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RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ RELATIVA A GRABACIÓN, EN FORMATO AUDIOVISUAL, DE LOS PLENOS MUNICIPALES

indígena — Tue, 06 Mar 2012 19:01:22 +0000

A partir de la actividad de la reciente plataforma ciudadana "graba tu pleno"

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ FORMULADA EN LA QUEJA 11/1882 DIRIGIDA A AYUNTAMIENTO DE CÁDIAR (GRANADA) RELATIVA A GRABACIÓN, EN FORMATO AUDIOVISUAL, DE LOS PLENOS MUNICIPALES. IMPEDIMIENTOS PARA LA GRABACIÓN A PESAR DE ESTAR AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN.

ANTECEDENTES

En esta Institución se tramitó en su momento la queja 09/1731, a instancias de D. ..., que acudió a nosotros al entender que, con una determinada actuación municipal, se había vulnerado el derecho constitucional recogido en el art. 20 CE, al no concedérsele a solicitud suya una autorización para la grabación de los plenos municipales de ese Ayuntamiento con objeto de ser posteriormente reproducidos en una página web dedicada a la información del municipio, de la que a su vez era, y es, administrador.

En aquel momento, analizado el escrito de D. ..., creímos conveniente admitir a trámite su queja y, en consecuencia, dar traslado de la misma a ese Ayuntamiento a fin de que nos informara al respecto. En respuesta a nuestra petición de informe, se nos dijo desde la Corporación Local que se había autorizado la grabación y difusión de las sesiones plenarias municipales, al mismo tiempo que se le recordaba a D. ... que debía asumir las obligaciones que se derivaban de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que entendimos que ese Ayuntamiento accedía a la pretensión del reclamante, dando así por concluidas nuestras actuaciones y archivando aquel expediente de queja.

Por el interés que representa para la presente queja, permítanos recordarle que, en concreto, el Acuerdo por el que se autorizaba a D. ... la grabación en los Plenos Municipales, y su posterior difusión en el portal web www.cadiar.com, fue adoptado por el Ayuntamiento Pleno de 28 de Mayo de 2009, al punto tercero del orden del día, y constaba con el siguiente tenor literal:

“Primero.- Autorizar al Señor Don ... como administrador y titular del registro del dominio cadiar.com, a la grabación de los Plenos y a difundir dicho material en la página web www.cadiar.com.

Segundo:- Que Don ..., como responsable de la grabación y responsable del posterior tratamiento de dichos datos, se encargue de disociar los datos de carácter personal, o en su caso, publicarlos con el consentimiento del afectado y por tanto asuma la obligación establecida en el artículo 10 de la LOPD obligado al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero, o en su caso con el responsable del mismo.

Tercero.- El Ayuntamiento de Cádiar como responsable del fichero, tomará las medidas legales oportunas, en el supuesto de que el responsable de la grabación no cumpla con lo previsto en la ley orgánica de protección de datos en cuanto a la protección de datos de carácter personal, que en ella se pueden difundir”.

Pues bien, el motivo de que nos dirijamos nuevamente a ese Ayuntamiento, es la reciente comparecencia de D. ..., mediante un nuevo escrito que en esta ocasión ha dado lugar a la presente queja, en el que nos expone, además de los antecedentes antes relatados sobre la queja 09/1731, lo siguiente:

“Pues bien, y este es el motivo de dirigirme a su Institución en esta ocasión, el día 29 de Marzo de 2011 se celebró un Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Cádiar, al cual acudí como tengo por costumbre para realizar una grabación del mismo. A esta grabación acudí con una cámara fotográfica que permite grabar vídeos, además de con la grabadora de sonido que siempre utilizaba. Realizando la grabación por los dos medios.

Al finalizar el Pleno y antes de abandonar la Sala el Alcalde me preguntó si había tomado imágenes del Pleno y le respondí que sí.

Tanto el Alcalde como la Secretaria me indicaron que carecía de autorización para grabar imágenes, que el Pleno sólo me había autorizado a grabar el sonido y me preguntaron sobre la finalidad que pretendía dar a esas imágenes. Recomendándome que presentase una solicitud por escrito al Ayuntamiento.

El día 30 de Marzo de 2011 presenté una instancia en la que pedía un informe sobre las limitaciones en la grabación de los Plenos y su publicación. Informando que tan pronto como tuviese listo el video los publicaría en Internet. Salvo argumentación razonada del Ayuntamiento.

El día 31 de Marzo de 2011 recibí del Ayuntamiento de Cádiar un escrito en el que el Alcalde me recordaba que no tengo autorización para la grabación de imágenes de la sesión plenaria celebrada el 29 de Marzo de 2011. Y advirtiéndome que bajo ningún concepto puedo darle ningún tipo de difusión a las imágenes, hasta que el Ayuntamiento no se pronuncie sobre el mismo y que en caso contrario tomaría las medidas legales oportunas al respecto.

Reincidiendo el Alcalde ha vuelto a limitar mi derecho constitucional, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, y “a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”.

En esta ocasión argumenta que no tengo autorización para grabar imágenes. Cuando lo cierto es que el día 7 de Fbrero de 2009 presenté un escrito en el Ayuntamiento de Cádiar en el que solicitaba “Sea autorizado el registro de los Plenos y/o eventos públicos de dicho ayuntamiento mediante elementos de captación de imágenes y/o sonidos”.

El día 9 de Junio de 2009 recibí notificación del acuerdo de Pleno del 28 de Mayo de 2009 en el que se acordaba “Autorizar al Señor Don ... como administrador y titular del registro del dominio cadiar.com, a la grabación de los Plenos y a difundir dicho material en la página web www.cadiar.com”.

