivado por la onda de atentados contra coches y autobuses o esta motivación fue el “incendio del Reichstag”, sirviendo de pretexto para promover la avanzada militar, aprovechando inclusive la victoria electoral del gobernador Sérgio Cabral (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, legenda de Michel Temer, próximo vicepresidente del Brasil) en el primer turno?

7) Ya del lado del CV, si la facción quería provocar un acuerdo y garantizar un lugar en esa nueva geopolítica del crimen (estamos admitiendo este punto de vista como válido), ¿por qué no inició los ataques sintomáticos e hizo saber de su decisión durante la campaña electoral? Si no lo hizo, ¿será que el CV tenía la esperanza de que la victoria de la oposición estadual (alianza de Partido Verde, PV, y Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, con el ex-militante de izquierda Fernando Gabeira al frente) fuera instalar una nueva política de seguridad, reculando de la decisión de las UPPs?

Entendemos que aquellos preocupados con la legitimación de la violencia oficial y de la limpieza de la sociedad urbana en función de Copa del Mundo y las Olimpíadas, deben colaborar en derrumbar el bloqueo de la censura oficial y también de aquella más peligrosa, la oficiosa. Quién sea que colabore con responder a estas preguntas, más allá de estas fuentes umblicalmente conectadas al(los) gobierno(s) de turno y a los poderes de siempre, debe ir compartiendo hasta crear, de bajo para arriba, una ruptura del consenso forzado, cuyo contrato social es firmado por un cráneo en el pecho de un hombre de negro, símbolo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, el BOPE.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional, contactos: blimarocha@gmail.com / skype: bruno.lima.rocha

Rafael Cavalcanti es estudiante de periodismo y actúa en la comunicación sindical, contacto: butigahn@gmail.com

Los dos son militantes libertarios y concentran sus trabajos de análisis en el sitio Estratégia & Análise - www.estrategiaeanalise.com.br

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Brasil - La acción bélica del Estado en Río de Janeiro

Mon, 13 Dec 2010 11:47:30 +0000

Bruno Lima Rocha (blimarocha@gmail.com) y Rafael Cavalcanti (butigahn@gmail.com)

Frente a la complejidad que envuelve una operación militar en territorio civil, al punto de enviar lo mejor del ejército contra una población carente de derechos básicos, desarrollamos un análisis político del conflicto bélico en las favelas de Río de Janeiro, dividido en una serie de dos artículos. El primero sitúa la escalada de beligerancia estatal en la futura sede de las Olimpíadas y su región metropolitana, mientras el segundo trata de la legitimidad del Estado en el procedimiento represivo.

Rehacemos en este texto un recorrido de la historia política reciente en la ciudad y el estado del Río, intentando comprender sus raíces estructurales de lo que hoy son llamados “mandos” y erróneamente apellidados “del crimen organizado” (sin entrar siquiera en la caracterización propuesta como texto legal por la mayoría de los especialistas). Enseguida, se ultrapasa el hecho de la toma de Vila Crucero y del Complejo de Alemán (favelas donde el periodista de TELE Globo Tim Lopes fue capturado y asesinado en 2002), ambas en la zona norte de la ciudad, y prevé problemas presentes como la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social y el ascenso de los paramilitares, desgraciadamente apellidados “milicias”.

La escalada en sí

Lo que provocó –o habría provocado, o sería el pretexto de haber provocado– el avance de las policías estaduales y la llamada de auxilio a las fuerzas armadas, fue la orden de ataque venida de la “federación” y con alianzas implícitas entre las demás redes de pandillas. Si las informaciones que circulan en los medios corporativos son correctas, la federación –cúpula del Mando Rojo (con la sigla CV, es una organización del narcotráfico que surgió en la cadena de Isla Grande, Río de Janeiro, como fruto de la aproximación de presos políticos y presos comunes durante la dictadura militar) – tomó la decisión suicida por tercera vez en su historia.

