Indymedia Estrecho / Madiaq - Brasil

El congreso del PT y los conservadores: una crítica desde la izquierda

Wed, 21 Sep 2011 15:58:23 +0000

Si hubo de entre el ala conservadora de la política brasileña un gran victorioso, en el 4º Congreso Extraordinario del Partido de los Trabajadores (realizado en Brasilia, entre los días 2 a 4 de septiembre), este fue el actual alcalde de São Paulo Gilberto Kassab. Incentivado por antiguas aves de rapiña de la política brasileña, el aliado de Guilherme Afif Domingos y Kátia Abreu ejecuta su plan de crear un partido tapón, el Partido Social Democrático (el PSD) y abrir una cuña entre el bloque oposicionista y el ala derecha del gobierno. Se trata así, de más un partido derechista con potencial para componer la base aliada y fortalecer el modelo del presidencialismo de coalición presupuestaria.

No estoy inventando nada, sólo concluyo lo obvio a partir del documento de Resolución Política del PT, página 22, en las últimas dos líneas del penúltimo párrafo. He ahí el texto: “Nuestros adversarios serán las agremiaciones que representan el bloque conservador, formado por el PSDB, por el DEM y el PPS, con los cuales no haremos chapas.”

Señal de los tiempos. El bloque conservador del Brasil, durante el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente, se nombró a si mismo como de Centro. En aquel momento histórico, el Partido de los Trabajadores rechazó firmar la Constitución justamente en función de las maniobras de este conjunto de fuerzas. Hoy, otros tiempos, es el PT el que denomina a sus aliados de la derecha como Centro. Ya la otra derecha está compuesta por PSDB, DEM y PPS (que también lo son), se hace así un único bloque conservador. De esta forma, el partido de José Dirceu y Antonio Palocci ejecuta una pirueta conceptual digna de las revisiones históricas representadas por el peor periodo del estalinismo. El pragmatismo político retroalimenta un concepto erróneo, lavando el discurso.

Todo comienza con la idea, equivocada, de “progresista”, como si el desarrollo de fuerzas productivas tuviera alguna relación intrínseca con la socialización de recursos y el poder. No tiene. Pero, abierta esa brecha, ahí entran todos los que componen el -de hecho, desde un punto de vista del capitalismo nacional- mejor gobierno de la historia de este país. Allá están los latifundistas (y la alabanza de la presidenta al agro-negocio y al modelo exportador), los capitanes de la industria (cuando hasta el presidente de la FIESP concursa electoralmente por un partido “socialista”) y los bancos operando en el país (generando el mayor logro acumulado de la historia de la nación).

Todos estos sectores de la derecha económica brasileña están políticamente sobre-representados en el gobierno de Dilma. Abierta la puerta, en la base aliada para las elecciones municipales de 2014, ¡el PSD será muy bienvenido!

El congreso del PT y el Marco Regulatorio de los Medios

En diversas ocasiones la Moción del Congreso Extraordinario del PT, cuyo título “Compromiso con una agenda estratégica para las comunicaciones en el Brasil”, asustó a una parte de los medios empresariales. Sinceramente, no observé en ella nada demasiado radical. Allí estaba un resumen de la trayectoria del partido en este tema. En la parte final, otro resumen, este de las grandes resoluciones tomadas en la 1ª Conferencia Nacional de Comunicación Social y del aún no ejecutado Capítulo V de la Constitución Federal de 1988. Entiendo que la reacción de los propietarios de redes fue demasiada. Primero, porque allí consta un libelo deseando el capitalismo de concurrencia en el sector. Segundo, porque este gobierno –así como el de Lula– no va a forzar Marco Regulatorio alguno y dejará que los agentes económicos se meneen a sus anchas. Para justificar este mi escepticismo, bastan sólo dos argumentos.

El PT no puede ir contra una parcela de su propia base aliada. Es parte constitutiva del sistema de dominación brasileño, el llamado coronelismo (caciquismo) electrónico. Estos coroneles de la comunicación social, en general, ejercen su dominación a partir de redes regionales, donde los vehículos locales se asocian a las redes nacionales o a sus afiliadas en las capitales. Tal fenómeno, alimentado por el ejercicio de la concesión de radios y TVs para políticos y apadrinados (socios o naranjas, generalmente), genera una sobre-representación de propietarios de medios (jurídicamente serían concesionarios), o simplemente radiodifusores. Antes que afirmen que exagero, invito a leer el portal del proyecto Dueños de la Mídia, donde constan informaciones detalladas a este respeto.

Otra incongruencia se da en las elecciones de los ministros de las Comunicaciones, a ejemplo de Paulo Bernardo Silva. Este es más un ex-sindicalista que se hizo un gestor de confianza del empresariado, ahora con atención especial en atender a los anhelos de los CEOs de las transnacionales de telecomunicaciones que operan en el Brasil. No podemos discutir sus múltiples calificaciones, pero, democratizar la comunicación social y crear un Plan Nacional de Banda Ancha (PNBL) para atender el interés público no forma parte de su lista de prioridades.

Conforme comprobamos arriba, radiodifusores y CEOs de transnacionales de telecomunicaciones no tienen por que preocuparse. La Moción tiene argumentos válidos, pero la motivación del partido de gobierno es meramente instrumental (las relaciones con la Red Record que lo digan). Ya las distinguidas facciones del movimiento por la democracia en la comunicación social (incluyendo la digital), pueden prepararse para años de pesadilla.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd y msc), periodista profesional (bsc) y profesor universitario. Concentra sus trabajos en el sitio web Estratégia & Análise (www.estrategiaeanalise.com.br) de lo cual es editor. Contactos:

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Skype: bruno.lima.rocha

Publicación Barómetro 19-09-11

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La batalla discursiva por el Código Forestal y la novela del ministro consultor que se terminó yendo

Sun, 26 Jun 2011 00:06:48 +0000

O cuando en Brasil, la base del gobierno de centro-izquierda actúa para aumentar la incidencia del agro-negocio sobre los recursos naturales y la agricultura campesina

Bruno Lima Rocha y Rafael Cavalcanti

Brasil vive el tema del medio ambiente de forma caótica y contradictoria. De un lado tenemos, por la óptica del desarrollo sostenible, una de las más avanzadas legislaciones ambientales del mundo, representada especialmente por el Código Forestal (legislación de base federal). Del otro, se vive el resplandor del sector primario por ocupar enormes extensiones de tierras y volver su producción hacia los mercados externos. El mapa del agro del país ilustra bien esa realidad: cerca de 3% del total de las propiedades rurales corresponden a latifundios, que ocupan 56,7% de las tierras cultivables brasileras, bajo la justificación del agro-negocio.

Si en este escenario ya existe la falta de respeto a la biodiversidad brasileña, la devastación ambiental puede hacerse aún mayor después de la aprobación del nuevo Código Forestal por la Cámara de los Diputados el último día 25 de mayo (y ahora tramitado en el Senado, otra casa parlamentaria con amplia mayoría de partidos aliados con el gobierno). Entre los principales cambios de la legislación, está el permiso para actividades de agricultura y pecuaria en Áreas de Preservación Permanente (APP), como los márgenes de ríos y cerros; nuevas autorizaciones para el corte de la vegetación nativa; dispensa de recuperación de la reserva legal en áreas de hasta cuatro módulos fiscales (un módulo puede llegar a 100 hectáreas); compensación de áreas deforestadas en un estado por áreas de bosque en otras localidades; y la amnistía a crímenes de deforestación practicados hasta julio de 2008.

El trabajo de los diputados culmina con la aprobación de la Enmienda 164, por la cual los Estados podrán ser co-reguladores de las áreas de cultivo y de expansión agrícola. Ahora, Estados gobernados directamente por latifundistas y sus socios –como es el caso de la mayoría de las unidades federadas en la Región Norte y en toda la Amazonía Legal (todos los estados que componen estos ecosistemas equivalen a 48% del territorio brasileño)– tendrán la co-responsabilidad para decidir sobre la consolidación de las APPs. La madrugada de 26 de mayo, extensión de la noche de horror del 25 del mismo mes, termina con la Enmienda Motosierra. Resta ahora la votación del Senado Federal y la sanción de la Presidencia de la República, para que la nueva legislación pase a entrar en vigor.

Toda la discusión sobre el Nuevo Código Forestal refleja los límites del gobierno de Dilma Rousseff, sucesora y compañera del ex-presidente Lula en el Partido de los Trabajadores (PT). Tensión entre ambientalistas y ruralistas (latifundistas_ en la base aliada). También hubo la fractura de las bases sociales organizadas en el campo. Para completar, le cupo a un ex-guerrillero del Araguaia (norte del estado de Tocantins y Sur de Pará –zona donde hubo experiencia de lucha armada en una de las regiones amazónicas que resistió a la dictadura militar, entre el final de la década de 1960 y los primeros años de la década de 1970, 1967-1974)- el diputado federal Aldo Rebelo, afiliado al Partido Comunista del Brasil (PC do B), elaborar el informe a favor de los latifundistas aprobando la alteración de la legislación ambiental.

Si hay algún mérito en la propuesta de Rebelo, este es el de abrir francamente posiciones dentro del gobierno y en la lucha por la legitimación social. Comencemos por la segunda. El modelo hegemónico (pero no mayoritario) de producción primaria mira hacia sí mismo, como la agricultura de modo empresarial, operando con conceptos tan sofisticados como la tecnología de suelo utilizada por los muy pocos fabricantes de fertilizantes que operan en el Brasil. De ahí se hace un obvio y falso contrapunto. El agro-negocio, o el agrobusiness como tanto les gusta los adheridos al mono-cultivo, que ocupa enormes extensiones de tierra de cara a la exportación, es denominado como “moderno”.

Por lo tanto, por esta construcción discursiva, la forma de producción de base familiar de cara al consumo directo de la población del entorno es “arcaica”. Así, el discurso hace superficial el debate del modus vivendi en el campo, asociando el latifundio y los alimentos genéticamente modificados a un futuro inmediato y próspero.

Ya el lado opuesto, según este mismo punto de vista, proyecta asentamientos en forma de “favelas rurales” (analogía con la aglomeración de personas sin estructura básica de vivienda, común en las grandes ciudades brasileñas), cuya situación se agrava por la falta de dinero para plantar e invertir en sus lotes, después de abandono del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Además de eso, tal oposición se alía a los llamados de “eco pesados”, como el “inconveniente” ambientalista Chico Mendes (líder sindical asesinado en 1988 a causa de su intensa lucha por la preservación de la Amazonía), y no contribuye al “progreso” del país, criminalizando al “Brasil que produce”.

Dentro del gobierno, cuyo abanico de alianzas va de la derecha agraria a la agricultura familiar y campesina, el proyecto de Rebelo opera como canto de sirena, generando la adhesión de los conservadores que elogian la postura “madura” de Aldo, así como abre la opción preferencial del Poder Ejecutivo por el latifundio y la agricultura de resultados en la balanza comercial. Recordemos que el ex-presidente Lula, ya en su segundo mandato, llamó a los usineiros (latifundistas dedicados a plantar caña y especular con su precio e inventarios) de “héroes nacionales y mundiales” debido a la producción de biocombustibles a partir de la caña de azúcar.

Entre clichés y sellos de tipo publicitario, la industria de la exportación de granos y cultivos semejantes va ganando el debate social, creando políticas del tipo “hecho consumado”. Si el proyecto de ley que altera el Código Forestal pasa por el Senado y por Dilma, está abierta la puerta para el exterminio de las leyes de protección, dando luz verde rumbo al “vale todo” empresarial en el campo.