Si antes D. (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cádiar) limitó completamente mi derecho con respecto a los Plenos, esta vez los limita en lo que se refiere al medio de grabación y difusión. Puedo difundirlo pero no en vídeo. Obviando lo que el Pleno de manera unánime acordó. El Pleno acordó que pudiera realizar la grabación de las Sesiones Plenarias y difundirla por Internet. En ningún momento el Pleno, en su acuerdo, establecer ninguna limitación en cuanto al medio en que se tuvieran que realizar las citadas grabaciones, ni determina en que medio las tengo que realizar. (...)

Entiendo y solicito: Que desde el 31 de Marzo de 2011 (fecha del escrito del Ayuntamiento de Cádiar) tengo limitado mi derecho constitucional, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y a “comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión.”

Que no debe limitarse la grabación de Sesiones Plenarias Públicas en referencia al medio utilizado para realizar las grabaciones. Ni tan siquiera suspenderse temporalmente, salvo que se den los supuestos previstos en el artículo 55 de la Constitución Española”.

De acuerdo con lo expone el D. ... en su nuevo escrito de queja, se desprende que a juicio de esa Alcaldía, el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de 28 de Mayo de 2009 al punto tercero del Orden del Día, únicamente confería al reclamante la autorización para la grabación en formato audio de los Plenos Municipales, así como para difundir dicho material en la página web www.cadiar.com. Sin embargo, se entendería que la autorización no sería extensible para la grabación de imágenes de los Plenos Municipales y para su posterior difusión en el portal web mencionado.

CONSIDERACIONES

Centrado así el objeto de la presente queja, el análisis de las circunstancias puestas de manifiesto y de la normativa aplicable debe partir, en principio, de la literalidad del artículo 20 CE, pero también, especialmente, de la Jurisprudencia recaída en su interpretación, así como de los pronunciamientos recaídos por otros organismos, como la Agencia Española de Protección de Datos.

El primero de los artículos que, en consecuencia, debemos tener en cuenta de acuerdo con el orden de jerarquía preestablecido en nuestro Ordenamiento jurídico, es el artículo 20 CE, que establece en sus apartados 1, 2 y 4 lo siguiente:

«1. Se reconocen y protegen los derechos:

a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c. A la libertad de cátedra.

d. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. (...).

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».

El Tribunal Constitucional ha interpretado este precepto para puntualizar los derechos fundamentales que se contienen en el mismo. En este sentido, puede traerse aquí a colación, por guardar una íntima relación con el caso planteado en la presente queja, la Sentencia de 15 de Febrero de 1990, número 20/1990, según la cual:

“Desde las Sentencias del Tribunal Constitucional 6/1981 y 12/1982, hasta las Sentencias del Tribunal Constitucional 104/1986 y 159/1986, viene sosteniendo el Tribunal que “las libertades del art. 20 (Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1986) no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático” (...).

En el mismo sentido, prosigue la Sentencia,

“... se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 159/1986, al afirmar que “para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas”. Y recordando esta sentencia la doctrina expuesta en las que hemos citado anteriormente, insiste en que los derechos reconocidos por el art. 20, no sólo protegen un interés individual sino que son garantía de la opinión pública libremente formada, “indisolublemente ligada con el pluralismo político”.

Puede también citarse la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de Octubre de 1999, número 187/1999 que, más prolijamente, hace los siguientes pronunciamientos:

“El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás. Por ello, se veda cualquier interferencia y como principal, en este ámbito, la censura previa (art. 20.2 CE), (...). Como censura, pues, hay que entender en este campo, al margen de otras acepciones de la palabra, la intervención preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales”.

El art. 20 CE ha sido también interpretado por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, si bien siempre partiendo de la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional.

Han sido varios los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia en este sentido; así por ejemplo, puede citarse la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (STSJCV) nº 95/2003, de 2 de Eero de 2003, en la que se juzgaba la adecuación a derecho de un acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, relativo a grabación y difusión audiovisual de las sesiones de Pleno. En concreto, el tenor literal del acuerdo de la Comisión de Gobierno impugnado era el siguiente:

“I.–Realizar la retransmisión gratuita en directo mediante ondas de las sesiones plenarias, garantizando, en la medida de las posibilidades técnicas, su difusión a todos los vecinos del municipio.

II.–La grabación en vídeo, así como la difusión de la señal audiovisual de las sesiones del pleno del Ayuntamiento se encomiendan en exclusiva a los servicios municipales, bien mediante sus propios medios, bien mediante los que fueren precisos contratar para el cumplimiento de su función.

III.–No podrá acceder ni instalarse en el salón de sesiones del pleno municipal ningún dispositivo de grabación en vídeo o transmisión de señal audiovisual diferentes a los instalados por el propio Ayuntamiento. A solicitud de los medios de comunicación, se les facilitará copia del vídeo de las sesiones plenarias”.

Este acuerdo, de forma indirecta, suponía la imposibilidad de grabar en vídeo y difundir la señal audiovisual a todo aquél ajeno a los servicios municipales.

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana consideró que dicho acuerdo era contrario a los derechos fundamentales reconocidos en el art. 14 CE y, especialmente por lo que aquí interesa, en el art. 20.1.d) CE y, por ello, debían ser declarados nulos y declarado, así mismo, el derecho de la actora al acceso en condiciones de igualdad a la grabación de las sesiones plenarias del Ayuntamiento. La fundamentación jurídica de la Sentencia, con cita de la jurisprudencia antes citada del Tribunal Constitucional, que omitimos para no incurrir en excesiva reiteración, fue la siguiente:

“Entrando pues a conocer del fondo del asunto planteado, el mismo consiste en la aducción por la demandante de que los acuerdos transcritos de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada quebrantan los artículos 14 y 20.1.d) de la Constitución Española, punto en el que se encuentra de acuerdo el Ministerio Fiscal.

Ha de recordarse –en primer término– que los artículos 14 y 20.1.d) de la Constitución Española señalan como derechos fundamentales –susceptibles de amparo, por consiguiente, conforme al artículo 53 del mismo texto constitucional–: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» y «1. Se reconocen y protegen los derechos: ... d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.». (...)

