Indymedia Estrecho / Madiaq - torturas

[Audio] El Motín De La Cárcel De Quatre Camins En 2004

Fri, 08 Mar 2013 12:28:06 +0000

En 2004, tras unos años de reiteradas protestas y organización colectiva contra los constantes abusos y malt ratos sufridos por los presos de Quatre Camins (Barcelona) a manos de los carceleros, una brutal paliza propinada por los funcionarios a un preso fue el desencadenante de una serie de incidentes que fueron denominados como el "motín de Quatre Camins". Durante éstos, el subdirector fue herido y se retuvo un funcionario con tal de poder hacer publicas sus reivindicaciones. Los siguientes días, los presos acusados de instigar y participar en el motín fueron sometidos a palizas, vejaciones y torturas.

La Audiencia Provincial juzgó en el año 2008 a 13 presos por estos incidentes, condenando a algunos de ellos hasta 17 años de prisión.

Aun así, el 6 de Mayo del 2013 serán juzgados en la Audiencia de Barcelona los 13 carceleros denunciados, pese a las amenazas y coacciones, por los presos que fueron objeto de las torturas
La charla corre a cargo de José Solís, uno de los presos que fue torturado.

http://torturesquatrecamins2004.wordpress.com/

Campaña Contra Los Malos Tratos y la Tortura en Prisión

Sat, 19 Nov 2011 20:57:06 +0000

Charla-debate-cenador: "La cárcel como mecanismo de tortura", Jueves 15 de diciembre, a las 19:00, Centro Vecinal Pumarejo, Plaza del Pumarejo [Sevilla]

El 1 de Octubre dió comienzo de manera coordinada en diferentes cárceles del estado español, una campaña de lucha de l@s pres@s contra las torturas y los malos tratos a los que se ven diariamente sometid@s.

Son 52 las personas, de momento, que repartidas por estas cárceles protagonizan todos los primeros días de cada mes, un ayuno y se dirigen mediante escritos a los Diputados y Senadores, entre otros, denunciando esta práctica, dado que son principalmente ellos los responsables “políticos” de la persistencia de la tortura/muerte en las prisiones españolas, al igual que jueces, fiscales, cuerpos de seguridad del estado y sobre todo carceleros. Dentro de esta campaña, el pasado 5 de noviembre tuvo lugar una marcha y concentración a la cárcel de Botafuegos en Algeciras.

Aquí presentamos el Manifiesto elaborado para difundir la campaña y adjuntamos un dossier con articulos sobre la tortura, anticarcelarios, fragmentos de aportaciones de presxs. >>>

Manifiesto para una lucha contra las torturas y malos tratos en las cárceles del Estado español

Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión...), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento “normal”.

Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la ineficacia de los procedimientos institucionales de prevención contra la tortura y algunas estiman la necesidad de sustituirlos por otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente a la tortura.

Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator especial”, el “Subcomité contra la tortura”, o el “Comité de los Derechos del Niño”, los tres de la ONU, “Human Rights Watch”, “Amnistía Internacional”, el “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y otras organizaciones más o menos gubernamentales han denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como los regímenes de incomunicación de detenidos o de aislamiento de presos.

A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.

También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de opinión”.

Por otra parte, los mecanismos recientemente montados en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en cumplimiento de esas nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del “Comité para la Prevención de la Tortura” del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en la ejecución de sus tareas en ese tribunal de excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”, mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.

Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la “sociedad civil”. Hace años que, aparte de las actividades propias de cada grupo, vienen formando una base de datos sobre la tortura, cuyos contenidos van dando a conocer por medio de informes anuales, y elaborando y difundiendo también de forma sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema. Esos informes indican una cantidad importante de denuncias (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del Estado español, en todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido denunciadas reiteradamente todas las policías y cuerpos de carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de la cárcel

Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar las limitaciones en implantación territorial y acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora y, sobre todo, de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”, “resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.

Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o el de aislamiento de los presos.

Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; los traslados arbitrarios; el desarraigo social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono higiénico-sanitario; el encarcelamiento de enfermos mentales y terminales; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder terapeútico de la institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante.

La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una maquinaria social cuyo primer fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la tortura. Además, su amenaza tiende a extenderse, a regular cada vez más aspectos de la existencia humana, tipificando y castigando con dureza creciente más y más conductas. Un sistema social que recurre, desde siempre y cada día más, a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por definición son enemigos.

Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social, con la idiotización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión, el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho si no se ha visto obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.

La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aún así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.

Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de “protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar la atención tanto sobre ellos y sus verdaderas funciones como sobre la situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andará.

Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la comunicación directa y de acuerdos explícitos.

Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!

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APDHA: Torturas y Malos Tratos en Prisión

Tue, 01 Nov 2011 10:31:00 +0000

Kuartoscuro: APDHA: Torturas y Malos Tratos en Prisión

Andalucía es la tercera región con más denuncias por tortura y malos tratos a detenidos o personas privadas de libertad

indígena — Wed, 27 Jul 2011 16:13:30 +0000

De los 251 casos en los que se produjeron agresiones o malos tratos contra 540 personas, 68 de ellas fueron en Andalucía

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la tercera comunidad con más casos de agresiones o malos tratos a personas privadas de libertad o detenidas después de Madrid y País Vasco, con un total de 50 casos de los 251 denunciados en todo el país en 2010, según los datos de un estudio realizado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en Andalucía.

Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida (Enlace), y del Grupo 17 de Marzo han presentado este miércoles en Sevilla, por séptimo año consecutivo, el informe 2010 sobre tortura y malos tratos en Andalucía y han destacado que se ha producido un incremento en el número de casos de tortura y malos tratos con respecto a los datos presentados en 2009, año en que se registraron 45 casos y 50 personas afectadas, mientras que en 2010, ascendieron a 81 el número de casos y a 68 los denunciantes.

Asimismo, según han informado los portavoces de la Coordinadora, no se han tenido en cuenta todos los casos denunciados de tortura o malos tratos durante el año 2010, pues "algunos han sido excluidos por petición expresa de los agredidos, y otros por falta de información sobre el caso".

En cuanto a los datos relativos a muertes de personas que se encontraban bajo la custodia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el informe refleja que durante el año 2010 se tuvo conocimiento de la muerte de 52 personas, de las cuales 13 se produjeron en Andalucía.

Asimismo, durante la presentación del informe 2010 sobre tortura y malos tratos en Andalucía, los portavoces de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura han destacado que "el perfil del agredido es diverso, aunque el principal colectivo es el de los presos y personas migrantes". Según refleja el informe, el número de casos entre el colectivo de presos ha ascendido a 25 y a 31 los denunciantes, mientras que entre los migrantes el número de casos es de nueve, que afectan a diez personas.

"MUCHOS PRESOS SIENTEN MIEDO POR LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES"

Según los datos presentados en el informe 2010 sobre tortura y malos tratos en Andalucía, los Cuerpos de Seguridad más denunciados en la región andaluza son los funcionarios de prisiones, seguido por la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil.

En este sentido, respecto a las circunstancias de las personas agredidas, los datos confirman un aumento de la tendencia a no denunciar la agresiones sufridas por personas tras participar en movilizaciones sociales. Esto es debido "al temor que sienten algunas personas al verse envueltas en contradenuncias por parte de los agentes de Policía, y por la desconfianza hacia los órganos encargados de investigar agresiones".

Por provincias, Cádiz es la capital andaluza con más incidentes, con un total de 28 casos, seguida de Sevilla con diez, Córdoba con nueve y Granada con seis, siendo Huelva y Almería las que menos denuncias presentan con dos y una respectivamente. En el caso de Jaén, según han detallado los portavoces de la coordinadora, "este año se ha producido una muerte en la provincia". Por ello, han señalado que los datos dependen mucho de la implantación de cada cuerpo de seguridad por zonas.