De nuevo Palocci

Y la triste operación intentando salvar a su piel mientras se votaba el Código Forestal. El ministro de la Casa Civil y coordinador político del gobierno de Dilma Rousseff, Antonio Palocci, fue blanco de denuncias a lo largo del mes de mayo. Según el periódico Folha de São Paulo (parte de los grupos empresariales de oposición al gobierno, hay que decirlo), el ministro habría multiplicado su patrimonio por 20 en cuatro años, mientras su empresa de consultoría financiera tuvo de ganancia alrededor de R$ 20 millones sólo en 2010, principalmente durante el periodo en que Palocci tenía acceso a datos reservados y planes de inversión del gobierno federal. Para empeorar, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB, principal partido de oposición y del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso), hizo pública la sospecha de que los pagos hechos por la Receta Federal en 2010 a la constructora WTorre, estaban relacionados al trabajo prestado a la empresa del ministro.

El caso Palocci sería condenable por un supuesto caso de tráfico de influencias. Esas relaciones imbricadas entre lo público y lo privado, a través de procesos de control y facilidades del Estado, se caracterizan por vender (en la forma de consulta especializada), informaciones asimétricas, donde los concurrentes no tendrían las mismas oportunidades a menos que tuvieran intermediarios (“consultores”) del mismo calibre junto al gobierno de turno. Esta relación materializa el “riesgo moral” (del inglés moral hazard) donde el procedimiento implica en un riesgo, cuyos daños pueden ser insolubles para la legitimidad del sistema en función de sus procedimientos.

Pero seamos todos muy francos. Lo que supuestamente habría salido de los datos de la Receta Federal, por medio de la Intendencia de São Paulo, gobernada por Gilberto Kassab (ex-aliado del hombre del PDSB y candidato a la presidencia José Serra, y hasta hace poco tiempo atrás miembro del Partido Demócratas-DEM, principal compañero del PSDB en el Congreso Nacional), retrata algo ya dado como estructural por cualquier analista político serio. En los laberintos del poder, siempre surge alguien vendiendo facilidades frente a las indicaciones precisas y sensatas de los que conocen los caminos y los vericuetos.

El problema para la presidente Dilma Rousseff es el hecho de que el médico de Ribeirão Negro es su hombre de confianza, su antesala, y cuyo prestigio político entre los empresarios de punta es mayor que en la base de los movimientos populares, e incluso entre sindicatos de la Central Única de los Trabajadores (CUT), principal brazo social del gobierno petista. Antonio Palocci es un blanco móvil y con pasado reciente como mínimo complicadísimo. Ya imaginarán que si la cosa llegara a ponerse caliente y alguien resucitara el caso del Casero Gate (cuando Palocci habría mandado violar el secreto bancario de un casero), el caso de la León & León (empresa que opera con contractos de limpieza pública), el affaire de la Mansión del Lago Sur (casa donde supuestamente el ministro y sus amigos daban fiestitas semejantes a las Bunga Bunga de Berslusconi) .

Sinceramente, en caso que esto ocurra, aún a través de las letras digitales de la gran prensa, será bien merecido. Razones sobran, abundan en verdad. Pena da que ciertos golpes vengan de la derecha –o de quien está aún más a la derecha– y no de sectores organizados para barrer con la falsa representación política. No es de hoy que la cosa anda fea entre los ex dirigentes del PT naturales de São Paulo, donde cualquier rasgo de ideología de cambio ha desaparecido y donde están todos muy acostumbrados a ser comensales de aquellos a quienes combatían en la década de 1980. La historia de la social-democracia lavada se repite como una tragedia en Occidente. Palocci está a la altura de los líos obscuros del Partido Socialista Francés en los últimos años de la Era Miterrand o del igualmente “complicado” PSOE de los años de Felipe González en España, el de los mal afamados GAU (grupo de exterminio en contra de etarras) entre otras tragedias políticas.

El Código Forestal y el intento de blindar al ministro que estaba casi por irse

En medio de los intentos tenebrosos de proteger al ministro, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, del vicepresidente Michel Tema), o mejor, los PMDBs gubernistas, aprovecharon para aumentar la mordida e intentar llevarse lo que dé, incluyendo el apoyo a las modificaciones pro-latifundio en el Código Forestal. No se espanten si la noticia de la “base rachada” suena como apenas interpretada, o sólo plantada para la construcción de coherencia del Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo y de la presidencia). Ante esas relaciones de fuerza, las palabras de extremos conservadores pos-modernos son un juego de “haz-de-cuenta-que” (cuento de hadas neoliberal), intentando hacer creer que sólo Palocci y la banda del PT hacen eso. Es un juego de esconde-esconde, y, con premisas más que ocultas, provenientes de las industrias de bienes simbólicos (como el grupo Globo, el Grupo Folha, el Grupo Estado, el Grupo Civita) en formato periodístico. También es de esto que se trata el juicio mediático y la componenda entre la base aliada del Planalto y los intentos de fritura política de Palocci, tanto por la derecha como por la izquierda.

Como ya afirmamos en diversas oportunidades, no es la primera vez que el ministro, hoy en la Casa Civil, y antes del vendaval del Mensalão (escándalo de compraventa de votos de la base aliada los primeros años del Gobierno Lula) y del Caseirogate (el gabinete de Palocci fue responsable por la quiebra del secreto bancario del casero Francenildo de Santos, testigo principal de la implicación del petista con empresarios y lobistas), cuando ocupara la carpeta de la Hacienda, se ve envuelto en situaciones límite. La diferencia, es que ésta que existe por ser algo más reciente y, en función de los datos que salieron desde la Intendencia de São Paulo, es una especie de respuesta con la misma moneda. Tampoco él es el único, aunque sea la vitrina del momento, en meterse a consultar bajo contrato de secreto de negocios. Otros ex-militantes son dueños o controladores de consultoría y el viento puede soplar contra ellos también.

Mientras la Cámara de los Diputados votaba el informe de cambios del Código Forestal, Palocci intentaba blindarse del fuego amigo y de los que intentaban incinerar su modelo de negocios, tal vez hasta plantando un “nuevo nombre” para competir con él y sus amigos, los clientes de consultoría en un futuro próximo. La maniobra fue de profesional. El gobierno y su partido mayoritario, en la práctica, liberaron a la bancada. Así se da el juego de “João Sin Brazo”, donde nadie se quema con sus propias bases, mientras la decisión ya está asegurada. No faltaba más nada... además de terminar de negociar con el latifundio -y garantizar la victoria- tras liberar el voto de "conciencia", aunque orientando por el SÍ al informe.

Después del fiasco de 25 de mayo, de repente Palocci fue de hecho blindado, ganando al menos una sobrevida y, se apunta el nuevo canto de sirena: “¡Dilma podrá vetar el informe!” Ah sí, ¿y si no lo veta? ¿Quién va a organizar la respuesta en las calles? Ah, queda el mito de la base fracturada. ¡Fracturada nada! Gobierno perdido o sin saber lo que hacer, tal vez. 410 votos a favor, 63 en contra y una abstención. ¿Cuánto va a costarle esto a la nación en diez años? Y, como moneda de cambio, ¿será que Palocci vale tanto? El Brasil serio y con ojos en el futuro queda de luto.

Resultado de la novela: sigue el latifundio y la no queda más Palocci

Antonio Palocci renuncia en la noche de martes siete de junio después de una trágica entrevista exclusiva para la Red Globo. En la entrevista, habló por 18 minutos y no dijo nada. Ya en el Parlamento, el Código Florestal avanza así como la mayor parte de la agenda conservadora.

¿Fue para esto que negociaron?

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional;Rafael Cavalcanti es periodista y actúa en la comunicación sindical. Los dos concentran sus trabajos en el portal Estratégia & Análise (www.estrategiaeanalise.com.br – publicando en portugués, español e inglés) contactos:

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twitter em castellano: EstratAnalisis

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ESTE ARTÍCULO FUE ORIGINALMENTE PRODUCIDO Y DIFUNDIDO PARA LA AGENCIA BARÓMETRO INTERNACIONAL

“Alcântara Cyclone Space”: Situação e Perspectivas

Fri, 13 May 2011 11:44:06 +0000

Apesar de todas as dificuldades que acompanham e execução do programa espacial do Brasil e sua colaboração com o projecto ucraniano “Cyclone-4” em Alcântara Centro de Lançamento, concordamos com o parecer do ex-ministro da ciência e da tecnologia, agora Director-Geral daEmpresa “Alcântara Cyclone Space”, de Roberto Amaral, de que há luz no fim do túnel. Aprovada em 2010 decisão do Conselho de Segurança Nacional para incluir a construção de instalações em terra para o “Cyclone-4” no Centro de Lançamento de Alcântara na esfera de interesses de segurança nacional e dar a ele o status do projeto estratégico do Brasil permite permite olhar com optimismo para o nosso futuro cósmico.

Em 11 de Janeiro de 2011 no sítio Web do jornal “O VALE” foi publicado um artigo que exprime a intenção do actual Ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, Aloísio Mercadante de rever a parceria entre o Brasil e Ucrânia na área de lançamento de mísseis “Cyclone-4” de Alcântara Center. A afirmação foi feita durante uma visita ao Instituto Nacional de Estudos Espaciais (ІNPE) no primeiro encontro oficial do ex-senador Mercadante A. depois de tomar o posto de ministro da ciência e da tecnologia.

O que é isso? Questionaram a necessidade de continuar a desenvolver o programa espacial do Brasil, a incerteza nos parceiros ucranianos ou falta de vontade de trabalhar com eles e busca de uma razão para fechar o programa “Cyclone-4”?

Recordemos brevemente as características da parceria entre o Brasil e a Ucrânia no domínio do espaço, que num futuro próximo pode ser a base do programa espacial do Brasil.

Ucrânia, após o colapso da União Soviética tem centros a maior indústria aeroespacial do mundo na criação e produção de lançadores e tecnologias espaciais competitivos. Com uma riqueza de capacidades espaciais, ela não tem a capacidade de construir no seu território um centro de lançamento de mísseis devido à sua localização geográfica. É por isso os especialistas ucranianos estavam procurando os opções de ponto de partida para o lançamento dos seus foguetes. A experiência de semelhante cooperação foi adquirida durante a participação no programa internacional “Sea Launch”.

O Brasil também tem uma experiência no desenvolvimento de tecnologia espacial, mas no desenvolvimento e fabricação de veículos lançadores passa por algumas dificuldades. No entanto, ela tem o melhor lugar (quase na linha do Equador) para a construção do centro de partida, tem o seu próprio centro de lançamento em Alcântara, que há muito tempo estainativo devido à prolongada por muitos anos criação dum foguete nacional “VLS”.

A fim de comercializar o Centro de Lançamento de Alcântara existentes, o Brasil começou a olhar para as transportadoras de outros países. Portanto, a coincidência dos interesses e da emergência da cooperação entre o Brasil e da Ucrânia na esfera do espaço é natural. Esta cooperação é consagrada por um tratado internacional. Sob o acordo, o Brasil cria a infra-estrutura necessária em Alcântara, a Ucrânia está a desenvolver um míssil. Ambos os países participam na criação de instalações em terra em Alcântara para os lançamentos de mísseis. Com esse objetivo em 2007 era criada uma empresa conjunta “Alcântara Cyclone Space”.

Porque a atenção dos especialistas brasileiros foi focada especificamente no foguete “Cyclone-4”?

Mísseis “VLS” e “Cyclone-4” pertencem a diferentes classes. “VLS” movido a combustível sólido e tira a órbita de 600-700 km apenas 150 kg. “Cyclone-4” tem vindo a trabalhar sobre os combustíveis líquidos e tira 5.600 kg na mesma órbita.

Eles não são concorrentes, podem ser operados simultaneamente, complementando-se mutuamente. Segundo este princípio adicionar agora operam muitas estruturas cósmicas do mundo. Aexperiência de um foguete Cyclone-4 é baseada em anos de experiência de especialistas ucranianos na criação de tais mísseis.

Com relação aos componentes utilizados em combustível - amil-heptil um – “Cyclone-4” não é uma exceção no parque global de transportadores. O mesmo combustível é utilizado em foguetes russos “Proton”, “Rokot”, “Kosmos-ZM”, mísseis chineses “CZ-3”, “CZ-4B”, foguetes indianos “GSLV”, “PSLV” e antes de 2002 (antes desmantelamento) foi utilizado para o foguete “Ariane-4”. Além disso, heptila-amil utilizado em estágios superiores do “Ariane-5”, “Delta 2”, “Titan-2”, “Zenit-3SL”.