Partiendo de las normas constitucionales y de la Jurisprudencia Constitucional transcritas, entiende la Sala que los acuerdos de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada impugnados contrarían los derechos fundamentales invocados y deben por ello ser declarados nulos y declarado, así mismo, el derecho de la actora a la acceso en condiciones de igualdad a la grabación de las sesiones plenarias del Ayuntamiento.

Ello es así en cuanto que dichos acuerdos restringen de manera injustificada el derecho de la actora a la obtención y difusión de información de interés general, sometiendo dicha obtención y difusión al control previo que supone el que el único acceso a la misma sea a través de un servicio municipal que graba y reparte posteriormente la grabación a los medios de comunicación. La limitación del acceso a la información de las actuaciones administrativas tiene serias limitaciones –tanto en el nivel constitucional como legal– sobre la base, fundamentalmente, de los derechos individuales de los ciudadanos afectados por el expediente administrativo y por la legislación sobre secretos oficiales; sin embargo, las sesiones plenarias de los Ayuntamientos son públicas y –s alvo en casos puntuales en los que, en aplicación de las limitaciones citadas, pudieran declararse formal y motivadamente reservadas– no hay restricción alguna al derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato.

De entre esos medios de acceso de la ciudadanía destacan iniciativas como la de la mercantil demandante de permitir la emisión televisiva de la sesión plenaria, pues implica tanto como la presencia en el pleno de la totalidad de los vecinos que tuvieran interés en ello y que –por las naturales limitaciones de espacio– no podrían normalmente acceder a ello. La limitación del acceso de las cámaras –la cual no se funda por la Administración en razones de concurrencia de múltiples medios de comunicación que hiciera imposible el acceso de todos por razones físicas y que obligara a la supeditación a un sistema de acreditaciones o de puesta en común de la toma de imágenes– implica una suerte de censura previa de la obtención de la información, privando de esta manera no sólo al medio de comunicación demandante de su derecho fundamental, sino obstando también el derecho a la información de los vecinos. No puede perderse –en este punto– la perspectiva de que el ejercicio de los derechos de información y participación de los ciudadanos en el ámbito político y administrativo se funda –en un extremo esencial– en la libertad de información y que ella se actúa primordialmente a través de los medios de comunicación independientes y no administrativizados, por lo que cualquier género de limitación o censura en la obtención de la información –cual es el caso– se convierte en una conculcación de los principios informadores de estas libertades, esenciales para el funcionamiento del sistema constitucional democrático, y en particular (y en lo que a este proceso hace, pues en él debe de resolverse la demanda de la mercantil actora) de los derechos fundamentales de los informadores, garantes en definitiva de ese sistema”.

Pese a la rotundidad del pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento recurrido formuló recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue posteriormente desestimado por Sentencia de la Sala tercera, Sección 7ª, de 11 de Mayo de 2007, que añade a la argumentación de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el siguiente argumento:

“En fin, diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional recaídos con posterioridad a la sentencia aquí recurrida no han venido sino a reiterar la doctrina que en ella se recoge. Cabe destacar en este sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 56/2004 y 57/2004, ambas de 19 de Abril de 2004, y 159/2005, de 20 de Junio de 2005, que anulan determinados acuerdos gubernativos que prohibían el acceso de profesionales con medios de captación de imagen a las vistas celebradas en las salas de los tribunales de justicia, cuya doctrina es trasladable al caso que nos ocupa.”& amp; lt; /span>

Más recientemente, también el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, ha dictado Sentencia número 42/20090, de 27 de Enero de 2009, en la que ha enjuiciado la adecuación a derecho de una decisión verbal del Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Manises de no permitir la grabación a través de videocámaras del Pleno que se estaba celebrando, y contra la resolución de la misma Alcaldía que desestimó el recurso de reposición planteado frente a aquella denegación verbal.

En la fundamentación jurídica de esta última Sentencia citada, se hace referencia a los argumentos esgrimidos por el mismo Tribunal en su Sentencia de 2 de enero de 2003, y al fallo del Tribunal Supremo que desestima recurso de casación interpuesto contra la misma (que antes se han mencionado), y ello en base a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las libertades del artículo 20 de la Carga Magna. En concreto, dice la Sentencia del TSJCV en su Fundamento de Derecho Cuarto lo siguiente:

“Estos elementos mutatis mutandis son perfectamente extensibles al caso de autos, en la medida en que:

a).- La negativa del Alcalde, carece de toda razonabilidad, y esta absolutamente inmotivada porque no se ha producido ninguna alteración del orden público, que merezca ser restaurado para el desarrollo de la sesión.

b).- Quienes pretendían la grabación eran perfectamente conocidos por el Sr. Alcalde, en la medida en que formaban parte de una asociación con la que el ayuntamiento había suscrito un convenio, y en diversas ocasiones había solicitado la grabación de los plenos, lo que le había sido sistemáticamente negado.

c).- La publicad de las sesiones del Pleno, implica en esencia que, cualquier ciudadano, pueda conocer pormenorizadamente todo cuanto en un pleno municipal acontece.

d).- La transmisión información en nuestra sociedad no esta restringida ni mucho menos solo, a quienes sean periodistas, de manera que, cualquier ciudadano puede informar, trasladar datos, por cualquiera de los medios técnicos que permiten su tratamiento y archivo, y por supuesto, cualquiera puede mostrar su opinión respecto de los datos que trasmite.

e).- La función de policía del pleno no quiere decir que pueda prohibirse cualquier grabación, sino solo aquellas que manifiestamente impliquen una alteración del orden, que impida el desarrollo de la sesión, y solo en el momento en que, a resultas de dicha grabación devenga imposible la continuación de la misma. Circunstancias estas difícilmente producibles, si el que graba simplemente se limita a grabar.

f).- Los poderes públicos en democracia se caracterizan por su coherencia, y su transparencia; lo primero implica racionalidad; y lo segundo, que sus decisiones no solo pueden, sino que deben ser conocidas por todos ciudadanos.