En teoría, el ataque directo al orden público en el asfalto (término para contraponer lo local de la mayor parte de las favelas cariocas) acarrearía un mayor apoyo de las comunidades. Apoyo a la acciones contra la violencia policial, soporte –muchas veces directo– del aparato de seguridad de Estado y el paramilitarismo, forma de ejercicio del crimen organizado oficial que es errónea y cretinamente apellidado “milicia”.

La escalada de eventos es conocida, habiendo sido iniciada el día 23 de noviembre y precedida por robos de automóviles, aumentando la incidencia del crimen violento en la ciudad, actividad esta que siempre ha perjudicado al narcotráfico (comercio minorista de drogas ilícitas). El domingo, día 28, se completó una semana de ataques contra el “orden público del asfalto”, tomando esas medidas como una provocación por parte del Palacio Naranjos (sede del gobierno del estado). Esto implica de parte del narcotráfico, quemar vehículos colectivos (antigua tradición de los conflictos en los alrededores de favelas en el Río) y particulares.

En otros momentos de la historia reciente de Río de Janeiro, ya existió la decisión de ataque por el pánico en la ciudad, y esto ocurrió, por ironía de la historia, justo en el momento de gobierno de pocos meses de Benedita de Silva (afiliada al Partido de los Trabajadores, el mismo de Lula y Dilma Rousseff), en 2002, cuando asumió el estado del Río después del alejamiento del gobernador electo. Aquel año, se entiende que los ataques venidos del CV fueron eficaces, llevando a un acuerdo implícito con los liderazgos de presos y en el mando (indirecto) de las redes de pandillas.

Ahora la situación es distinta a la del 2002. De la misma forma, se diferencia de los ocho años (de 1998 al inicio de 2002 y 2003 a 2006) de la familia Garotinho (la pareja Anthony y Rosinha fueron inicialmente conectados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB. Hoy son afiliados al Partido de la República, PR, el mismo del vicepresidente José Alencar) y también se distingue de la matanza de 2007, cuando casi mil “sospechosos” fueron asesinados por la policía sólo en Río de Janeiro.

La propuesta de ocupación permanente, encarando el gobierno estadual a las comunidades como un territorio a ser retomado, viene luego de una alianza inédita con el gobierno central (ratificando la alianza PT y PMDB) y antecediendo las acciones urbanas para la ciudad que será sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

La política implantada en el eje de las Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs) no sólo acompaña las áreas de mayor valorización inmobiliaria o de futuro uso de territorios para los aparatos de la Copa del Mundo y de las Olimpíadas, también prepara el terreno para la “flexibilización” de leyes ambientales y el aumento de la especulación inmobiliaria en zonas de la ciudad que tienden a valorarse.

Al reducirse el narcotráfico por la presencia policial ostensiva y permanente en morros-llave, fuerza a la delincuencia a “llevar la presión para el asfalto”, amortiguando el peligro mayor de la sociedad fluminense. Así, el estado del Río, al no combatir con la misma intensidad, aumenta la distancia entre la capacidad de fuego y de poder de las milicias y de las redes de pandillas (equivocadamente llamadas “mandos”, y así rebautizadas las falanges).

La otra punta de la historia es la presencia de tropas federales, o sea, militares profesionales de las tres fuerzas y agentes de la Policía Federal. Las tropas están desarrollando el aprendizaje de control social, entrenadose en las ciudades brasileñas, para ganar “excelencia” operacional con la Minustah, la Misión de la ONU que ocupa militarmente Haití, y cuyo comando vergonzosamente tiene Brasil.

Así como tropas de combate de los EUA que lucharon en la 1ª guerra del Golfo (1991) fueron llamadas a ocupar militarmente Los Ángeles en 1992 (en el caso del levantamiento de los guetos negros y latinos); de igual manera que los mercenarios de la Blackwater, veteranos de la Guerra del Irak (la 2ª, iniciada en 2003) fueron contratados para ocupar militarmente Nueva Orleans (después del pasaje del Huracán Katrina en 2005), ahora cabe a las tropas brasileñas ocupar (como apoyo del cerco estratégico del Complejo del Alemán) militarmente un eje de concentración de favelas en la zona norte de Río, además de otros escenarios por venir (como la favela de la Rocinha, la mayor de la zona sur de la ciudad carioca, por ejemplo).