No estágio atual de desenvolvimento de foguetes e tecnologia espacial das medidas aplicadas, como mostra a prática, fornece uma total segurança ecológica em sua operação. Portanto, podemos dizer com certeza que o lançamento do míssil “Cyclone-4” de Alcântara não terá um impacto concreto sobre o ambiente adjacente ao porto espacial no Brasil. A análise anterior sobre a ecologia dos mísseis semelhantes tenham recebido uma conclusao positiva da ala de 45 do S. U. da Força Aérea para as condições da base espacial dos EUA, onde as “exigências ecológicas” são mais rigorosas do mundo.

Tendo em conta os conhecimentos existentes da casa e da tecnologia, o Brasil é capaz de criar um míssil desse tipo independentemente. No entanto, demorará décadas e necessidade de atrair recursos financeiros significativos. Numa economia de mercado e o lançamento oportuno para o mercado comercial de “serviços de espaço” isso não é justificado. Percebendo isso, muitos países estão desenvolvendo a tecnologia espacial em parceria com outros países.

Um dos principais problemas de implementação de parcerias no sector espacial é a transferência de tecnologia. Todos os países que possuem essas tecnologias, exigem a assinatura de acordos sobre a proteção de tecnologia. Por que é feito?

O objetivo de tal acordo - impedir a propagação da tecnologia e da diminuição da concorrência no mercado de serviços espaciais. Propriedade do desenvolvimento de tecnologia e lançamento de foguetes e satélites permite que um país tem informações estratégicas, como em fins civis e de defesa, a soberania da criação de novos postos de trabalho altamente qualificados e têm rentabilidade financeira substancial.

A implementação conjunta do projeto brasileiro-ucraniano “Cyclone-4” é justamente o primeiro passo para a aquisição do Brasil de de alta tecnologia de mísseis. Na verdade, na criação de equipamentos tecnológicos, na construção de edifícios e estruturas de terra os especialistas brasileiros participam diretamente. Esto, inevitavelmente, implica a transferência de tecnologia, tal como o desenvolvimento conjunto de instalações em terra prevista no Contrato.

A transferência de tecnologia de mísseis é protegido por ambos os governos que assinaram um acordo sobre a proteção da tecnologia. Além disso, sabe-se que as agências espaciais do Brasil e da Ucrânia prepararam um documento sobre o desenvolvimento do projeto “Cyclone-4”, um documento que tenciona o desenvolvimento conjunto de um míssil modificado “Cyclone-5”. Assim, em perspectiva, o Brasil tem a chance de entrar no clube exclusivo de países lançando seus foguetes e naves espaciais. E não é assim que o prospeto distante.

A exploração bem sucedida do foguete “Cyclone-4” no Centro de Lançamento de Alcântara precisa de um marketing adequado dos serviços de lançamento no mercado. A ausência de um acordo ratificado à proteção da tecnologia entre o Brasil e os Estados Unidos limita severamente o mercado para o uso de foguetes para o “Cyclone-4” no Centro de Lançamento, como mais de 50% da nave espacial no mundo são fabricados nos EUA.

Portanto, a ação natural da empresa binacional “Alcântara Cyclone Space” para encontrar maneiras de sair no mercado aos serviços de lançamento dos EUA. Como ficou conhecido, uma empresa dos EUA ATK Space Systems manifestou interesse para projeto. Esta empresa propõe a considerar a possibilidade de criação de um tal complexo em terreno da costa leste da Flórida.

Naturalmente, a decisão sobre esta matéria deve ser tomada com o consentimento do governo dos EUA a nível dos governos do Brasil e da Ucrânia, que são parceiros estratégicos no projeto bilateral “Cyclone-4” e os acordos pertinentes são legalmente consagrados no tratado. Dado que a empresa binacional, em conformidade com o referido contrato, tem direito exclusivo de prestar serviços de lançamento de usar mísseis para o “Cyclone-4” e suas possíveis modificações de Alcantara Centro de Lançamento, ou seja, Alcântara Cyclone Space será capaz de determinar a partir donde serão feitas lançamentos de foguetes para cada missão individual. Isso não contradiz o espírito de um tratado internacional entre o Brasil e a Ucrânia.

Essa estratégia de buscar um parceiro nos EUA é racional, porque, em primeiro lugar, pode resolver o problema subjacente ao lançamento de satélites dos EUA do Alcantara - a necessidade de assinar um acordo sobre a protecção de tecnologias entre Brasil e Estados Unidos, e, em segundo lugar, é possível entrar no mercado dos EUA e, terceiro, vai conduzir a um investimento adicional do programa espacial do Brasil.

Atualmente a empresa binacional Alcântara Cyclone Space não tem os fundos necessários para continuar a trabalhar na criação de um complexo solo. Eu quero acreditar que um desequilíbrio das contribuições para a capital da empresa binacional a Ucrânia irá eliminar no futuro próximo. Especialmente, como ficou conhecido, o governo ucraniano no ano passado decidiu prestar garantias do governo para atrair crédito no valor de 260 milhões de dólares para continuar o projeto “Cyclone-4”.

E sobre a criação de um míssil nacional “VLS”?

Durante mais de 30 anos do projecto “VLS” foi feito apenas três protótipos e implementados três tentativas de lançamento de mísseis, e todos sem sucesso, infelizmente.

A última tentativa de lançamento em agosto de 2003 terminou em uma terrível catástrofe, quando 21 pessoas dos assistentes foram mortos. Explosão de foguete na plataforma de lançamento, que destruiu toda a disponível no momento infra-estrutura lançador foi um choque para os políticos e cientistas brasileiros, para quem o incidente significou a perda de tudo o que tinha sido desenvolvido por anos. Este acidente levou ao congelamento do projeto nacional de foguetes e sua revisão.

No artigo “Diamante na coroa” (a revista “Ishtue”, 2004.02.23) os autores apelaram para a necessidade de reforçar a parceria com a Ucrânia, Rússia e China, que podem ajudar na investigação das causas do acidente.

Especialistas ucranianos, sendo no momento da explosão em uma visita a Agência Espacial Brasileira, ofereceram a sua ajuda na investigação do acidente. Mas a preferência foi dada aos especialistas russos, que se ofereceram para ajudar na reconstrução de infra-estruturas destruídas e ao desenvolvimento de novos mísseis brasileiros usando tecnologia russa.

Modernização do míssil foi designado para o centro do foguete russo chamado Design Bureau VP Makeyev, que colocou os alguns componentes individuais, em particular, o plataforma inercial de sistema de gestão. No entanto, sete anos não foi suficiente para criar um novo míssil. Até hoje, a infra-estrutura destruída é restaurada e é impossível prever quando irá criado um actualizado míssil nacional “VLS-l”. Além disso, mesmo no futuro distante, não é falando sobre qualquer transferência de tecnologia.

Tal abordagem da Rússia, e não só ela é prática e com outros países. Por exemplo, os leitores podem lembrar a cooperação com a Coreia do Sul no desenvolvimento de uma das mísseis coreanos “KSLV-1”, para que os especialistas russos já desenvolveram e fabricaram o primeiro passo. Segundo a imprensa sul-coreana, o foguete de 80% repete desenvolvido em transportadora Rússia foguete Angara e, portanto, serve para melhorar a tecnologia russa usada no Angara. O primeiro lançamento “KSLV-1” terminou em fracasso, foi realizado em Agosto de 2009, o segundo lançamento ocorreu em Junho de 2010 e terminou no acidente. De acordo com informações disponíveis, o acidente ocorreu na fase da primeira etapa do trabalho de estágio do foguete de origem russa. Sobre a transferência de

Plataforma Internacional del Anarquismo Revolucionario

Sat, 07 May 2011 18:51:27 +0000

Plataforma Internacional del Anarquismo Revolucionario

Compañeros y compañeras,

En anexo encontraran el documento titulado "Plataforma Internacional del Anarquismo Revolucionario", documento preparado por la UNIPA de Brasil y la OPAR de México, que busca continuar el proyecto revolucionario emprendido por la Plataforma Organizativa para una Unión General de Anarquistas, publicada en 1926, en su única dirección posible: el Bakuninismo.

A continuación la Introducción de dicho documento.

Presentación

A los obreros, campesinos, a los trabajadores de servicios,

A los desempleados, a los trabajadores informales,

A los trabajadores migrantes de todas las regiones del mundo,

A los pueblos indígenas, a las naciones, etnias y minorías oprimidas,

A la juventud y las mujeres trabajadoras.

Introducción

En julio de 1926, la publicación en Francia de un documento titulado “Plataforma Organizacional de los Comunistas Libertarios”, (elaborado y firmado por el grupo ruso en el exilio Dielo Truda), causo un profundo impacto y malestar entre los anarco‐comunistas, anarcosindicalistas e individualistas, principalmente en Europa.

Entre los firmantes del documento se encontraba el campesino Néstor

Maknho, principal jefe del ejército insurgente de Ucrania y, Pedro Archinov,

un obrero y guerrillero, ambos veteranos de la revolución y guerra civil rusa

(1917‐1922). El documento convocaba a reorganizar el anarquismo revolucionario, a la lucha ideológica contra el individualismo desorganizador y a la construcción de una organización anarquista internacional.

Enrique Malatesta, una de los principales anarco‐comunistas de la época,

se pronunció clara y categóricamente contra los fundamentos establecidos

por la Plataforma: “Ahora, siendo la Organización propuesta típicamente

autoritaria, no solo no facilitará la victoria del comunismo anarquista, sino

que falsificará el espíritu de sus organizadores y resultará lo contrario de lo que esperan sus organizadores”. Volin, una anarquista ruso exiliado en Francia escribió lo siguiente: “Concluyo, el único punto original de la Plataforma es su revisión en dirección del bolchevismo, ocultado por los autores”. 6

La Plataforma Organizacional es un documento que apuntaba tres tareas

fundamentales: el desarrollo de una teoría anarquista como base de una

organización internacional; mayor precisión en la estrategia y programa globales para la Revolución Socialista, a partir de la crítica de la experiencia de

degeneración burocrática de la revolución rusa de 1917; la crítica del papel

que los anarquistas venían desarrollando en el movimiento de masas, a la par

de la presentación de una línea revolucionaria de acción.

Estas tareas presentadas por los autores de la Plataforma Organizacional

no fueron realizadas. En gran medida, en esto descansa gran parte de la declinación histórica del anarquismo, tal y como apuntaron Maknho y Archinov,

al señalar que las relaciones del anarquismo con las luchas de masas obreras

y campesinas serían marginales hasta no abordar dichas tareas.

La Plataforma tenía también sus límites. La reacción de los anarcocomunistas,

anarco‐sindicalistas e individualistas, fue denunciar a los Plataformistas

como algo “extraño al anarquismo”. Los Plataformistas fueron acusados

de “desviarse del anarquismo”, de compartir una peligrosa frontera

con el “bolchevismo” y con las ideologías “autoritarias”.

Sin embargo, en los hechos, los Plataformistas, al contrario de lo que

afirmaron sus críticos, no estaban “rompiendo” con el “anarquismo en general”,

y si con el revisionismo (representado por las auto‐proclamadas “corrientes”).

Los Plataformistas afirmaban haber creado una propuesta nueva,

pero en realidad, estaban apenas recuperando de una forma parcial, la concepción bakuninista original de la Primera Internacional, renegada por el

anarco‐comunismo de Malatesta y Pedro Kropotkin, y por el anarcosindicalismo

y sus teóricos como Rodolfo Rocker.

La Plataforma Organizacional fue rechazada por contener en su interior un

movimiento en dirección a la que los individualistas, anarco‐comunistas y

anarco‐sindicalistas se habían negado a ir: el bakuninismo. Sin embargo la

Plataforma solo delineo las tareas. Sus autores no tuvieron las condiciones

históricas para realizarlas. Ellos mostraron que era preciso construir una organización anarquista internacional. Que esta debería basarse en la unidad

teórica y táctica, la responsabilidad colectiva y el federalismo. Más ellos, por

motivos de fuerza mayor, dejaron esta tarea inconclusa.