Así las cosas, la sala debe concluir que la decisión del Alcalde, prohibiendo la grabación del pleno, es nula de pleno derecho por violar el derecho fundamental reconocido en el artº 20.1 .d de la Constitución”.

Además de estos pronunciamientos jurisprudenciales, también la Agencia Española de Protección de Datos se ha referido a la publicidad de los Plenos Municipales, si bien en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Así, por ejemplo, en su informe de 20 de Diciembre de 2004, reiterado en informe 0660/2008, se dice lo siguiente:

“Pues bien, respecto de la publicidad de las actividades municipales, el artículo 70 de la Ley reguladora de las Bases del régimen Local, en redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, dispone lo siguiente:(...).

Del tenor del precepto trascrito se desprende que la Ley determina la publicidad del contenido de las sesiones del Pleno, pero en ningún caso de la Junta de Gobierno, añadiendo el régimen de publicación en los Boletines Oficiales de los acuerdos adoptados.

De este modo, únicamente sería conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 la comunicación de datos, mediante su inclusión en Internet, cuando dichos datos se refieran a actos debatidos en el Pleno de la Corporación o a disposiciones objeto de publicación en el correspondiente Boletín Oficial, dado que únicamente en estos supuestos la cesión se encontraría amparada, respectivamente, en una norma con rango de Ley o en el hecho de que los datos se encuentren incorporados a fuentes accesibles al público.

En los restantes supuestos, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras Leyes, la publicación únicamente sería posible si se contase con el consentimiento del interesado o si los datos no pudieran en ningún caso, vincularse con el propio interesado, cuestión ésta que, como se indicó, puede resultar sumamente compleja, dadas las características del Municipio en cuestión, por cuanto un número reducido de datos, incluso sin incluir los meramente identificativos, podría identificar a aquél”.

Y es que no puede olvidarse la dicción literal del artículo el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), en la redacción vigente, que le fue dada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, traído muy acertadamente al debate por la AEPD, y que tiene el siguiente tenor literal:

«1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley.(...)

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b, de la Constitución. (...)»

En otro informe posterior, el número 526/2009, añadía la AEPD a sus argumentos respecto de un asunto similar que:

“De este modo, será conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, la emisión de las sesiones plenarias del Ayuntamiento, pues se trata de una cesión amparada en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en virtud de lo establecido en el artículo 70 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, siempre que la Corporación en el uso de sus competencias no decida aplicar la excepción contenida en el artículo 70 de la Ley de Bases del Régimen Local, esto es que, no se trate de asuntos cuyo debate y votación pueda afectar al derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en el artículo 18.1 de la Norma Fundamental.

Por último señalar que sería conveniente informar a los afectados que a partir de ahora las sesiones plenarias de la Corporación van a ser publicadas en Internet.”

Por último, conviene hacer también mención a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, que abunda en la línea garantista de la ciudadanía en cuanto al acceso a la información sobre la actuación municipal, su transparencia y control democrático, complementando así lo dispuesto por la legislación básica sobre procedimiento administrativo común.

De los datos facilitados por el reclamante en su nuevo escrito de queja, se desprende que el problema radica en que el Ayuntamiento considera que la autorización otorgada sólo lo era para la grabación sonora de los plenos, excluyéndose la imagen. Sin embargo, entendemos que dicha autorización, al no distinguir ni expresa ni tácitamente qué medios de grabación podían ser utilizados, y cuáles no, se refería a cualquier medio de los comúnmente utilizados en los medios de comunicación, como el sonido y la imagen. Esta conclusión se refuerza aún más, si se tiene en cuenta que la autorización del Ayuntamiento se hace en respuesta a una petición de D. ... en la que se solicitaba autorización para la captación de imágenes y/o sonidos.

Haciendo nuestros los términos de la doctrina constitucional y jurisprudencia que hemos trascrito, puede llegarse a las siguientes conclusiones:

1º.- Las libertades del artículo 20 de la Constitución, no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. Dicho en otros términos, los derechos reconocidos por el artículo 20 no sólo protegen un interés individual, sino que son garantía de la opinión pública libremente formada e indisolublemente ligada con el pluralismo político.

2º.- El ejercicio de los derechos de información y participación de los ciudadanos en el ámbito político y administrativo se funda, en un extremo esencial, en la libertad de información, que se desarrolla fundamentalmente a través de los medios de comunicación independientes, por lo que cualquier limitación o censura en la obtención de información, se convierte en una vulneración de los principios informadores de estas libertades, esenciales para el funcionamiento del sistema democrático y, en particular, de los derechos fundamentales de los informadores, garantes del sistema.

3º.- El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, por lo que se prohíbe cualquier interferencia y, en especial, la censura previa en las distintas formas en que puede plantearse.

4º.- La prohibición o limitación, siquiera sea temporal, y no justificada en razones de espacio o concurrencia en masa de medios de comunicación, o en razones de alteración del orden, restringe de manera injustificada el derecho a la obtención y difusión de información de interés general. Ello, aun cuando la limitación consista en la simple espera de que el órgano competente conceda una autorización, imposibilitando el ejercicio de los derechos del artículo 20 en tanto se produce el acto administrativo autorizatorio.

5º.- Las sesiones de los Plenos Municipales son públicas y, como tal, son susceptibles de ser grabadas y difundidas en medios de comunicación, salvo que de forma puntual se establezca lo contrario justificado en razones anteriormente expuestas. En consecuencia con todo lo anterior, y con los datos que obran en nuestro poder, creemos que no se ajusta a Derecho que el Ayuntamiento de Cádiar niegue la posibilidad de realizar una grabación de la celebración de un Pleno municipal sin causa legal ni justificación alguna, y aún menos, si cabe, que ese Ayuntamiento en la persona de su Alcalde-Presidente, deniegue verbalmente una autorización vigente concedida a través de un acuerdo de Pleno Municipal, e introduzca en dicha autorización una distinción, no prevista, respecto de los medios de grabación autorizados.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de respetar el ejercicio de los derechos fundamentales previstos en el artículo 20 de la Constitución, en relación con lo establecido en el artículo 70 de la LBRL, en cuanto a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión en lo que respecta a los Plenos Municipales del Ayuntamiento.