Por fin, la justificación para ganar corazones y mentes y el papel de fiscal del consentimiento de los medios brasileños, afirman algo inexistente. Es “cuento”, “verso”, alegar que la invasión de las policías se da también para garantía de los derechos de la población favelada. Quién provoca la reacción de las fuerzas del orden es la decisión supuestamente tomada por la cúpula de las redes de pandillas –específicamente del CV– de causar pánico sistemático y con amplitud en la ciudad de Río.

El gobierno del estado, de común acuerdo con el gobierno central, no se menea para defender los derechos de casi medio millón de personas (bajo doble gobierno, del Estado ausente y del narcotráfico) y sí para asegurar a los inversores internacionales, los futuros socios de las Parcerias Público Privadas (asociaciones público privadas), la capacidad de imposición (por momentánea que sea) del orden estatal en la Región Metropolitana de Río de Janeiro.

Trayectoria política reciente

Durante el periodo de Garotinho y Rosinha, el estado del Río vio crecer y evolucionar el modelo de “milicias”, cuando la antigua “policía minera” se hace estructura permanente comandada por los niveles más bajos de las jerarquías del aparato represivo estadual (policías militares, policías civiles, bomberos y agentes penitenciarios). La toma del aparato represivo fue por dentro también, con la presencia física de concejales y diputados estaduales, incluyendo supuestas presencias de coroneles, delegados, directores de departamentos e incluso del Jefe de Policía y niveles de comandancia de la Policía Militar.

Después de la victoria de Sérgio Cabral Hijo (afiliado al PMDB y ex-miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) en 2006 (siendo reelegido aún este año) y en la esfera de la organización para los Juegos Panamericanos de 2007, aumentó considerablemente el volumen de asesinatos y ejecuciones ocurridas en batidas e invasiones policiales.

Se volvió así a un patrón cíclico, que se inicia en el gobierno de Moreira Franco (también del PMDB, aunque fuera derrotado por Brizola en 1982, en el episodio del escándalo del fraude de la apuración del Pro-consult, que junto con la Red Globo, favoreció equivocadamente a Franco), aún en 1987 (su primer año de gobierno) y es contemporáneo de la toma de la Rocinha por el embrión del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), en la época aún llamado de Mando de Operaciones Especiales (COE).

Este periodo es simultáneo de la Operación Mosaico I (1987, mismo año de la guerra mediatizada por el control del Muero Dueña Marta en el barrio de Botafogo, entre Zaca X Cabeludo, culminando con la victoria del primero, un ex-policía militar) y, cinco meses después, seguida de la Mosaico II, en 1988, y de misma naturaleza represiva.

Estas fueron operaciones de la Policía Federal bajo mando del represor político Romeu Tuma (delegado de carrera del Departamento de Orden Político y Social, símbolo de la dictadura militar, y electo “alguacil” del Brasil por la proyección mediática que obtuvo en el gobierno de José Sarney, cuando le fue dado el cargo de director-general de la Policía Federal) que invadieron físicamente áreas de favela.

Los gobiernos de Moreira Franco (1987-1990), Marcelo Alencar (1995-1998, PSDB, que es cuando se establece la llamada gratificación faroeste) y Sérgio Cabral Hijo siguen un patrón de elevar la violencia sistemática y el aumento de la autonomía funcional del brazo represivo del estado de Río. Pero el descontrol institucional se consagra en el segundo gobierno de Leonel Brizola (Partido Democrático Laboral, PDT, 1991-1994), acentuándose en los últimos dos años, en especial en los últimos seis meses, cuando el político gaúcho se licencia para concursar a la vicepresidencia, haciendo una dupla con Lula.