"DENUNCIÓ POR HABER SIDO AGREDIDA POR CUATRO AGENTES DE LA POLICÍA"

Una de las denuncias presentadas y reflejadas en el estudio realizado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en Andalucía, relata que una vecina de Lucena (Córdoba) iba paseando junto a una amiga cuando un agente de la Policía vestido de paisano le exigió que se identificase, y ella pensando que era una "broma" se negó.

Asimismo, el agente llamó por teléfono y llegaron tres policías más vestidos de uniforme, que la esposaron y se la llevaron detenida. Según el testimonio de la denunciante, los policías "se abalanzaron contra ella para ponerle las esposas y le separaron de su bebé de 11 meses"; así, subraya que "la arrastraron 50 metros por la calle, humillada y golpeada y que posteriormente fue conducida al calabozo". Según relataron varios testigos presenciales de los hechos, "era inhumano lo que estaban haciendo con ella".

Por todo ello, desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en Andalucía denuncian la persistencia de la tortura y reafirman su compromiso en la lucha por su prevención y erradicación.

La fiscal jefe de Sevilla apuesta por instalar cámaras de videovigilancia en las dependencias para detenidos

indígena — Thu, 23 Jun 2011 13:15:46 +0000

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha apostado por instalar cámaras de videovigilancia en la totalidad de dependencias habilitadas en Sevilla para los detenidos "para mayor seguridad tanto de las personas detenidas como del personal encargado de la custodia".

Así se ha pronunciado la fiscal jefe en un escrito emitido el pasado día 16 de junio en el que contesta a la petición realizada en febrero de 2011 por el Grupo 17 de marzo para que se instalen cámaras de videovigilancia en los depósitos judiciales de detenidos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, María José Segarra señala que, tras recibir la solicitud, se abrieron diligencias "para verificar la situación y mecanismos existentes, no sólo en los depósitos judiciales, sino en la totalidad de dependencias habilitadas para la detención".

Tras ello, según agrega Segarra, se llevó este asunto a la reunión del 31 de mayo de la Comisión Provincial de Policía Judicial, organismo competente para conocer e impulsar las medidas pertinentes, y en el transcurso de la misma se planteó por parte de Segarra "la conveniencia de dichos sistemas de vigilancia para mayor seguridad tanto de las personas detenidas como del personal encargado de la custodia".

En esta línea, explica que, en la reunión, se acordó realizar una consulta a la Comisión Nacional de Policía Judicial acerca de la existencia de algún protocolo o convenio de carácter nacional sobre la videovigilancia de los depósitos carcelarios, todo ello "vista la práctica dispar existente".

SATISFACCIÓN DEL GRUPO 17 DE MARZO

Tras ello, la fiscal jefe acuerda archivar las diligencias preprocesales "por haber elevado la cuestión a los órganos competentes para resolver y/o impulsar las iniciativas procedentes, siendo en este seno donde se impulsarán de las entidades competentes las medidas que se consideren oportunas".

Por este motivo, fuentes del Grupo 17 de Marzo consultadas por Europa Press se han congratulado por el hecho de que la Fiscalía, "como institución en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tenga la misma posición respecto a la necesidad de las cámaras de videovigilancia".

noticias previas relacionadas

http://estrecho.indymedia.org/sevilla/noticia/grupo-17-marzo-solicita-in...

http://estrecho.indymedia.org/sevilla/noticia/grupo-17-marzo-eleva-una-q...

Cursillos para futuros delincuentes (maderitos)

Mon, 10 May 2010 15:19:09 +0000

El País, 4 de mayo de 2009

Cursillos para futuros delincuentes

Un magistrado dio trucos a 240 agentes para evitar condenas por malos tratos

JOSÉ YOLDI 04/05/2009

¿Qué le parecería que un juez y un fiscal explicasen a un grupo de
banqueros en un cursillo público cómo eludir la acción de la Justicia por
si fueran perseguidos por blanqueo de dinero o por delito fiscal? ¿No
cree, querido lector, que sería el mundo al revés, la zorra explicando a
las gallinas cómo escaparse? Y eso, sin entrar en la moralidad del acto,
ya que los protagonistas, funcionarios al servicio de los ciudadanos, son
los encargados de velar por la defensa de la legalidad.