RECOMENDACIÓN 1: para que se abstenga de impedir a D. ... la grabación de los Plenos y la difusión de dicho material, siempre con respeto a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y restante normativa que resulte de aplicación.

Ello, con la consecuencia de que, a nuestro juicio, debe considerarse que el reclamante está autorizado no sólo para captar grabaciones sonoras de la celebración de los Plenos, y a difundirlas, sino también a captar imágenes de dichos Plenos, en cualquiera de los formatos existentes (fotografía, vídeo...), y a difundirlas.

RECOMENDACIÓN 2: para que, en adelante, se advierta a todos los participantes en el Pleno Municipal que las sesiones pueden ser grabadas en formato no sólo sonoro sino audiovisual, para su posterior difusión en medios de comunicación.

José Chamizo de la Rubia

Defensor del Pueblo Andaluz

más info:

http://www.grabatupleno.es/

Apoyo a la concentración de Sevilla ante las protestas sociales mantenidas por la ciudadania Egipcia frenta a la dictadura militar

Wed, 25 Jan 2012 18:20:15 +0000

La Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía (R.A.N.A.), ante las protestas sociales mantenidas por la ciudadanía egipcia frente a la dictadura militar ejercida en estos momentos por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Tantaoui, expresa su apoyo a este proceso de libertades y soberanía ciudadana. La R.A.N.A. anuncia su apoyo a la concentración que este miércoles día 25 por la tarde tendrá lugar en la plaza Nueva (junto al Ayuntamiento de Sevilla) convocada por “Egipcios sin Fronteras”.

La Alianza Independiente de Los Egipcios en el Extranjero, el Movimiento del 6 de abril en Egipto, la organización en Andalucía “Egipcios sin Fronteras”, etc., han organizado un evento mundial de solidaridad para celebrar el primer aniversario de la Revolución Egipcia (25 de enero), con el lema de <<La Revolución no ha terminado>>. La R.A.N.A. apoya los objetivos de dicha conmemoración: denunciar los crímenes contra los manifestantes cometidos por la Junta Militar gobernante durante el último año y los juicios militares contra los civiles, así como exigir un estado democrático y moderno para Egipto, conforme a las exigencias de la ciudadanía egipcia.

Denunciamos la conducta insolidaria del gobierno español que no ha cumplido con el trámite de extradición de Husein Salem, empresario egipcio acusado de enriquecimiento ilícito y uno de los testaferros del expresidente Hosni Mubarak. Husein Salem permanece bajo arresto domiciliario en Madrid. Esta persona debería ser procesada por tribunales egipcios independientes. Como han dicho ciudadanos egipcios conscientes de esta grave situación: "España tiene que hacer creíble su posición al lado de los pueblos y no de los dictadores". (véase)

Suscribimos plenamente las palabras de la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) cuando dice: <<Personas relacionadas a la IRG han contribuido con su aporte en estas protestas sociales. Tal como la IRG ha reportado de manera extensa, Maikel Nabil - objetor de conciencia y pacifista egipcio - fue parte del movimiento que derrocó a Hosni Mubarak, y uno de los primeros en decir que no era suficiente con deshacerse de Mubarak sino que también era necesario acabar con la junta militar. Por esto fue arrestado, inicialmente sentenciado a 3 años de cárcel, sentencia posteriormente anulada para posteriormente ser condenado a 2 años de prisión. La IRG no sólo ha trabajado apoyando a Maikel y se ha conectado con otra/os miembros del movimiento egipcio, también ha denunciado la exportación de armas de los países del norte a Egipto como a otros regímenes represivos de la región>>.

y al igual que expresamos nuestro apoyo a la desmilitarización de la vida social y política en Egipto, denunciamos desde aquí las políticas de injerencia militar practicada por Israel y EE.UU. en la zona de Oriente Medio; particularmente en los casos de Siria e Irán. Aún entendiendo que en estos países se puede y se debe avanzar mucho en materia de libertades ciudadanas y de desmilitarización, también estimamos que son intolerables y absolutamente rechazables las prácticas continuas de desestabilización política y la manipulación mediática occidental para justificar la presión e intervención militar en orden a derrocar unos regímenes y tratar de colocar en su lugar otros más obedientes a los intereses de Israel y EE.UU.

En definitiva: basta de usar la violencia contra los manifestantes de la plaza de Tahrir.

La R.A.N.A. está compuesta por: Ecologistas en Acción-Andalucía, Confederación General del Trabajo-Andalucía, Noviolencia Ahora (Jerez), Casa de la Paz de Sevilla (Mujeres de Negro, Alternativa Antimilitarista-M.O.C. Sevilla, REDPAZ), Ahimsa (Málaga), M.O.C.-ELAIA (Puerto Sta. María), Madres contra la Droga ANDAD (Puerto de Sta. María) y R.A.N.A.-Algeciras.

elecciones democráticas, ¿dónde?

Thu, 10 Nov 2011 20:00:49 +0000

¿ELECCIONES¹ DEMOCRÁTICAS?² ¿DÓNDE?³

Como cada cuatro años se acercan las elecciones generales, momento en que el pueblo puede decidir a esos 350 políticos que representarán a los 50.000.000 de habitantes, sin contar aquellas personas que viven en situación ilegal, en la cámara del congreso (vaya, no tocamos ni a uno por cada 150.000 personas). Estas elecciones son el único pretexto que tenemos para calificar a este sistema de democrático. Pero, examinemos más profundamente la representatividad real de esa cámara.

¿CÚANTA GENTE VOTA?