Los años de 1993 y 1994, enseguida de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Eco-92) y de la caída del entonces presidente, Fernando Collor de Mello, ambos en 1992, fueron decisivos para hacer público al mundo la institucionalización de poderes paralelos en la ciudad y los índices absurdos de violencia y falta de respeto a los derechos de la ciudadanía por parte de las fuerzas de “orden”.

Se trata de la tercera ocasión donde se da la presencia ostensiva de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro. Antes fue en las Operaciones Río I (en la Eco-92) y Río II (de diciembre de 1994 a marzo de 1995). La segunda operación vino con la escalada de la Chacina de la Candelária (ocho niños de la calle muertos frente a la Iglesia de la Candelária en julio de 1993) y la de Vigário General (29 policías militares invadieron bares y casas de la favela Vigário General, zona norte del Río, y mataron 21 habitantes en agosto de 1993). Ambos crímenes fueron cometidos por fuerzas del “orden” fuera del horario de servicio. En la ocasión de los Juegos Panamericanos de 2007 la ciudad y su Región Metropolitana también fueron debidamente “pacificadas”.

Después de la toma del Complejo de Alemán. ¿Y ahora?

Después del éxito del cerco estratégico y toma de puntos vitales del Complejo de Alemán, aparentemente la situación del conflicto entre la red de pandillas conocida por Mando Rojo (CV, incluyendo rachas como CV Joven, CVJ, y CV Rogério Lengruber, CVRL) –en supuesta alianza puntual con las facciones rivales Amigos de los Amigos (ADA) y tercer Mando (TC)– y las fuerzas de seguridad del estado de Río con el apoyo de las fuerzas federales (Policía Federal y Fuerzas Armadas) estaría alcanzando una escala de nueva normalidad. Esta nueva escala sería cuando el estado del Río hace uso de una planificación minuciosa y emplea una amplia superioridad bélica, adentrando los espacios físicos otrora co-dominados por el narcotráfico.

Frente a eso, el avance de las llamadas fuerzas de orden partiría rumbo a los grandes complejos aún no totalmente ocupados, como el Jacarezinho (zona norte, 60 mil habitantes) y la Rocinha. Esta última representa un gran triunfo del narcotráfico en la ciudad, justo por situarse entre los barrios de Son Conrado y Gávea, operando como abastecedora de drogas ilegales para consumo individual en la zona sur de Río de Janeiro (¡el área inmobiliaria más cara de Brasil!).

También en el nivel de apariencia mediática, la población que osa manifestarse y es habitante de estas comunidades estaría apoyando explícitamente la acción de las policías, hecho ese que, si fuera confirmado (y es casi imposible su confirmación porque un cuestionario no se realiza bajo condiciones tan adversas de seguridad de los posibles entrevistados), “autoriza” el ejercicio de la legitimidad del Estado para el acto de mando y gobierno.

En nuestra opinión, a pesar del anhelo por la rutina y normalidad, el consentimiento forzado viene siendo operado a través de los medios corporativos en el sentido de evocar el sujeto colectivo, el nosotros, siendo que este mismo sujeto colectivo jamás es indagado acerca de sus opiniones y necesidades. O sea, aunque la TV hable y hable, nadie afirmó mediante referéndum o plebiscito desear ver las fuerzas federales participando de cercos en Río de Janeiro.

Por un lado, también la situación es difícil. Es más que complicada la posición de las izquierdas sociales frente a este cuadro. Es imposible hacer cualquier tipo de defensa de las redes de pandillas del comercio minorista del narcotráfico, a no ser el reconocer que estas facciones surgen con legitimidad en la auto-organización de los detenidos de la Isla Grande –desde el principio– y después se establece en la masa de presidios del entonces recién creado Estado del Río (unificando bajo el mismo gobierno, fluminenses y cariocas en 1975).