La experiencia anterior basada en la crítica, los esfuerzos heroicos de individuos

y pequeños grupos, que realizaron criticas parciales y reflexiones que

anteceden el análisis que presentamos aquí, deben ser reconocidos. La crítica

de los plataformistas en los años 20’s; las criticas de pequeño grupos “bakuninistas”, así como la defensa, aunque confusa, de la Maknhovchina por José Oiticica en el Brasil; la crítica y oposición del Grupo Antorcha a la capitulación de los anarco‐comunistas orientados por Diego Abad de Santillán en la Argentina, deben ser abiertamente reconocidas. De la misma manera, deben serlo la crítica a la degeneración del anarco‐sindicalismo y comunismo españoles por Maknho, Jaime Balius y el grupo “Los Amigos de Durrruti”. La crítica de Georges Fontenis en los años 50 y la de la Federación Anarquista de Uruguay (FAU Histórica) en los años 60 son fundamentales. Más es preciso también reconocer que todas esas críticas fueron incompletas y parciales, no

consiguieron consolidarse por que no avanzaron en dirección al bakuninismo.

Este documento busca exactamente asumir la responsabilidad de ejecutar

las tareas delineadas por la Plataforma Organizacional y la línea defendida

por los demás camaradas que mencionamos arriba. Continuar donde pararon:

avanzar en la única dirección posible del plataformismo, el bakuninismo.

En este sentido, este documento busca presentar los trazos estructurales de

la teoría anarquista – el bakuninismo ‐ y convocar a la reconstrucción de la

organización internacional bakuninista y la organización internacional de los

trabajadores. Esta es tarea es hoy central.

La degeneración de las revoluciones socialistas y de liberación nacional; la

integración de los sindicatos de orientación social‐demócrata y anarcosindicalista en el sistema capitalista son muestra de que el proletariado ha sido conducido por éstas orientaciones a sucesivas y graves derrotas históricas.

La capitulación de los anarco‐comunistas y los anarco‐sindicalistas también

es un trazo importante de la Historia. Fue en gran parte el resultado de

errores de teoría, de empirismo y de oportunismo que caracterizaba la formación de las organizaciones políticas y de masas de los trabajadores.

Pretendemos convocar, entonces, a la construcción de una Red Anarquista

Internacional (RAI), y a una Tendencia Clasista e Internacionalista de los Trabajadores (TCI). Estas dos expresiones orgánicas buscan ser el inicio de la reconstrucción de la Alianza de la Democracia Social y la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Ahora bien, para delinear de manera más concreta las características de

las organizaciones, política y de masas, es necesario, indispensable, la presentación del contenido del bakuninismo y una profunda critica de la teoría

que ejerció la dirección más extendida de la lucha de clase de los trabajadores

en el siglo pasado: el marxismo. Es precisa, a su vez, una crítica seria de

las experiencias de lucha del proletariado, así como de los desvíos de las teorías determinantes en estas mismas derrotas.

La Plataforma de Organización del Anarquismo Revolucionario aquí presentada

busca fijar las bases teóricas y programáticas de tal construcción

internacional. La primera parte del documento es una crítica teórica e histórica

de las diferentes teorías y experiencia de lucha de los trabajadores. La

segunda parte es una aplicación de la concepción bakuninista en teoría sobre

la revolución al actual estadio de desarrollo capitalista. A partir de esto, es

que presentamos una propuesta de organización de los revolucionarios y de

los trabajadores en la lucha por el Socialismo.

Los individuos y los grupos que quieran discutir la adhesión esta Plataforma

de construcción de secciones de la RAI y TCI, en sus respectivos países

deberán de escribir para entablar y desarrollar dicho proceso: las orientaciones

adicionales y más detalladas serán resueltas y tendrán respuesta por la

Comisión de Construcción.

UNIPA – Brasil

www.uniaoanarquista.org

OPAR – México

www.anarquismorevolucionario.wordpress.com

redeanarquistai@yahoo.com

Organización Popular Anarquista Revolucionaria

www.anarquismorevolucionario.wordpress.com
info_opar@yahoo.com.mx
Nuevo León, México

Barack Obama: el encantador de audiencias

Fri, 25 Mar 2011 23:16:45 +0000

El huracán mediático Barack Obama pasó por el Brasil para marcar también una nueva política. Cambiados los tiempos, esta vez la línea del Departamento de Estado es pro-activa, buscando reconstruir una agenda bilateral entre los dos países. Ahora el foco de los Estados Unidos es la reaproximación de Occidente al Brasil; lo que implicaría el alejamiento paulatino de los brasileños de las tesis latino-americanistas. Es la razón por lo que nuestro país es elogiado por los norteamericanos en actos discursivos, en lo que concierne a América Latina. A la vez, los EUA tienen una posición tímida en cuanto a nuestra presencia permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Recordamos que los años anteriores la relación entre los dos países no fue exactamente armoniosa. La agenda fue debidamente vaciada aún en la mitad del primer gobierno Lula, debido a posiciones más agresivas que tuvieron inicio con la depuración venezolana, cuando se radicalizó en parte el proceso bolivariano después de la victoria contra el golpe de Abril de 2002 y el Paro Petrolero (sabotaje de tipo lockout) a finales de aquel fatídico año. No es necesariamente una novedad afirmar el cambio de posicionamiento de Lula en función de la ampliación de las alianzas a partir de las victorias de Hugo Chávez y la derrota del proyecto del ALCA en el Continente.

Terminado el desastre de los dos gobiernos consecutivos de George H. W. Bush (Bush Jr.), la línea de propaganda de los EUA fue otra. Obama desató en todo el mundo una imagen y empatía típicas de la epopeya de los Derechos Civiles en los Estados Unidos. Por primera vez desde John F. Kennedy, los Estados Unidos tienen un líder carismático al punto de ser popular, haciéndose una referencia para los electorados de algunos países.

Los estrategas de la diplomacia estadounidense operan con esta certeza y están usufructuando de esa proyección simbólica de acuerdo con sus intereses a partir de dos máximas de la política. Una de ellas es “dividir para reinar” y la otra es la “capilaridad de la imagen de un político”, acentuando su representación imaginaria y no la real factual.

La penetración imaginaria de Barack Obama corresponde a su trayectoria como científico político, abogado con buena oratoria y organizador de base en güetos de la Gran Chicago. Bate fondo en la formación del Occidente, aún para aquellos que están contra la política imperial de la “mayor democracia del mundo”. Sabemos que para los valores democráticos, aún los de corte liberal–elitista, aún existe fuente de inspiración y grado de respeto con las luchas de la sociedad estadounidense y en especial con las etnias en tentativa de emancipación, como es el caso de los afro-descendientes y de los latinoamericanos de distintos orígenes. Ese tipo de conmoción es la tarjeta de visita del presidente que, teniendo un origen en el melting pot pluri-étnico construye una carrera vinculada al Partido Demócrata de Illinois.

No hay que negar esto, así como también es innegable su papel –el de Obama– hoy limitado, en el sentido de promover los derechos y garantías básicas de las mayorías en los EUA y, obviamente, la absurda relación de fuerza y emparedamiento inagotable entre la derecha política, las sanguijuelas del mercado financiero y también la propia derecha financiera (con énfasis en la mediática). Barack Obama está contra la pared en su país y su plataforma de política interna se ve con recursos casi agotados y sin tráfico en las dos instancias parlamentarias. No solamente los Republicanos tienen mayoría en Senado y en la Cámara de Representantes de los EUA, sino también buena parte de los Demócratas son conservadores en su agenda nacional, e imperialistas en la pauta global. Su diferencia con los republicanos es la intención de buscar fuentes de legitimación de tipo multilateral, como lo fue la absurda votación del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la zona de exclusión aérea y apoyando el bombardeo contra bases e instalaciones bélicas aún leales a Muammar Al-Gaddafi.

Retomando el análisis de impacto de Obama en su turné por estos lares, resaltamos dos momentos. La agenda brasileña del presidente de los EUA es un caso y su aspecto de adulador de la nueva elite internacional –los dirigentes y celebridades brasileñas– necesita otro análisis. Una caracterización posible del pasaje de Obama por el Brasil es el ejercicio de la diplomacia a través del énfasis en los aspectos de usos y costumbres de pueblos con alguna similitud en su formación multi-étnica, aunque occidental. Esta caracterización es simpática y refuerza la auto-estima de los brasileños, en especial de la mayoría afro-descendiente.

Ya su presencia en América Latina es un tiro simultáneo en tres direcciones. La primera apunta hacia el escenario internacional y dice obviamente respeto a una clásica maniobra divisionista. Obama se presenta como el gran relacionista público de los EUA, atrayendo las atenciones por este trato. Se trata de un juego de espejos entre aquello que estamos viendo –un presidente de los EUA simpático y culto– y el accionar de tipo imperialista, atacando a un dictador en Libia, otrora tolerado. De ese modo, la sala de crisis y la atención en torno a Washington queda con las imágenes diluidas entre la trouppe del presidente de los EUA, las decisiones tomadas a la distancia y el teatro de operaciones en el Mare Nostrum de la OTAN.

La segunda dirección apunta en la agenda única hacia construir las políticas bilaterales necesarias, reforzando aspectos ya consolidados –como en el caso chileno– o abriendo la portera para la entrada de los EUA cómo agente de interlocución en un local tenso como El Salvador. El presidente de ese país, Mauricio Funes, es farabundista aunque haya ganado popularidad como periodista y hasta corresponsal de la CNN. Cualquier acción de reposicionamiento de los EUA en América Central tiene relevancia para el Departamento de Estado, en especial después de la victoria política ganada con el golpe militar en Honduras el 28 de junio de 2009. La quiebra de una cadena de lealtades y victorias de la centro-izquierda y del nacionalismo latino-americano culmina en la legalización del golpe contra Manuel Zelaya, probando también la incapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para administrar una situación de crisis con impacto y contundencia. Basta que lo comparemos con la acción promovida por el Consejo de Seguridad de la ONU y la “unilateralidad” de sus múltiples agentes al unísono, a través de la “coalición” contra el gobierno de Libia.

Estar otra vez cerca de El Salvador y dar énfasis a planes integrados –quien sabe hasta dando márgenes para resucitar el moribundo Plan Puebla Panamá– pasa por establecer un diálogo prolífico con el presidente del FMLN y su tímida política económica. También implica un mensaje no tan subliminal, a partir del Golpe en Honduras, afirmando que los EUA están más que predispuestos a actuar en el Continente, reconociendo rápidamente a gobiernos golpistas mientras mantengan una apariencia de legalidad en el acto de deposición del presidente electo.

Es en este sentido es que apunta la última dirección del análisis. Dos países son tomados como “modelos” para el accionar del Departamento de Estado en América Latina. Uno de ellos es Colombia, después de permitir la instalación de bases y tropas terrestres estadounidenses en su propio territorio. El otro es Chile, por todo lo que representó y representa, tanto como experiencia de transición pacífica al socialismo –derrotada a través de un golpe sanguinario– como por la “opción chilena” al combinar en forma de laboratorio un Estado fuerte y gendarme, con una política económica de estructura de privatización y en a favor de la transnacionalización de la economía, retirando paulatinamente derechos históricos de los trabajadores y, a la vez diseminando la cultura del capital ligero y de culto al emprendedor. Cuando un presidente de los EUA va a Chile, especialmente tratándose de un gobierno derechista comandado por un magnate de origen pinochetista, va a conmemorar la victoria de su proyección imperial y también a abrir flancos de negociación de forma acentuada.