De los 50.000.000 de habitantes, tienen derecho a voto alrededor de 34.000.000. Dado que la media de abstención es del 33,7%, se deduce que ejercerán su derecho al voto aproximadamente 22.500.000 personas (el 45% de la población total).

¿CUÁNTOS DE LOS VOTOS OBTIENEN REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA?

Sin contar los votos que se desperdician debido a la ley d'hont, nos encontramos con que 1.651.477 no tienen representatividad ya que son votos en blanco, nulos, o a partidos sin representación parlamentaria. Esto supone el 6,4% de los votos. Así pues, si restamos al porcentaje de aquellos que votan, el porcentaje de los votos sin representación (siempre teniendo en cuenta que no estamos analizando el tremendo despilfarro de votos dada la ley d'hont), vemos que del 45% de la población que vota, sólo obtiene representación parlamentaria el 38,6%.

¿CON CUÁNTO APOYO GOBIERNAN?

Las leyes establecen que se puede gobernar en minoría, es decir, sin llegar a tener el apoyo de 176 diputados de la cámara (que es lo mínimo para obtener la mayoría absoluta). Sin embargo teniendo en cuenta un gobierno de un partido o coalición con la mayoría absoluta, que es supuestamente la máxima legitimidad para el gobierno del estado, vemos un gobierno con el apoyo electoral de menos del 20% de la población, es decir, UNO DE CADA CINCO ESPAÑOLES SON SUFICIENTES PARA RESPALDAR UN GOBIERNO CON TOTAL LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA.

Y AHORA NOS PREGUNTAMOS... ¿QUÉ COJONES ES PARA ELLOS LA DEMOCRACIA?

¡LA SOBERANÍA POPULAR NO SE VENDE! ¡ABAJO EL ESTADO BURGUÉS!

1Los datos han sido obtenidos del censo electoral y de los resultados de las elecciones generales de 2008.

2En los datos no están representadas las personas que están en situación irregular (la democracia no es para todos).

3En los datos no están representados los votos desperdiciados debido a la ley d'hont.

[VÍDEO] los indignados volvemos de vacaciones...

pijamaman — Mon, 29 Aug 2011 10:53:29 +0000

[VÍDEO] los indignados volvemos de vacaciones... por miguelgarciagonzalez

Grecia al borde de la fractura societaria

Mon, 15 Aug 2011 15:10:53 +0000

Bruno Lima Rocha – polítólogo radicado en el sur de Brasil (bruno.estrategiaeanalise@gmail.com)

Por razones profesionales tuve la alegría de ir a Estambul (Turquía) a mediados de julio último. Desde allí y por motivación militante, me animé a ir a conocer un poco de la lucha del pueblo griego, específicamente en pleno verano ateniense. El texto que sigue al respecto es mucho más impresionista que analítico. En otro momento saldrá por este medio un segundo texto buscando algún análisis de mayor profundidad.

La primera impresión es que en Grecia no hay desinformación, no al menos desde la parte más actuante. Esta fue la conclusión a la que llegué cuando vi la Plaza que operaba (hasta el desalojo de la policía por orden judicial) como eje de la lucha pública. El local está delante del Parlamento griego, sobre la Avenida Amalias, Centro de Atenas. Más abajo se localiza la Plaza Sintagma. Este fue el foco de las manifestaciones del 28 y 29 de junio último, cuando los legisladores acataron el paquete de medidas trazados por el Banco Central Europeo (BCE) junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No por casualidad, es allí donde se dieron la mayoría de las batallas callejeras casi insurreccionales contra las divisiones de policía municipal (azul) y anti-motín (verde).

Pasados menos de dos meses de la fatídica fecha, nadie se olvida de lo ocurrido y la tensión es visible, literalmente. En la misma calzada frente al Poder Legislativo están dos pasacalles o pancartas verticales gigantes, ambas imitando los premios de “empleado del mes”, comunes en los establecimientos comerciales. A La izquierda, una pancarta conmemora el “premio empleado del año” del FMI, y el laureado es el primer-Ministro George Papandreu. A La derecha, el premiado como “empleado de la década” de la Goldman Sachs (GS) es Mario Draghi, futuro presidente del BCE, ex vicepresidente de la GS Europa y ex-presidente de la Banca d’Italia en el gobierno del objetado Silvio Berlusconi.

Más allá de lo simbólico, la respuesta de los sectores organizados (en esta marcha se juntaron más de 200 mil personas) inmediatamente después de la aprobación del paquete del BCE/FMI fue tomar la Plaza Sintagma. Según quien estuvo acampado (cerca de 200 personas permanentes y unas mil fluctuantes), la idea es reconstruir el espacio público, ocupándolo por barracas y debates permanentes, directamente inspirados por la Puerta del Sol de Madrid, campamento por la Democracia Directa, en la actividad también conocida como 15 de mayo (15-M). Aún en pleno verano griego (con temperaturas diurnas oscilando entre 35º y 41º) y vacaciones escolares, las actividades no pararon. Todas las noches hubo un debate central, con cerca de cien participantes, además de la exhibición de películas, la mayoría documentales políticos.

Las marcas de la fractura societaria son otras, bien visibles y nada simpáticas. En el entorno de la región de concentración turística, quedan estacionados –como mínimo– un autobús entero de policías de verde y casco blanco, dos decenas más de los policías azules, sin contar con un pelotón de motocicletas en alerta permanente. Sorprende el aparato, pues la capital de la república helénica es muy segura, casi sin criminalidad, siendo común inclusive ver mujeres solas caminando despreocupadamente de madrugada. Por lo tanto, la conclusión es obvia. La presencia de las fuerzas de orden es para contención de la protesta social.