Por otro, no tiene cabida hacer el elogio de las fuerzas de seguridad si estas, hasta poquísimo tiempo atrás e incluyendo buena parte de sus efectivos, convivía de forma cínica y mancomunada con la guerra por el control de la circulación de tranvías (trenes de hombres armados), alquiler de armamentos, ablandamiento de prisiones en flagrante, mesada o semanada (conocido como arrego, cuando la policía militar de la zona recibe una cantidad constante de dinero por semana), además de, en el ejercicio de la autoridad policial, ejercer muchas veces como tropa invasora practicante de exterminio.

Nada de lo que dijimos arriba es chisme o generalización inconsistente, siendo cada una de estas gravísimas acusaciones más que mediatizadas y probadas a través de Comisión Parlamentaria de Interrogatorio (CPI) llevada a cabo en la Asamblea Legislativa del Estado del Río de Janeiro (Alerj, diputación estadual).

Siguiendo en la crudeza de este raciocinio, resulta imposible imaginar que hubo cambio de comportamiento de la tropa puesta a punto, tanto como para no entrar en asociación con los delincuentes(cómo sería el caso de buena parte de las instituciones coercitivas), como para no actuar de forma fascista, del modo que cuenta la película campeona de taquilla y ganadora del Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín, “Tropa de Élite”, que está siendo exhibida en este momento en todas las principales salas de cine del Brasil, con un público que ya pasa los 10 millones de espectadores.

Vemos así dos problemas graves para el ejercicio de la militancia social y la lucha legítima por la reivindicación y conquista de, por lo menos, los derechos básicos de una población que se ve en el abandono a su propia suerte y volviendo a crear una cultura atravesada por el elogio de la delincuencia bajo la forma de capitalismo salvaje. Cultura esa que ya traspasa un cuarto de siglo, y por tanto, estaría más del que enraizada, llevando (y desarrollando) un nuevo sentido de orden y justicia paralela, por más bárbara que esta sea.

El primer problema, no grave, pero gravísimo, es el peso de la delincuencia administradora del capitalismo salvaje en la Metrópoli Carioca-Fluminense en su forma paramilitar. Traduciendo, estamos afirmando que con la ausencia de las redes de pandillas o su perdida de poder, aumenta la fuerza y el peso de las milicias. Ese término vino para desgracia de la tradición de los obreros cariocas y de la militancia otrora abastecedora de mártires y militantes ejemplares para las causas del pueblo brasileño.

Tales organizaciones paramilitares, surgidas de una evolución de la conocida policía minera (policías de particular que ganan un cierto dinero para “limpiar” algunas áreas de delincuentes), ya una vez llamada de “autodefensas comunitarias” por el ex-alcalde y ex-exiliado (cuando aún era de izquierda) Cesar Maia (actualmente del Partido Demócrata, DEM, neoliberal y derechista), haciendo un triste paralelo con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, coligación de paramilitares y de donde proviene políticamente el ex-presidente Álvaro Uribe). Pues bien, si no hubiera combate sistemático y científico al poder paralelo que brota de las entrañas de las fuerzas represivas del estado dl Río, simplemente estará incluyéndose a más de dos millones de personas en una nueva (ni tan nueva) tiranía.

La tiranía de las redes de pandillas, a veces y con alguna suerte, al menos tenía cierto tipo de raíces en las comunidades locales (sin por eso dejar de ser cruel y bárbara). Pero la tiranía de las milicias es la evolución de la práctica de “resguardar la seguridad de los comerciantes”, y se suma a las tenebrosas tradiciones de los Escuadrones de la Muerte (como el más conocido, la Scuderie Le Cocq) y se atraviesa con la fusión del abuso de poder policial y la conjunción de intereses con los banqueros de las loterías clandestinas.