El problema de la relación de los EUA con Chile –problemático desde el punto de vista de los estadounidenses– es la memoria histórica. En el Brasil, por ejemplo, la ausencia de la pauta derechos humanos conectada a la política y el hecho de que el actual presidente del Estado más poderoso del planeta sea negro, refuerza la empatía y el encantamiento, al llamar a uno de los líderes del G-20 como “compañero senior”. Ya en tierras chilenas, tanto la victoria de Sebastián Piñera en las elecciones de 2009 como el no pedido formal de disculpas por parte de los EUA, operan como un bloqueo a la penetración de su “efecto encantamiento”. Obama opera muchas de las veces, más como relacionista público que como jefe de Estado y Ejecutivo más importante del planeta. En general, como es típico de la agenda real de la diplomacia y relaciones de fuerza, las pautas no entran tanto en destaque, pero sí la proyección de la imagen. En la era de las celebridades, hasta en acciones imperiales tiene que haber penetración mediática y capacidad de convocatoria para la lectura común a través de una cultura de rápida degustación. Es sonriendo al mundo y presentándose como una “persona humilde” que el presidente Obama refuerza su posición y prueba las habilidades de su equipo de relaciones públicas al transformar una amenaza en un encantador de audiencias.

Apuntando conclusiones: Obama es más peligroso que Shakira

Barack Obama es un verdadero encantador de audiencias masivas y audiencias seleccionadas. Por primera vez en su historia el Imperio cuenta con un presidente muy culto y simpático a la vez. Es innegable tanto su carisma como la manipulación de éste para con el público interno de los EUA (relación más bien desgastada por la ineficacia en aprobar medidas básicas de mejoría de vida) así como para con quien lo recibe y asiste a su trayectoria en los pagos latinoamericanos. Es obvio que la visita al Brasil fue la parte más fortalecida de esa gira, pero también es obvia la utilización del presidente estadounidense con la ventaja política de su diplomacia.

La agenda diplomática fue puesta sobremanera en segundo plano, llegando a no influenciar en la agenda de la cobertura de la tournée basada en la cultura de las celebridades. Como señal, el paso a paso de Barack y Michelle por aquí fue grabado y difundido en tiempo real, vía Internet, a través del proveedor de la propia Casa Blanca. Esta vez la apuesta es seria y contundente. Los EUA tienen un personaje que puede ganar arraigo de credibilidad en formadores de opinión –en escala razonable– en los países latinoamericanos. Fue para eso que vino aquí, además de reforzar la acción coordenada bilateral junto al Brasil.

Su agenda es comparable a la recorrida por la cantante Shakira, con algunas diferencias. Una de ellas es que, por más manipulable y cambiada en mercancía que sea la cantante colombiana-estadounidense, ¡ella no autoriza bombardeos sobre blancos militares o estatales de país alguno! Otra es respeto al llamamiento publicitario de Shakira, que no es tan creíble ni genera tanta adhesión como la presencia de este abogado y científico político que concentra el mayor poder en el mundo. Y, por fin, el acto de adherirse a una agenda bilateral promovida por el gobierno Obama-Clinton, tiene implicancias más graves que consumir una producción de la industria cultural como es la cantante yanki–colombiana.

bruno.estrategiaeanalise@gmail.com

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Publicación Barómetro 24-03-11

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El sector aéreo y el desafío privatizador de Dilma

Thu, 03 Feb 2011 18:06:54 +0000

Se anuncian vientos privatizadores en el gobierno de centro-izquierda que recién asume. Para ejecutar tal maniobra, Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores – PT) y su equipo económico tendrán que librar batallas –como en toda gestión que se inicia– para someter o derrotar fuerzas sociales con algún nivel de autonomía organizativa, a ejemplo de entidades sindicales y movimientos populares.

Una situación semejante aconteció con la famosa primera-ministra Margareth Thatcher en Inglaterra, cuando enfrentó una enorme huelga de mineros, iniciada en 1984 y con doce meses de duración; lo mismo que ocurrió en la huelga de los controladores aéreos contra la política aplicada para el sector por el gobierno de Ronald Reagan en 1981.

Sucedió tal cual en Brasil cuando el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña – PSDB) enfrentó una gran huelga de petroleros en 1995, que ya habían “empatado” con los ex presidentes Fernando Collor e Itamar Franco, y consiguió –en función de las decisiones de la Justicia– acabar con un movimiento de ocupación de refinerías y hasta de plataformas de extracción.

Ahora, los avisos de “caos aéreo” y la presión para alcanzar el plan de metas de infraestructura y función operacional de la FIFA para la Copa del Mundo de fútbol, abren margen de consentimientos de las personas para que un proceso privatizador sea puesto en marcha. Nunca es demasiado recordar que la aviación brasileña ya era de las más rentables del mundo cuando los dos mayores desastres aéreos de la historia del país acontecieron en un corto intervalo de tiempo.

Recordando. En septiembre de 2006, el Boeing 737 de la compañía Gol Transportes Aéreos cayó en un área de la floresta amazónica después de chocar con un jet ejecutivo pilotado por dos norteamericanos, que viajaban con el transponder (especie de dispositivo de identificación de la aeronave en el espacio aéreo) desconectado. La aeronáutica también reconoció que erró el control de tráfico al autorizar el vuelo del jet en una altura similar al del avión de pasajeros. La caída resultó en la muerte de 154 personas.

Casi diez meses después, una aeronave de la TAM Líneas Aéreas (la principal compañía del país) –operando en el límite de la prudencia– traspasó la pista y los márgenes del Aeropuerto de Congonhas (ciudad de São Paulo) y chocó contra un depósito de cargas de la propia TAM, matando 187 pasajeros y tripulantes, además de otras doce personas en suelo. Entre las causas del accidente se identificó la falta de ranuras que permiten una mayor adherencia en el suelo, en la entonces nueva pista del aeropuerto y fallos en equipamiento del avión, como los frenos mecánicos y los spoilers.

A pesar del recuerdo, el consumo de pasajes aéreos siguió aumentando entre los brasileños. Existe, realmente, el encuentro de la demanda por viaje reprimido con la expansión del crédito individual (permitiendo el pago parcelado de pasajes), disminución de costos y un relativo abatimiento de los pasajes. Pero no termina aquí la fórmula de “éxito” que hace crecer en el país a un sector en crisis mundial.

La rentabilidad alcanzada pasa también por la super explotación de la mano de obra. Trabajadores del sector aéreo (aeroviários), aeronautas y personal especializado de aeropuerto (como los controladores aéreos) están trabajando visiblemente muy por encima de lo permitido y también de lo tolerable. Son constantes las alteraciones de escala, las suspensiones de descansos y el aumento de la jornada de trabajo. No es por casualidad que han habido paralizaciones y huelgas parciales en aeropuertos-llave, estando –cómo es sabido– la mayor parte de los trabajadores en la aviación comercial en un nivel de estrés laboral muy elevado.

Derrotar dos sindicatos nacionales y bien estructurados como aeroviarios y aeronautas, que representan cerca de 85 mil trabajadores, no es poca cosa. Es una “necesaria” prueba de lealtad al proyecto desarrollista, yendo contra toda y cualquier tensión social. Esta “quiebra de columna” de categorías organizadas, fortalece ideológicamente la propuesta de expansión del sector a través de la privatización de terminales, líneas y nuevos aeropuertos. He ahí un desafío real –y contradictorio– para la presidenta del Brasil.

Observación: Para los lectores que puedan estar desinformados, estos dos analistas son totalmente solidarios con las reivindicaciones de los trabajadores en la aviación civil y obviamente contrarios a cualquier forma de privatización abierta o velada (tipo asociación Público-Privada) de aeropuertos, líneas o terminales.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional contactos en: blimarocha@gmail.com / skype: bruno.lima.rocha

Rafael Cavalcanti está concluyendo el curso de periodismo y actúa en la comunicación sindical: contacto en butigahn@gmail.com

Los dos concentran sus trabajos en el portal Estratégia & Análise (www.estrategiaeanalise.com.br)

Publicación Barómetro 27-01-11

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Una relectura de la política externa de Brasil en la Era Lula

Wed, 22 Dec 2010 17:35:11 +0000

Faltando pocos días para la posesión de la economista Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores–PT, en el gobierno brasileño hace ocho años, inclusive como principal partido), es notable la expectativa en cuanto a los posibles cambios de ruta en la política externa de Lula. Ella viene siendo blanco de los ataques de oposicionistas políticos y mediáticos hace un buen tiempo. Como estamos en un país de corta memoria, se acostumbra asociar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como protagonista independiente en el escenario internacional, desmarcado de la potencia militar hegemónica (los EUA) y líder del continente. No siempre fue así. Los primeros años de Lula en el Palacio de Planalto tuvieron como marca la aproximación con el gobierno de Bush Jr. y el apoyo brasileño en la agenda de implantación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Entendemos que el gobierno brasileño fue poco a poco alejándose de la condición de interlocutor subordinado de los EUA, viniendo a inclinarse hacia la disputa de referencia en el continente.

Como divisor de aguas, apuntamos allí la reunión de la cúpula del MERCOSUR (Mercado Común del Sur, que reúne Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela instituido por el Tratado de Asunción de 1991), realizada en Montevideo en 09 de diciembre de 2005. En esta ocasión, se aprobó la entrada de Venezuela en el bloque económico. A partir de ese momento, y con el aumento de la agresividad exterior del gobierno de Hugo Chávez, el Brasil se vio en la obligación de disputar el liderazgo y la gravitación dentro de las relaciones entre los países suramericanos. Estaba siendo difícil sostener para con los vecinos la posición supuestamente “neutra y redimida” de Brasil en cuestiones continentales. Fruto de la interacción estratégica, un Estado pretendiente a la potencia regional despierta el gigante, poniendo a nuestro país en el movimiento de integración Sur-Sur y el no alineamiento subalterno en las relaciones con los países poderosos del planeta.

A partir de ese momento, la política externa de Lula fue se dirigiendo paulatinamente hacia una posición agresiva y algo independiente. Eso atenuó las críticas de la izquierda –a pesar de la acción sub-imperial brasileña en Haití, con tropas militares garantizando la “seguridad” de la población en misión de la ONU– y, a la vez, vino a enfrentar viejos mitos e identidades políticas de élites nacionales. Para atacar ese posicionamiento, se evoca como problema insoluble la falta de respeto a una supuesta tradición de neutralidad y de un abordaje exclusivamente técnico en Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores, comandado por el embajador Celso Amorim, que también fue ministro de esta cartera en el Gobierno de Itamar Franco los años 1993 y 1994). En consecuencia, la alegación de que una posición anti-EUA, aunque muy tímida, aumentaría el contencioso proveniente de unas relaciones comerciales ya poco amistosas.

Para contraponer el argumento, basta recordar la tradición sub-imperialista brasileña en el continente para comprender que la tradición de “neutralidad” opera más como un discurso de legitimación de la tecnocracia diplomática y, a la vez, un reconocimiento de la Teoría de la Dependencia, que separa países periféricos de países céntrales en una escala vertical, insuperable en el campo de las relaciones internacionales. Ya la visión de que una política de no colaboración con los EUA, marcando la diferencia siempre posible o necesaria, más que siendo irresponsable, suena como el viejo alineamiento inmediato, aquel que inspiró la célebre sentencia, “lo que es bueno para los EUA, es bueno para el Brasil”.

Es preciso reconocer que el escenario cambió por fuerza de los agentes brasileños. Haciendo justicia, si hicimos críticas a la política externa de Lula, no fue en el sentido conservador, pero sí por entenderla cómo blanda y vacilante. Tampoco vemos como saludable la estrategia de despolitizar la defensa intransigente de los Derechos Humanos, muy acentuada por la representación diplomática estadounidense con este tema en la ONU. Al contrario, vemos como única posición coherente y consecuente, la crítica innegociable hacia todos los países que violan los derechos fundamentales del hombre, comenzando por los propios EUA. La potencia hegemónica militar practica aberraciones jurídicas, tales como el secuestro de sospechosos de terrorismo en tierras extranjeras y la abominable prisión de Guantánamo, en territorio tomado militarmente a otro Estado soberano.