Cuando la cultura rebelde se junta a la defensa de derechos básicos

La historia contemporánea de los helenos se inicia el 6 de diciembre de 2008, cuando el joven Alexandros Grigopoulos, de sólo 15 años, fue asesinado a tiros por la policía en medio de las calles de la región de la Plaza Exárquia, en una noche de sábado. Este barrio, bien próximo al centro, es una especie de zona autónoma, aglutinando anarquistas y adeptos a subculturas libertarias desde la segunda mitad de los años ’70. Allá también se localizan instalaciones universitarias, como la Escuela Politécnica, centro nervioso y operacional de toda la protesta en el país desde la misma década de los ‘70. El crimen de Estado dio inicio a una revuelta que duró tres semanas, de dimensión nacional y apoyo popular, sólo concluyendo en la navidad de aquel año. Desde entonces, Grecia se incendió.

Para los códigos de la ciudadanía griega, muy en función de la última dictadura (1967-1974), es inadmisible la represión política a este nivel. El detalle es que los coroneles griegos fueron retirados del poder por la presión de la lucha directa, siendo que los acuerdos de transición vinieron tras el fin de la gobernabilidad y de cualquier legitimación dictatorial. No hubo Pacto de La Moncloa en Grecia ni nada por estilo.

Esto ha dejado un caldo de cultura política de protesta, siendo hoy esta cultura transversal a como mínimo tres generaciones. El PASOK (equivalente al partido socialdemócrata) ganó las últimas elecciones con el actual primer Ministro George Papandreou reproduciendo parte de los discursos de la revuelta del año anterior. Pero, ya los primeros meses de gobierno, este capital político se diluye a partir de la imposición de medidas de “austeridad” impuestas en función del ataque contra los papeles griegos, ocurrido en febrero de 2010.

La deudocracia y los gestores de la deuda misma

La desilusión vino, y es proporcional al considerable tamaño del hueco en las cuentas públicas. Este totaliza 190 mil millones de euros en “posiciones expuestas”, lo que en el argot del mercado financiero implica compromisos no cubiertos; mientras tanto, los recursos adquiribles hoy, juntando reservas y ventas de bonos del tesoro totalizan sólo 82 mil millones de euros. Para empeorar, la “muy noble y correcta” agencia de análisis de riesgo Moody’s, ha rebajado nuevamente la calificación de la deuda griega.

Por eso es que las semanas anteriores a la votación del plan de metas del FMI (28 y 29 de junio de 2011), surge un neologismo político contemporáneo, un acierto conceptual que caracteriza la situación como “deudocracia”. El cratos (mando) de la colectividad es de los ejecutores de la deuda y no de los detentores del mandato popular. Este término marca el divorcio entre la representación política y la población que se embarcó en la visión del oasis de la zona euro y ahora se ve frente a la suspensión de pagos y la pérdida múltiple de derechos sociales históricos.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd y msc), docente universitario y periodista profesional (bsc). Concentra sus trabajos en el portal Estratégia & Análise (publicando en Portugués, Castellano e Inglés) y es vinculado a los sectores más combativos de la lucha popular en el Cono Sur de América.

www.estrategiaeanalise.com.br

email: bruno.estrategiaeanalise@gmail.com

twitter: @estanalise

skype: bruno.lima.rocha

Publicación Barómetro 11-08-11

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'Democracia real ya' mediará el viernes en un desahucio en Rincón de la Victoria

indígena — Thu, 23 Jun 2011 13:08:16 +0000

málaga

'Democracia real ya' mediará el viernes en un desahucio en Rincón de la Victoria

Los integrantes del movimiento 15-M comienzan a trabajar en los barrios

Los portavoces del grupo 'Democracia Real Ya' en Málaga, en esta ocasión Paco Dobles y Gala Río, han explicado esta mañana que ahora -una vez levantada la acampada en la plaza de la Constitución- van a trabajar en los barrios y distritos para llegar a toda la población y difundir entre los vecinos el movimiento y las distintas líneas de movilización, como son el desempleo, la eliminación de los derechos de la clase política o el derecho a la vivienda.

Respecto a este último tema, han realizado una convocatoria para el próximo viernes por la mañana contra el desahucio de una familia en Rincón de la Victoria. Tomarán parte en este asunto ya que uno de los puntos que promueven y defienden desde esta plataforma es el “derecho a una vivienda digna, en defensa de todos los afectados por el impago de hipotecas”, según recordó un portavoz.

Por otra parte, los integrantes del movimiento 15-M también han valorado la manifestación del pasado domingo en Málaga “como un éxito por la respuesta masiva de la población”, mostrando así su satisfacción, y han agregado que “el movimiento crece también en Málaga y lo hace de manera cuantitativa y cualitativa porque ahora está más estructurado en los barrios y cuenta con una mejor disposición para las próximas acciones”.

fuente

Seminario “Derechos Humanos y Movimientos sociales: construyendo Democracias” Sevilla

indígena — Tue, 21 Jun 2011 14:46:41 +0000

Comienzo: 22/06/2011 19:00

Fin: 24/06/2011 19:00

Comienzo: 22/06/2011 19:00

Fin: 24/06/2011 19:00

El miércoles comienza el Seminario “Derechos Humanos y Movimientos sociales: construyendo Democracias”

Organizado por el Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo ofertado de manera conjunta por UPO y UNIA

DUPO - 20/06/11

El próximo miércoles, 22 de junio, a las 18 horas en el Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía tendrá lugar la apertura del Seminario “Derechos Humanos y Movimientos sociales: construyendo Democracias” organizado para la clausura del Master Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo que imparten de forma conjunta la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía.

El seminario, que se celebrará el día 22 en el Rectorado de la UNIA (Monasterio de la Cartuja) y los días 23 y 24 en la Casa El Pumarejo, se articula en un conjunto de conferencias impartidas por especialistas de distintas disciplinas, tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de otras universidades españolas y de profesionales de distintas materias, acerca del fenómeno de las democracias.

El Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo es un título ofertado por las universidades Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía. Este programa plantea la construcción de una visión integral y contextualizada del concepto de Derechos Humanos en el ámbito europeo. En ese sentido, conecta con los esfuerzos que desde Europa se están realizando para establecer vías de Cooperación al Desarrollo con América Latina. Los objetivos genéricos del Programa consisten, pues, en establecer conexiones entre la normativa y la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos y el establecimiento de condiciones materiales y endógenas de Desarrollo económico en las dos regiones.