Así como el primer problema, el segundo ya existe y puede venir a acentuarse. Se trata de la criminalización pura y simple de la protesta social. No “sólo” con la represión de tipo antidisturbios, sino con el rigor de una ocupación militar y el juicio sumario y mediático que asocia para la opinión pública el hecho, mentiroso de que toda protesta en comunidades de favelas es promovida por los intereses del narcotráfico. Tal mentira es reproducida hace casi tres décadas y viene aumentando su penetración social.

Infelizmente la efervescencia existente en la transición de la Apertura política de la dictadura, fue acompañada en Río de Janeiro por la institucionalización de la antigua Federación de Favelas del Río de Janeiro (Faferj) y de la territorialización de la red de pandillas otrora bautizada en una mini serial televisiva de la Red Globo, como Falange Roja (Bandidos de la Falange, tele drama este con 20 capítulos, exhibida en enero y febrero de 1983) Detalle, la obra del autor Aguinaldo Silva es excelente, en el entender de estos que escriben. Ambos movimientos se dieron en el primer gobierno Leonel Brizola (1983-1986), lo que vino al encuentro de un intento de generar mayor respeto entre el aparato policial y las comunidades de favelas.

A pesar de ser una política correcta, tal hecho acarrea una institucionalización de la nueva forma de organización de las redes de pandillas y la transferencia de las disputas intramuros de presidios haciaq dentro de las comunidades. En dos años, cambia completamente el escenario del crimen ejercido por la pobreza en la ciudad. A finales de la década de 80, ya no restaba mucho del aura de los fundadores de la Falange de la Seguridad Nacional en la Isla Grande y ahí la historia es más que sabida.

Faltaría analizar las discrepancias absurdas del empleo de efectivos y la razón del Estado para combatir la pobreza con el ejercicio del crimen y, el inverso de eso, la ausencia de decisión y las sentencias más que favorables para combatir el crimen organizado, comenzando por la vergüenza del no seguimiento de las investigaciones advenidas de los resultados de la Operación Satiagraha que denunció y prendió nombres importantes del sector empresarial brasileño, por ejemplo del dueño del banco Opportunity, Daniel Dantas, por desvío de presupuestos públicos y crímenes financieros. En el próximo análisis, haremos estas comparaciones.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional – email: blimarocha@gmail.com / skype: bruno.lima.rocha

Rafael Cavalcanti es estudiante de periodismo y actúa en la comunicación sindical

Email: butigahn@gmail.com

Los dos son militantes libertarios y concentran sus trabajos de análisis en el portal:

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La realidad de la seguridad en Río de Janeiro

Tue, 14 Sep 2010 23:06:57 +0000

La noción de realidad tiene relación con la experiencia. La híper-realidad es tributaria de la fabricación de bienes simbólicos y proyecciones distinguidas de lo cotidiano vivido y de las relaciones de fuerza que estructuran la vida de las mayorías. Cuando algo ocurre de forma sistemática y forma parte del cotidiano de un tercio de los habitantes de la segunda mayor ciudad del Brasil, esto no es inusitado, se vuelve rutina. Así, desde un punto de vista de reconocimiento de la plenitud de los derechos de los ciudadanos residentes en las comunidades carentes llamadas favelas, es diaria la convivencia con personas armadas, sustituyendo o rivalizando con el monopolio de la fuerza estatal.

Según toda y cualquier noción oficial de soberanía, cabe al Estado el uso de la fuerza letal, preventiva o reactiva. Cabría, a los tres niveles de gobierno en Brasil (municipal, estatal y federal), velar por el conjunto de derechos de toda la población, entre ellos la seguridad física y patrimonial. A la vez, se sabe que el control parcial o total de territorios por parte de pandillas medianamente estructuradas, implica el gobernar de forma paralela o complementaria.

Todo lo que narramos arriba no llega ni al 10% de las caracterizaciones de derechos y deberes del Estado -y sus vacíos- para con sus ciudadanos. De acuerdo con la Constitución Federal del Brasil (del 1988). La solución empleada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro (parte de la gobernación estadual) fue hacer permanente la presencia física de policía ostensiva en las áreas de encuestas, con ocupación irregular de tierras y con fuerte estigmatización socio-espacial, o sea, las favelas. Lo que hasta hace bien poco tiempo atrás era denominado “invasión u ocupación permanente”, hoy se conoce por la sigla de Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs).