La presión desde abajo en Brasil, al menos de los sectores sociales organizados, es para que el gobierno Dilma no se reposicione como país subordinado del occidente y en contra partida, acentúe las relaciones Sur-Sur, traspasando las aún tímidas medidas de su antecesor.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional; contactos: email - blimarocha@gmail.com; skype: bruno.lima.rocha

Rafael Cavalcanti actúa en la comunicación sindical y es estudiante de periodismo, contacto: butigahn@gmail.com

Los dos son militantes libertarios y concentran sus trabajos de análisis en el portal Estratégia & Análise www.estrategiaeanalise.com.br

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Un problema clave después de la acción bélica en Río

Sun, 19 Dec 2010 17:08:23 +0000

Dando continuidad al análisis político de la ofensiva bélica contra territorios reductos del narcotráfico en Río de Janeiro, traemos a continuación una serie de reflexiones y cuestionamientos sobre la legitimidad del Estado en el procedimiento represivo. Los grandes medios, en especial la televisión abierta, afirman convencidos que la población está segura y apoyan la acción policial con empleo militar del tipo guerra de baja intensidad. No vimos ningún censo y ni siquiera las más que dudosas investigaciones de opinión, salvo la investigación “mágica” del Instituto Ibobe (famoso por las investigaciones de intención de voto y audiencia televisiva) que dio 88% de aprobación de los cariocas a la acción represiva.

Así que nos reservamos al beneficio de la duda en cuanto a la aprobación masiva de las medidas tomadas como respuesta al accionar de la red de pandillas conocida como Comando Vermelho (CV, otrora llamada Falange Vermelha), organizada inicialmente por presos políticos y comunes en la prisión Cândido Mendes, en la Ilha Grande, también estado del Río de Janeiro, durante el final de la década de 70, en plena dictadura militar. Lo que sí podemos afirmar sin riesgo es que existen problemas clave, que hasta ahora no han sido respondidos por órganos oficiales, oficiosos, especialistas o investigadores del área. La lista de preguntas es amplia y sobrepasa el espacio de un artículo. Resaltamos inicialmente uno de los problemas clave: el reconocimiento de la legitimidad del Estado como ente organizador de la vida social de estas comunidades.

Es resaltante la percepción de la obligatoriedad de tener que vivir cerca o dentro del conflicto por el control del comercio ilegal. Los habitantes del “asfalto”, los opuestos de quien vive en los morros cariocas, percibían la dominación territorial de las redes de pandilla que manejan el comercio del tráfico, de forma esporádica. Para los vecinos de comunidades (favelas y conjuntos habitacionales favelizados), existe siempre el riesgo de una bala perdida (¡disparos al azar!) y, por lo tanto, oportunidades reales de perder la vida. La percepción del conflicto para los habitantes de las llamadas “áreas de riesgo”, es permanente.

Entramos aquí en el problema de la legitimidad de la intervención de las fuerzas de la orden frente a una población abandonada a su propia suerte por casi treinta años. Los habitantes de las comunidades muestran como, en poco más de una generación se transformó en cultura aquello que era código de supervivencia. La dominación territorial de un espacio de la ciudad aunque no urbanizado lleva al conflicto de identidades y a la difícil situación de tener que obedecer a dos poderes simultáneos y contrapuestos: el legal y el ilegal.

Aún más. La población no sólo debe obedecer, sino también adherirse, haciéndose cómplice o por lo menos “comprensiva” con las exigencias de uno u otro poder. Es sabido que cuando los narcotraficantes tienen dominio en esas áreas locales, la sensación de orden y bienestar es mayor del que dejada por el abandono del Estado o para empeorar, la “invasión” de fuerzas externas como la propia policía militar, una facción rival, o los paramilitares. La relación de los habitantes marginales con el poder público, además de ser deficiente es siempre de desconfianza. ¿Cómo es posible confiar en una institución policial cuya imagen hasta el inicio de la acción bélica, era evaluada como muy violenta y endémicamente corrupta?

Ese es el problema de fondo, y para la ciencia política, se trata del legítimo ejercicio de la autoridad. Si los habitantes de las comunidades no puedan ver una política transparente por parte de las policías, con punición severa, sumaria y ejemplar de los actos condenables cometidos por sus miembros (como los saqueos policiales tipo expolio de guerra); el fin del cobro del soborno semanal que acompaña al tráfico (el “arrego”); y acabar de una vez con el conocido “esculacho” (humillación violenta de los individuos “sospechosos” frente a los vecinos), no habrá acción bélica que devuelva la legitimidad al estado del Río de Janeiro en las áreas conflagradas.

En el caso de Río, si no hubiera atención a los plenos derechos de la población, sin criminalizar las reivindicaciones legítimas, no se adelanta con poner tanques de guerra en las callejones, porque la población no se va a adherir. Y, como sabe todo y cualquier operador político, en ausencia del consentimiento, sólo restará el ejercicio de la tiranía. Esperamos sincera y honestamente, estarnos engañados en cuanto a estos pronósticos.

En la búsqueda por respuestas

Desde la ocupación del Complexo do Alemão, conjunto de favelas controladas por traficantes, vecino a la también tomada favela Vila Cruzeiro, ambas en la zona norte, región de habitantes baja renta del Río de Janeiro, algunas preguntas aún no fueron respondidas, y no se sabe si lo serán. Entre las principales, está responder si se justifica el conflicto y el accionar bélico en Río, con la opción por ocupación policial y empleo militar de guerra de baja intensidad, además del apoyo directo de tropas profesionales de las fuerzas armadas.

La primera cuestión trata justamente de la aprobación o no del accionar bélico y la percepción de normalidad y rutina. Este apoyo pasa, a nuestro entender, por las formas de percibir el malestar de una ciudad que convive cínicamente con poderes paralelos: narcotráfico; juego del bicho (juego de azar ilegal que mueve mucho dinero en la clandestinidad, generando inclusive organizaciones criminales poderosas que antecedieron a los traficantes en las favelas en relación al lavado de dinero y al poder paralelo); milicias paramilitares; todo eso alimentado por la corrupción endémica de las fuerzas policiales.

Una percepción tiende a apoyar el acto de ofensiva militar, pues surge de la permanente inseguridad física y patrimonial, siendo siempre cualquier ciudadano pasible de ser asaltado o hasta víctima de latrocinio, (aún siendo menor de edad), sea poseedor del mínimo de bienes, o que por desgracia esté presente en una ocasión de alto riesgo, como en los robos de automóviles o de falsas batidas policías.

Ya es otra cuestión sucede con el lugar de vivienda y el ejercicio de los derechos. Esta gente, a la que se suma el resto de los cariocas (naturales de la capital) y de los fluminenses (todos los habitantes del estado del Río de Janeiro) de la Región Metropolitana de Río, termina en su mayoría, encarando con mucha desconfianzab a las policías en general y a la policía militar en particular. Es como por encarar fuera implícita la certeza que “del bandidaje de bermuda y zapatilla la gente sabe lo que esperar, lo que viene de los cuerpos corruptos es siempre una horrible sorpresa”.

Frente a este infierno para las vías de la institucionalización de las reglas de la democracia representativa, es cuando la excepción hace la regla de la conducta del Estado (cuyo tipo ideal atendería a todos y todas sin excepción y con equidad), es muy difícil asegurar la lealtad y no la salida, o al menos la tentación de la salida, por parte de las poblaciones marginalizadas, a partir del abandono (¡literal!) que sufren por parte de los poderes de hecho, privados y estatales.

Delante de esto, osamos aportar algunos cuestionamientos, en forma de cuestionario o de guión de interrogatorio o investigación, frente a los temas no solucionados y a partir de la pirotecnia mediática promoviendo la guerra interna brasileña que las “autoridades” siempre deseaban. He ahí las preguntas.

1) De un momento a otro, la policía que era endémicamente corrupta ¿dejó de serlo?

2) Si dejó de ser corrupta, ¿eso implica que paró el arrego (especie de propina), la mesada y la semanada que las patrullas y guarniciones de batallones quitaban al comercio del tráfico de drogas?

3) ¿Existe o no alianza entre las Milicias? ¿Los paramilitares tienen una estructura de coordinación más allá de las entrañas del aparato de seguridad? ¿Existe algo como la Banca del Bicho, o la “federación” (cúpula de líderes) del Comando Vermelho; una instancia de coordinación y mando entre asociados y concurrentes en las actividades ilícitas?

4) Las Milicias ¿cuentan o no con lo respaldo cínico -o al menos sin la fiscalización adecuada- del alto mando de las fuerzas de seguridad? Si no cuentan con algún tipo de apoyo o de tolerancia, ¿por qué no son blanco de persecución, acción bélica o desmonte sistemático como está ocurriendo con la facción hegemónica del narcotráfico?

5) Las sospechas de que existe una alianza entre las Milicias, o al menos una facción de estas mafias, en coordinación con las facciones minoritarias y aliadas del narcotráfico, ¿procede? El Mando Rojo se vio delante de la pérdida de la hegemonía en el comercio de las drogas ilícitas y control territorial delante de tres factores complementarias:

- La ocupación territorial del Estado a través de las llamadas Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs, fuerzas policiales fijadas en regiones tenidas cómo “peligrosas” para combate a la violencia);

- La alianza entre las facciones rivales al CV, a saber, Amigos de los Amigos (ADA, facción que surgió en los presidios cariocas a mediados de la década de 90) y Terceiro Comando (TC, surgió los años 80 como disidencia del CV) junto a la Milicias, o al menos la una facción de estas Milicias;

- La expansión de las Milicias en sí, incluyendo su entrada en el tráfico (o el mantenimiento de este comercio, ahora cobrando un impuesto sobre las pandillas que hacen la venda de la droga).

6) El cambio en la geopolítica del crimen en Río ¿tiene o no relación con el accionar bélico del gobierno del estado, contando con el apoyo de la Unión? O sea, el avance para la toma de Vila Cruzeiro, después del Complexo do Alemão, ¿fue motivado por la onda de atentados contra coches y autobuses o esta motivación fue el “incendio del Reichstag”, sirviendo de pretexto para promover la avanzada militar, aprovechando inclusive la victoria electoral del gobernador Sérgio Cabral (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, legenda de Michel Temer, próximo vicepresidente del Brasil) en el primer turno?

7) Ya del lado del CV, si la facción quería provocar un acuerdo y garantizar un lugar en esa nueva geopolítica del crimen (estamos admitiendo este punto de vista como válido), ¿por qué no inició los ataques sintomáticos e hizo saber de su decisión durante la campaña electoral? Si no lo hizo, ¿será que el CV tenía la esperanza de que la victoria de la oposición estadual (alianza de Partido Verde, PV, y Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, con el ex-militante de izquierda Fernando Gabeira al frente) fuera instalar una nueva política de seguridad, reculando de la decisión de las UPPs?

Entendemos que aquellos preocupados con la legitimación de la violencia oficial y de la limpieza de la sociedad urbana en función de Copa del Mundo y las Olimpíadas, deben colaborar en derrumbar el bloqueo de la censura oficial y también de aquella más peligrosa, la oficiosa. Quién sea que colabore con responder a estas preguntas, más allá de estas fuentes umblicalmente conectadas al(los) gobierno(s) de turno y a los poderes de siempre, debe ir compartiendo hasta crear, de bajo para arriba, una ruptura del consenso forzado, cuyo contrato social es firmado por un cráneo en el pecho de un hombre de negro, símbolo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, el BOPE.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional, contactos: blimarocha@gmail.com / skype: bruno.lima.rocha

Rafael Cavalcanti es estudiante de periodismo y actúa en la comunicación sindical, contacto: butigahn@gmail.com

Los dos son militantes libertarios y concentran sus trabajos de análisis en el sitio Estratégia & Análise - www.estrategiaeanalise.com.br

Los contenidos de los análisis publicados por Barómetro Internacional, son responsabilidad de los autores

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Brasil - La acción bélica del Estado en Río de Janeiro

Mon, 13 Dec 2010 11:47:30 +0000

Bruno Lima Rocha (blimarocha@gmail.com) y Rafael Cavalcanti (butigahn@gmail.com)

Frente a la complejidad que envuelve una operación militar en territorio civil, al punto de enviar lo mejor del ejército contra una población carente de derechos básicos, desarrollamos un análisis político del conflicto bélico en las favelas de Río de Janeiro, dividido en una serie de dos artículos. El primero sitúa la escalada de beligerancia estatal en la futura sede de las Olimpíadas y su región metropolitana, mientras el segundo trata de la legitimidad del Estado en el procedimiento represivo.