PROGRAMA

Miércoles 22 de junio. 18:00 h. Rectorado UNIA. Sede de la Cartuja, Sevilla

“Los mercados y las democracias”. Félix Talego. Profesor de Antropología Universidad de Sevilla.

“Construyendo democracias. Aportes desde el Foro Social Mundial”. Susana Moreno. Profesora de Antropología Universidad de Sevilla. Beatriz Suárez. Fundación FCEAR – Habitafrica.

Jueves 23 de junio. 19:00 h. Casa El Pumarejo

“Las democracias participativas”. Tomás Rodríguez Villasante. Profesor Emérito Universidad Complutense de Madrid.

“Aportes desde las experiencias del sur: El buen vivir”. Francois Houtart. Fundador del Centro Tricontinental (CETRI) y de la revista "Alternatives Sud".

Viernes 24 de junio. 19:00 h. Casa El Pumarejo

“Las propuestas del 15 M, una agenda para otra democracia”. Erik Swyngedouw. Professor of Geography. School of Environment and Development. Manchester University; Mario Sepúlveda. Observatorio Metropolitano de Madrid; José Ignacio Candón. Democracia Real Ya, Sevilla.

Acto de clausura del Master Oficial de Postgrado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo (UPO-UNIA) a cargo de su directora, Rosario Valpuesta.

fuente: http://www.upo.es/diario/2011/0620_2.htm

Comienzan las actividades de formación en la acampada de Córdoba

Thu, 26 May 2011 08:15:16 +0000

Esta semana han comenzado los talleres de aprendizaje colectivo propuestos por la comisión del mismo nombre en el bulevar Gran Capitan, que acoge la acampada del movimiento 15-M en Córdoba.

El primero fue el denominado "Democracias emergentes", que tuvo lugar el martes, en el que las personas asistentes se cuestionaron preguntas como "¿Por qué creemos que ha surgido este movimiento?" o "¿Que caracteristicas tendría nuestra democracia?", que han llevado a un analisis de los movimientos sociales en el caso de la primera pregunta, y al planteamiento de las dos alternativas a la democracia autoritaria (la actual) sobre las que se construye este movimento: la democracia participativa, basada en oxigenar y redefinir las instituciones actuales para acercarlas a la ciudadania; y la democracia radical o de base, que propone que el poder de decision se separe de lo institucional y se incorpore a lo cotidiano, articulando un proceso de decision que parte de lo local y de las bases.

Ayer tarde la formación a pie de calle continuó con otro taller sobre ley electoral, y esta tarde es el turno de "Asamblearismo y democracia de base", en el que se compartirán las bases metodológicas y herramientas necesarias para incorporar la toma de decisiones y la creación colectiva a nuestro día a día.

Todos estos talleres han sido propuestos en la línea de plantear un aprendizaje para y con la ciudadanía y llevado a cabo por esta.

Elecciones calientes en Córdoba

Sun, 22 May 2011 19:27:33 +0000

El 22 de marzo de 2011 han coincidido en Córdoba 3 acciones diferentes dirigidas a cuestionar nuestra democracia. Por un lado la acampada en que desembocaron las movilizaciones de Democracia Real Ya!, por otro "Lo que no votamos" convocada por la plataforma Quién debe a Quién y por último "¿Votas salmorejo o votas tortilla de patata?" del Ejército de lxs Payasxs.

Acampada Córdoba
Ver central

Lo que no votamos
Desde Valdolleros hasta Colón, miembros y personas afines a la plataforma Quién debe a Quién han transportado urnas abiertas para acercar a la ciudadanía algunas cuestiones sobre las que los gobiernos no nos preguntan.

¿Qué pasaría si pudiéramos votar sobre si los bancos deben ser rescatados con dinero público después de las tropelías que los han llevado a la quiebra? ¿temen nuestros gobiernos lo que pasaría si nos preguntasen si debemos condonar la deuda externa que tienen con España países cuyos gobiernos corruptos y algunas empresas transnacionales han aprovechado y que están pagando todas las ciudadanas con sus impuestos?

¿por qué no nos preguntan si los bancos pueden cobrar la deuda de la gente que no puede pagar sus viviendas, una vez que ya se hayan quedado con éstas por impago?

Fotos de la acción
Página web de la plataforma Quién debe a Quién

¿Votas salmorejo o votas tortilla de patata?
6 payasas pertenecientes al CIRCA (Ejército Rebelde Insurgente y Clandestino de lxs Payasxs, por sus siglas en inglés), han acercado la urna electoral a la ciudadanía. Para garantizar el voto popular y activo, el comando cordobés de este ejército desviado se ha trasladado a la feria con la vital misión de recaudar los votos, con la peculiaridad de que las personas eran convocadas a depositar en una improvisada urna si preferían salmorejo o tortilla de patatas.

El pueblo ha acogido con entusiasmo a estas interventoras con comentarios como: "por fin podemos tomarnos en serio la democracia", "nunca antes estuve tan tranquila al depositar mi voto" o "deberían tomar ejemplo los partidos políticos".

Más fotos de la acción

Video de la acción (en breves lo subimos)
Manifiesto del CIRCA
Tomando notas al caminar (artículo de uno de los cofundadores del Ejercito de lxs Payasxs)

Asamblea Acampada #nonosvamos sevilla (Setas de la encarnacion)

Wed, 18 May 2011 11:40:42 +0000

Comienzo: 18/05/2011 20:00

Tras las manifestaciones del 15m de #democraciarealya la lucha contiua

ASAMBLEA ACAMPADA EN LAS SETAS DE LA ENCARNACION (SEVILLA) Miercoles 18 a las 20:00

#Spanishrevolution

#nonosvamos

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