Pero no, el curso no ha sido sobre blanqueo de dinero ni los participantes
eran banqueros. Según ha denunciado la Coordinadora para la Prevención de
la Tortura ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del
Estado, el cursillo, organizado por la sección catalana del Sindicato
Profesional de Policías Municipales de España y celebrado el pasado mes de
marzo, era para policías ante la proliferación de sentencias condenatorias
por errores policiales e irregularidades en las detenciones de
sospechosos. En el mismo, el juez decano de los juzgados de Sabadell,
Andrés Maestre, y el fiscal Ignacio Abínzano participaron en unos
simulacros de juicio en los que asesoraban a 240 agentes, en su mayoría
policías locales y mossos d'esquadra, sobre la forma en que deberían
declarar ante los tribunales para evitar ser condenados por malos tratos,
torturas o el uso desproporcionado de la fuerza en las detenciones.

La noticia fue adelantada por el diario El Punt, que narraba que una de
las simulaciones se realizó sobre unos hechos juzgados recientemente en la
Audiencia Provincial de Barcelona y por los que fueron condenados dos
mossos d'esquadra como autores de lesiones dolosas sobre un detenido. El
objeto del simulacro era dar pautas y consejos sobre cómo deberían
declarar los agentes inculpados para hacer más creíbles sus
manifestaciones exculpatorias, así como sobre la actitud que se debe
mantener ante el tribunal y los abogados que intervienen en las vistas.

Durante uno de los simulacros de juicio, y ante las contradicciones entre
las declaraciones de unos y otros, el juez aconsejó a los policías que,
como lección, es mejor admitir lo que pasó y argumentar que fue
involuntario, o cualquier negación parcial, antes que un no categórico. El
magistrado agregó que tampoco hay que polemizar con los jueces o abogados
durante la declaración, y que si el agente tiene dudas, siempre es mejor
decir un "no recuerdo" que incurrir en una contradicción. El fiscal indicó
que es importante ser espontáneo en la exposición de los hechos, ya que
una narración que parece memorizada predispone a considerarla falsa.

En otra de las simulaciones, una de las participantes incurrió en tantas
contradicciones que el juez en tono de broma le dijo que se lo estaba
poniendo muy bien para condenarla y que le hacía falta seguir practicando.
"En definitiva", dice la denuncia de la Coordinadora, "un verdadero
cursillo de formación para eludir las posibles consecuencias penales de
una posible imputación".

El caso es que, como decía el poeta romano Publio Siro en el siglo I antes
de Cristo, "la absolución del culpable es la condena del juez" y aquí
tenemos a un juez facilitando la absolución de posibles culpables.
Mientras tanto, el Consejo del Poder Judicial ha pasado la denuncia a la
Inspección para que averigüe lo ocurrido.

No sé cómo acabará esto, pero volviendo al principio del artículo, la Caja
de Castilla-La Mancha, que desde hace un mes está bajo control del Banco
de España, ha trasladado su filial CCM Preference Limited (ahora
denominada CCM Preferentes SA) del paraíso fiscal de las Islas Caimán a
Cuenca. Y yo, curioso por naturaleza, no dejo de preguntarme para qué
necesitaría una caja de ahorros regional española -entidad sin ánimo de
lucro- tener una filial en las Islas Caimán, porque seguro que no era para
blanquear dinero ni para que sus clientes cometieran delito fiscal. Y ya
puestos, ¿tendrán todas las otras cajas españolas filiales en Jersey,
Gibraltar o Liechtenstein?

"Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan
como amos". Confucio sigue vigente.

.elpais.com/articulo/20090504elpepinac_12/Tes/
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