Rehacemos en este texto un recorrido de la historia política reciente en la ciudad y el estado del Río, intentando comprender sus raíces estructurales de lo que hoy son llamados “mandos” y erróneamente apellidados “del crimen organizado” (sin entrar siquiera en la caracterización propuesta como texto legal por la mayoría de los especialistas). Enseguida, se ultrapasa el hecho de la toma de Vila Crucero y del Complejo de Alemán (favelas donde el periodista de TELE Globo Tim Lopes fue capturado y asesinado en 2002), ambas en la zona norte de la ciudad, y prevé problemas presentes como la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social y el ascenso de los paramilitares, desgraciadamente apellidados “milicias”.

La escalada en sí

Lo que provocó –o habría provocado, o sería el pretexto de haber provocado– el avance de las policías estaduales y la llamada de auxilio a las fuerzas armadas, fue la orden de ataque venida de la “federación” y con alianzas implícitas entre las demás redes de pandillas. Si las informaciones que circulan en los medios corporativos son correctas, la federación –cúpula del Mando Rojo (con la sigla CV, es una organización del narcotráfico que surgió en la cadena de Isla Grande, Río de Janeiro, como fruto de la aproximación de presos políticos y presos comunes durante la dictadura militar) – tomó la decisión suicida por tercera vez en su historia.

En teoría, el ataque directo al orden público en el asfalto (término para contraponer lo local de la mayor parte de las favelas cariocas) acarrearía un mayor apoyo de las comunidades. Apoyo a la acciones contra la violencia policial, soporte –muchas veces directo– del aparato de seguridad de Estado y el paramilitarismo, forma de ejercicio del crimen organizado oficial que es errónea y cretinamente apellidado “milicia”.

La escalada de eventos es conocida, habiendo sido iniciada el día 23 de noviembre y precedida por robos de automóviles, aumentando la incidencia del crimen violento en la ciudad, actividad esta que siempre ha perjudicado al narcotráfico (comercio minorista de drogas ilícitas). El domingo, día 28, se completó una semana de ataques contra el “orden público del asfalto”, tomando esas medidas como una provocación por parte del Palacio Naranjos (sede del gobierno del estado). Esto implica de parte del narcotráfico, quemar vehículos colectivos (antigua tradición de los conflictos en los alrededores de favelas en el Río) y particulares.

En otros momentos de la historia reciente de Río de Janeiro, ya existió la decisión de ataque por el pánico en la ciudad, y esto ocurrió, por ironía de la historia, justo en el momento de gobierno de pocos meses de Benedita de Silva (afiliada al Partido de los Trabajadores, el mismo de Lula y Dilma Rousseff), en 2002, cuando asumió el estado del Río después del alejamiento del gobernador electo. Aquel año, se entiende que los ataques venidos del CV fueron eficaces, llevando a un acuerdo implícito con los liderazgos de presos y en el mando (indirecto) de las redes de pandillas.

Ahora la situación es distinta a la del 2002. De la misma forma, se diferencia de los ocho años (de 1998 al inicio de 2002 y 2003 a 2006) de la familia Garotinho (la pareja Anthony y Rosinha fueron inicialmente conectados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB. Hoy son afiliados al Partido de la República, PR, el mismo del vicepresidente José Alencar) y también se distingue de la matanza de 2007, cuando casi mil “sospechosos” fueron asesinados por la policía sólo en Río de Janeiro.

La propuesta de ocupación permanente, encarando el gobierno estadual a las comunidades como un territorio a ser retomado, viene luego de una alianza inédita con el gobierno central (ratificando la alianza PT y PMDB) y antecediendo las acciones urbanas para la ciudad que será sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

La política implantada en el eje de las Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs) no sólo acompaña las áreas de mayor valorización inmobiliaria o de futuro uso de territorios para los aparatos de la Copa del Mundo y de las Olimpíadas, también prepara el terreno para la “flexibilización” de leyes ambientales y el aumento de la especulación inmobiliaria en zonas de la ciudad que tienden a valorarse.

Al reducirse el narcotráfico por la presencia policial ostensiva y permanente en morros-llave, fuerza a la delincuencia a “llevar la presión para el asfalto”, amortiguando el peligro mayor de la sociedad fluminense. Así, el estado del Río, al no combatir con la misma intensidad, aumenta la distancia entre la capacidad de fuego y de poder de las milicias y de las redes de pandillas (equivocadamente llamadas “mandos”, y así rebautizadas las falanges).

La otra punta de la historia es la presencia de tropas federales, o sea, militares profesionales de las tres fuerzas y agentes de la Policía Federal. Las tropas están desarrollando el aprendizaje de control social, entrenadose en las ciudades brasileñas, para ganar “excelencia” operacional con la Minustah, la Misión de la ONU que ocupa militarmente Haití, y cuyo comando vergonzosamente tiene Brasil.

Así como tropas de combate de los EUA que lucharon en la 1ª guerra del Golfo (1991) fueron llamadas a ocupar militarmente Los Ángeles en 1992 (en el caso del levantamiento de los guetos negros y latinos); de igual manera que los mercenarios de la Blackwater, veteranos de la Guerra del Irak (la 2ª, iniciada en 2003) fueron contratados para ocupar militarmente Nueva Orleans (después del pasaje del Huracán Katrina en 2005), ahora cabe a las tropas brasileñas ocupar (como apoyo del cerco estratégico del Complejo del Alemán) militarmente un eje de concentración de favelas en la zona norte de Río, además de otros escenarios por venir (como la favela de la Rocinha, la mayor de la zona sur de la ciudad carioca, por ejemplo).

Por fin, la justificación para ganar corazones y mentes y el papel de fiscal del consentimiento de los medios brasileños, afirman algo inexistente. Es “cuento”, “verso”, alegar que la invasión de las policías se da también para garantía de los derechos de la población favelada. Quién provoca la reacción de las fuerzas del orden es la decisión supuestamente tomada por la cúpula de las redes de pandillas –específicamente del CV– de causar pánico sistemático y con amplitud en la ciudad de Río.

El gobierno del estado, de común acuerdo con el gobierno central, no se menea para defender los derechos de casi medio millón de personas (bajo doble gobierno, del Estado ausente y del narcotráfico) y sí para asegurar a los inversores internacionales, los futuros socios de las Parcerias Público Privadas (asociaciones público privadas), la capacidad de imposición (por momentánea que sea) del orden estatal en la Región Metropolitana de Río de Janeiro.

Trayectoria política reciente

Durante el periodo de Garotinho y Rosinha, el estado del Río vio crecer y evolucionar el modelo de “milicias”, cuando la antigua “policía minera” se hace estructura permanente comandada por los niveles más bajos de las jerarquías del aparato represivo estadual (policías militares, policías civiles, bomberos y agentes penitenciarios). La toma del aparato represivo fue por dentro también, con la presencia física de concejales y diputados estaduales, incluyendo supuestas presencias de coroneles, delegados, directores de departamentos e incluso del Jefe de Policía y niveles de comandancia de la Policía Militar.

Después de la victoria de Sérgio Cabral Hijo (afiliado al PMDB y ex-miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) en 2006 (siendo reelegido aún este año) y en la esfera de la organización para los Juegos Panamericanos de 2007, aumentó considerablemente el volumen de asesinatos y ejecuciones ocurridas en batidas e invasiones policiales.

Se volvió así a un patrón cíclico, que se inicia en el gobierno de Moreira Franco (también del PMDB, aunque fuera derrotado por Brizola en 1982, en el episodio del escándalo del fraude de la apuración del Pro-consult, que junto con la Red Globo, favoreció equivocadamente a Franco), aún en 1987 (su primer año de gobierno) y es contemporáneo de la toma de la Rocinha por el embrión del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), en la época aún llamado de Mando de Operaciones Especiales (COE).

Este periodo es simultáneo de la Operación Mosaico I (1987, mismo año de la guerra mediatizada por el control del Muero Dueña Marta en el barrio de Botafogo, entre Zaca X Cabeludo, culminando con la victoria del primero, un ex-policía militar) y, cinco meses después, seguida de la Mosaico II, en 1988, y de misma naturaleza represiva.

Estas fueron operaciones de la Policía Federal bajo mando del represor político Romeu Tuma (delegado de carrera del Departamento de Orden Político y Social, símbolo de la dictadura militar, y electo “alguacil” del Brasil por la proyección mediática que obtuvo en el gobierno de José Sarney, cuando le fue dado el cargo de director-general de la Policía Federal) que invadieron físicamente áreas de favela.

Los gobiernos de Moreira Franco (1987-1990), Marcelo Alencar (1995-1998, PSDB, que es cuando se establece la llamada gratificación faroeste) y Sérgio Cabral Hijo siguen un patrón de elevar la violencia sistemática y el aumento de la autonomía funcional del brazo represivo del estado de Río. Pero el descontrol institucional se consagra en el segundo gobierno de Leonel Brizola (Partido Democrático Laboral, PDT, 1991-1994), acentuándose en los últimos dos años, en especial en los últimos seis meses, cuando el político gaúcho se licencia para concursar a la vicepresidencia, haciendo una dupla con Lula.

Los años de 1993 y 1994, enseguida de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Eco-92) y de la caída del entonces presidente, Fernando Collor de Mello, ambos en 1992, fueron decisivos para hacer público al mundo la institucionalización de poderes paralelos en la ciudad y los índices absurdos de violencia y falta de respeto a los derechos de la ciudadanía por parte de las fuerzas de “orden”.

Se trata de la tercera ocasión donde se da la presencia ostensiva de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro. Antes fue en las Operaciones Río I (en la Eco-92) y Río II (de diciembre de 1994 a marzo de 1995). La segunda operación vino con la escalada de la Chacina de la Candelária (ocho niños de la calle muertos frente a la Iglesia de la Candelária en julio de 1993) y la de Vigário General (29 policías militares invadieron bares y casas de la favela Vigário General, zona norte del Río, y mataron 21 habitantes en agosto de 1993). Ambos crímenes fueron cometidos por fuerzas del “orden” fuera del horario de servicio. En la ocasión de los Juegos Panamericanos de 2007 la ciudad y su Región Metropolitana también fueron debidamente “pacificadas”.

Después de la toma del Complejo de Alemán. ¿Y ahora?

Después del éxito del cerco estratégico y toma de puntos vitales del Complejo de Alemán, aparentemente la situación del conflicto entre la red de pandillas conocida por Mando Rojo (CV, incluyendo rachas como CV Joven, CVJ, y CV Rogério Lengruber, CVRL) –en supuesta alianza puntual con las facciones rivales Amigos de los Amigos (ADA) y tercer Mando (TC)– y las fuerzas de seguridad del estado de Río con el apoyo de las fuerzas federales (Policía Federal y Fuerzas Armadas) estaría alcanzando una escala de nueva normalidad. Esta nueva escala sería cuando el estado del Río hace uso de una planificación minuciosa y emplea una amplia superioridad bélica, adentrando los espacios físicos otrora co-dominados por el narcotráfico.

Frente a eso, el avance de las llamadas fuerzas de orden partiría rumbo a los grandes complejos aún no totalmente ocupados, como el Jacarezinho (zona norte, 60 mil habitantes) y la Rocinha. Esta última representa un gran triunfo del narcotráfico en la ciudad, justo por situarse entre los barrios de Son Conrado y Gávea, operando como abastecedora de drogas ilegales para consumo individual en la zona sur de Río de Janeiro (¡el área inmobiliaria más cara de Brasil!).