Si por un lado, se reconoce las UPPs como reales y no sólo episódicas, por otro, esta medida es reciente y paliativa. Para aquellos que juzgan que exageramos, basta hacer una comparación con la intensidad de policía ostensible existente en la propia Zona Sur (la más noble y rica de la ciudad del Rio de Janeiro, constantemente visitada por turistas) y áreas costeras valoradas de la Zona Oeste (como la Barra de la Tijuca y Recreo, donde se ha realizado la mayor parte de las competiciones de los Juegos Panamericanos de 2007). No estamos aquí defendiendo la ampliación de esta política, pero sólo constatamos que si fuera prioritario el empleo de policías en las áreas de favelas, debería haber un desplazamiento de contingentes desde el asfalto hacia el morro. Y eso está lejos de acontecer.

Estamos todos acostumbrados a naturalizar la ausencia de un derecho y hacer virtud del fallo. En la mañana de 21 de agosto, el barrio de São Conrado (zona sur de Río, un área muy valorada de la ciudad que va a ser sede de las Olimpíadas de 2016) se encontró con una situación de guerra urbana. Como es sabido, un convoy de vehículos motorizados (camionetitas y motos) llevando cerca de 40 hombres armados, fue interceptado por una barrera policial de rutina. La reacción inmediata de una parte del convoy fue invadir el conocido Hotel Intercontinental (frecuentado por estrellas mediáticas en el reveillon y extranjeros con mucho dinero durante todo el año), tomando de rehenes a huéspedes y empleados en plena mañana del sábado.

La pronta respuesta del Estado fue defender estas vidas, logrando la rendicción y después la prisión de los secuestradores, dentro de la ley, de forma pública y sin ejecuciones sumarias. Cualquier persona que haya vivido en Río y transitado por comunidades de favelas sabe que lo normal es justamente su opuesto. Los asesinatos oficiales y oficiosos son la norma. Hasta nos acostumbramos con la forma de hablar, seca y cínica de los presentadores de noticiarios televisivos, comentando, cuando finalizan la nota comentando que “fuentes de la policía afirman que los nueve muertos en la operación de esta tarde en el Morro X eran todos traficantes”.

El cinismo oficial y oficioso (a través de los grandes medios) es aliado de los mecanismos de supervivencia cotidiana. La circulación de convoys armados (que deambulan en la ciudad con el apodo de “tranvías”) es norma en las guerras de pandillas, cuyo sobrenombre es “comandos”. Todo esto tiene enorme difusión pública, como con transmisiones en vivo, desde el conflicto por el control del morro Dona Marta en 1987, en el barrio de Botafogo, a pocos metros del Palacio de la Intendencia. En esa ocasión, las bandas de los narcotraficantes Zaca (este, un ex miembro de la policía militar) y Cabeludo se enfrentaron por el control de bocas-de-fumo (puntos de tráfico) a plena luz del día, delante de las cámaras de TV (incluso las internacionales) y, aún sabiendo que la parte bajo el morro dista pocos metros del 2º Batallón de Policía Militar. Esta fue el gran estreno mediático de la entonces “nueva” realidad. De allá a acá nada cambió, sólo aumentó de intensidad.

Los frecuentes tiroteos, teniendo el fusil como arma-base tanto por policías como por traficantes, también son triviales, co-existiendo en la Ciudad Maravillosa hace dos décadas y media. Rigurosamente, desde la segunda mitad de los años ’80 del siglo XX que Río es escenario de un dominio territorial asociado con el uso exclusivo de fuerzas en armas para asegurar el control de la distribución de drogas por mayor y menor. Y, conforme la literatura especializada viene relatando, tal co-existencia sería imposible sin la contaminación de partes significativas del aparato policial del estado de Río.