También en el nivel de apariencia mediática, la población que osa manifestarse y es habitante de estas comunidades estaría apoyando explícitamente la acción de las policías, hecho ese que, si fuera confirmado (y es casi imposible su confirmación porque un cuestionario no se realiza bajo condiciones tan adversas de seguridad de los posibles entrevistados), “autoriza” el ejercicio de la legitimidad del Estado para el acto de mando y gobierno.

En nuestra opinión, a pesar del anhelo por la rutina y normalidad, el consentimiento forzado viene siendo operado a través de los medios corporativos en el sentido de evocar el sujeto colectivo, el nosotros, siendo que este mismo sujeto colectivo jamás es indagado acerca de sus opiniones y necesidades. O sea, aunque la TV hable y hable, nadie afirmó mediante referéndum o plebiscito desear ver las fuerzas federales participando de cercos en Río de Janeiro.

Por un lado, también la situación es difícil. Es más que complicada la posición de las izquierdas sociales frente a este cuadro. Es imposible hacer cualquier tipo de defensa de las redes de pandillas del comercio minorista del narcotráfico, a no ser el reconocer que estas facciones surgen con legitimidad en la auto-organización de los detenidos de la Isla Grande –desde el principio– y después se establece en la masa de presidios del entonces recién creado Estado del Río (unificando bajo el mismo gobierno, fluminenses y cariocas en 1975).

Por otro, no tiene cabida hacer el elogio de las fuerzas de seguridad si estas, hasta poquísimo tiempo atrás e incluyendo buena parte de sus efectivos, convivía de forma cínica y mancomunada con la guerra por el control de la circulación de tranvías (trenes de hombres armados), alquiler de armamentos, ablandamiento de prisiones en flagrante, mesada o semanada (conocido como arrego, cuando la policía militar de la zona recibe una cantidad constante de dinero por semana), además de, en el ejercicio de la autoridad policial, ejercer muchas veces como tropa invasora practicante de exterminio.

Nada de lo que dijimos arriba es chisme o generalización inconsistente, siendo cada una de estas gravísimas acusaciones más que mediatizadas y probadas a través de Comisión Parlamentaria de Interrogatorio (CPI) llevada a cabo en la Asamblea Legislativa del Estado del Río de Janeiro (Alerj, diputación estadual).

Siguiendo en la crudeza de este raciocinio, resulta imposible imaginar que hubo cambio de comportamiento de la tropa puesta a punto, tanto como para no entrar en asociación con los delincuentes(cómo sería el caso de buena parte de las instituciones coercitivas), como para no actuar de forma fascista, del modo que cuenta la película campeona de taquilla y ganadora del Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín, “Tropa de Élite”, que está siendo exhibida en este momento en todas las principales salas de cine del Brasil, con un público que ya pasa los 10 millones de espectadores.

Vemos así dos problemas graves para el ejercicio de la militancia social y la lucha legítima por la reivindicación y conquista de, por lo menos, los derechos básicos de una población que se ve en el abandono a su propia suerte y volviendo a crear una cultura atravesada por el elogio de la delincuencia bajo la forma de capitalismo salvaje. Cultura esa que ya traspasa un cuarto de siglo, y por tanto, estaría más del que enraizada, llevando (y desarrollando) un nuevo sentido de orden y justicia paralela, por más bárbara que esta sea.

El primer problema, no grave, pero gravísimo, es el peso de la delincuencia administradora del capitalismo salvaje en la Metrópoli Carioca-Fluminense en su forma paramilitar. Traduciendo, estamos afirmando que con la ausencia de las redes de pandillas o su perdida de poder, aumenta la fuerza y el peso de las milicias. Ese término vino para desgracia de la tradición de los obreros cariocas y de la militancia otrora abastecedora de mártires y militantes ejemplares para las causas del pueblo brasileño.

Tales organizaciones paramilitares, surgidas de una evolución de la conocida policía minera (policías de particular que ganan un cierto dinero para “limpiar” algunas áreas de delincuentes), ya una vez llamada de “autodefensas comunitarias” por el ex-alcalde y ex-exiliado (cuando aún era de izquierda) Cesar Maia (actualmente del Partido Demócrata, DEM, neoliberal y derechista), haciendo un triste paralelo con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, coligación de paramilitares y de donde proviene políticamente el ex-presidente Álvaro Uribe). Pues bien, si no hubiera combate sistemático y científico al poder paralelo que brota de las entrañas de las fuerzas represivas del estado dl Río, simplemente estará incluyéndose a más de dos millones de personas en una nueva (ni tan nueva) tiranía.

La tiranía de las redes de pandillas, a veces y con alguna suerte, al menos tenía cierto tipo de raíces en las comunidades locales (sin por eso dejar de ser cruel y bárbara). Pero la tiranía de las milicias es la evolución de la práctica de “resguardar la seguridad de los comerciantes”, y se suma a las tenebrosas tradiciones de los Escuadrones de la Muerte (como el más conocido, la Scuderie Le Cocq) y se atraviesa con la fusión del abuso de poder policial y la conjunción de intereses con los banqueros de las loterías clandestinas.

Así como el primer problema, el segundo ya existe y puede venir a acentuarse. Se trata de la criminalización pura y simple de la protesta social. No “sólo” con la represión de tipo antidisturbios, sino con el rigor de una ocupación militar y el juicio sumario y mediático que asocia para la opinión pública el hecho, mentiroso de que toda protesta en comunidades de favelas es promovida por los intereses del narcotráfico. Tal mentira es reproducida hace casi tres décadas y viene aumentando su penetración social.

Infelizmente la efervescencia existente en la transición de la Apertura política de la dictadura, fue acompañada en Río de Janeiro por la institucionalización de la antigua Federación de Favelas del Río de Janeiro (Faferj) y de la territorialización de la red de pandillas otrora bautizada en una mini serial televisiva de la Red Globo, como Falange Roja (Bandidos de la Falange, tele drama este con 20 capítulos, exhibida en enero y febrero de 1983) Detalle, la obra del autor Aguinaldo Silva es excelente, en el entender de estos que escriben. Ambos movimientos se dieron en el primer gobierno Leonel Brizola (1983-1986), lo que vino al encuentro de un intento de generar mayor respeto entre el aparato policial y las comunidades de favelas.

A pesar de ser una política correcta, tal hecho acarrea una institucionalización de la nueva forma de organización de las redes de pandillas y la transferencia de las disputas intramuros de presidios haciaq dentro de las comunidades. En dos años, cambia completamente el escenario del crimen ejercido por la pobreza en la ciudad. A finales de la década de 80, ya no restaba mucho del aura de los fundadores de la Falange de la Seguridad Nacional en la Isla Grande y ahí la historia es más que sabida.

Faltaría analizar las discrepancias absurdas del empleo de efectivos y la razón del Estado para combatir la pobreza con el ejercicio del crimen y, el inverso de eso, la ausencia de decisión y las sentencias más que favorables para combatir el crimen organizado, comenzando por la vergüenza del no seguimiento de las investigaciones advenidas de los resultados de la Operación Satiagraha que denunció y prendió nombres importantes del sector empresarial brasileño, por ejemplo del dueño del banco Opportunity, Daniel Dantas, por desvío de presupuestos públicos y crímenes financieros. En el próximo análisis, haremos estas comparaciones.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional – email: blimarocha@gmail.com / skype: bruno.lima.rocha

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Elecciones en Brasil - disputas en la coalición vencedora

Tue, 09 Nov 2010 15:54:50 +0000

Finalmente, la disputa entre dos economistas para gobernar al país líder de América Latina, terminó. El domingo, 31 de octubre, la minera (de Minas Gerais) Dilma Rousseff obtuvo 56,05% de los votos válidos -55,7 millones de votantes- superando el paulista (de San Pablo) José Serra, con 43,95% -43,7 millones de votantes-. Frente a la victoria de la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT, el mismo del presidente Lula) sobre la pareja formada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso) y Partido Demócratas (DEM, más alineado a la derecha), la nación se encontró con dos hechos históricos, ambos vaciados de sentido pleno, a pesar de toda la histeria sensacionalista de la oposición.

Quién comandará el Poder Ejecutivo a partir de enero es una mujer ex-guerrillera del final de los años 60, una de las épocas más violentas de la dictadura militar en el Brasil (1964-1985). Al contrario del significado latente de estos dos símbolos, la presidenta no encarna ni una crítica del patriarcado o de la sociedad machista y menos aún alguna forma de ideal socializante o de antagonismo de las mayorías contra la clase dominante y las élites dirigentes.

El país votó en la “paz social” con distribución paulatina y comedida de renta, y sólo por esto. Las pautas de las izquierdas, como la descriminalización del aborto y la apertura de los archivos de la dictadura, presentes en el 3º Plan Nacional de Derechos Humanos original, hasta ahora están pendientes, no fueron invitadas al baile de la victoria.

Los adversarios en la recta final de la campaña, tampoco entraron en las dos reformas consensuales entre los analistas y críticos del sistema. La primera, la política, es impensable sin una legislatura exclusiva, una vez que no se espera de un agente político recién asumido, el acto de cortar su propia carne retirando atribuciones, prerrogativas y beneficios de sí, a ejemplo del foro privilegiado y de los diversos auxilios que prolongan y encarecen su mantenimiento en el ejercicio parlamentario. Además de eso, la ampliación de la Ley Ficha Limpia, responsable de impedir la elección de sujetos condenados por la justicia, y la financiación pública de las campañas serían medidas que perjudicarían la actual hegemonía política.

La segunda, la tributaria, implica no sólo disminuir la carga de impuestos que incide en cascada sobre el salario y el consumo, sino también avanzar en el federalismo fiscal, de modo de redistribuir recursos de forma equivalente entre los tres niveles de gobierno. Una vez dotados de presupuestos, los estados y municipios podrían ser blancos de la presión popular en forma directa. El consenso en cuanto a ese tema es ni pensar en él. Como nada de eso irá a ocurrir en los próximos cuatro años, la meta de la gobernabilidad no tendrá obstáculos venidos de una improbable polarización del orden social y tampoco de una reorganización institucional por dentro de las reglas del juego.

Como ya dijimos arriba y en artículos anteriores, difícilmente el triunvirato del Campo Mayoritario del PT, compuesto por el presidente del partido José Eduardo Dutra, el diputado federal José Eduardo Cardozo y el hombre de conexión con los líderes económicos del Brasil y ex-ministro de la Hacienda, Antonio Palocci, tendrán problemas con la domesticada ala izquierda de su partido. Cada vez más diluidas y con discurso lavado, corrientes como la Democracia Socialista y la Articulación de Izquierda no tienen peso para cambiar los rumbos de gobierno.

El ala considerada radical del PT (quizá sólo por él) no tuvo fuerzas siquiera para influir en decisiones estratégicas de la Presidencia. Son evidentes los casos de la construcción de la Fábrica Hidroeléctrica de Belo Monte en el Río Xingú, que traerá desastres ambientales y perjuicios a la población local, inclusive de pueblos originarios; y de la intención manifiesta de transponer las aguas del Río Son Francisco, aunque esto signifique el desastre para miles de brasileños residentes en las márgenes del principal río de la región Noreste, carente en sí de una revitalización de su potencial hídrico, bajo un costo inmensamente más pequeño para el Estado.

La disputa a ser sanada es en la división de poder con los aliados más a la derecha. Los problemas domésticos del Ejecutivo derivarán de la amplia coalición, compuesta por diez partidos, con especial atención al aliado necesario, pero poco o nada deseable en el mando directo. Según la estrategia política de la dirección nacional petista, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vice Michel Temer y de los caciques oligarcas estaduales como el ex-presidente José Sarney, sería el fiel de la balanza al ocupar un espacio considerable en la centro-derecha, creando condiciones para pelear por la victoria en la carrera presidencial en todos los colegios electorales. Una vez acertada la previsión, es hora de que los peemedebistas cobren la factura.

He ahí el costo de la nueva gobernabilidad.

Bruno Lima Rocha es politólogo (PhD), docente universitário y periodista profesional; contactos en: email blimarocha@gmail.com / skype bruno.lima.rocha / sitio web: Estratégia & Análise (www.estrategiaeanalise.com.br)

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