Infelizmente, nada del que hube ocurrido el sábado, 21 de agosto es “novedad”. El inusitado es que el drama se pasó en el asfalto y no en lo alto de morros, lejos de las cámaras de TV y de la difusión mediática posterior.

Para buscar alguna conclusión y perspectiva

La constatación de sábado 21 de agosto es que la Policía Militar fue eficiente en el combate. Si tuvo eficiencia en la operación represora es porque todos fueron o son ineficientes o negligentes o asociados con las organizaciones criminales dominantes de las rutas de abastecimiento del Rio y su región metropolitana. O sea, se aplaude la acción correcta como virtud, cuando la misma es obligación del Estado y retrata el fallo preventivo de este. La punta del fusil es la punta del problema.

Repetimos, en teoría nuestro contrato social tendría al conjunto del ente estatal en la obligación de asegurar derechos y deberes iguales ante su propia legalidad. Así, sería obligación del Estado disponer todo lo que consta en la Carta Constitucional, sin distinción de clase social, género, nivel de escolaridad, credo religioso, posición a ocupar en los engranajes de gobierno o empresa, así como otra forma de discriminación. Bien, como se sabe, esas premisas del Estado democrático de derecho están más próximas a un recurso discursivo para alimentar un sistema de creencias en alguna especie de sociedad capitalista justa y saludable, que necesariamente de ser una base de estatutos para la convivencia colectiva. En las calles de Montevideo, a eso se le dice: puro verso, cosa de cuenteros. Pero, falso o no, la cosa está allí.

Es preciso comprender la radicalidad de estos discursos de legitimación para un país carente, con líderes personalistas y carismáticos, como el actual presidente Lula, y preparándose para ser vitrina del mundo en la Copa de 2014 y en las Olimpíadas de 2016. El Río de Janeiro, escenario de la actuación de las redes de pandillas que son co-controladoras de una parcela de territorio urbano y metropolitano, ya tiene como de costumbre organizar y ser anfitrión de grandes eventos, como la Eco 92 (Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, organizada por la ONU) y el Panamericano de 2007, verdadero balón de ensayo para los Juegos Olímpicos.

Lo que acostumbra ocurrir en Río durante el periodo de realización de eventos de gran porte es un aumento del índice represivo, dividiendo la ciudad en zonas de colores (variable de intensidad de control y nivel de riesgo físico para los visitantes, cambiando entre verde, amarilla y la más peligrosa, la roja) y la buena marcha de las actividades. Después, todo vuelve rutinariamente a lo normal, la norma de la guerra urbana, donde el Estado tiene como complemento oficioso los para-militares que tristemente se llaman “milicias” (para desesperación de la tradición de la izquierda insurgente) y el aparato policial es endémicamente atravesado por sospechas de corrupción y uso privado de los recursos estatales para proporcionar justamente, seguridad física y defensa patrimonial, tanto para los ricos, como para los criminales sin uniforme a los que también les pagan por servicios prestados.

El sábado 21 de agosto tuvo como marca la difusión pública de algo que ocurre sistemáticamente y no gana divulgación. Es difícil para un ciudadano común y corriente, desambientado con la presión de las redes de pandillas y las “invasiones” policiales a las favelas, constatar que el derecho de todos no está asegurado. Y, yendo más lejos, que el aparato de seguridad “pública” no es de la responsabilidad del gobierno y sí de algunos pocos. Pena aún más triste es ver tanta energía que viene de abajo perdida en una versión de capitalismo salvaje y sin salida. Creálo, el tiroteo en el asfalto es el efecto colateral de la desgracia sistemática de las áreas hoy ocupadas por las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs).

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional: contactos blimarocha@gmail.com / www.estrategiaeanalise.com.br / skype: bruno.lima.rocha)

Rafael Cavalcanti es estudiante de periodismo, investigador de la comunicación social y escribe para Estratégia & Análise

butigahn@gmail.com

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